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Normativa contra la corrupción
Aunque Uruguay no está manchado por la pavorosa corrupción generada por el kirchnerismo argentino, el chavismo venezolano y el sistema político brasileño, tampoco está exento de sus salpicaduras. Para limpiarlas y combatir tentaciones, todos los partidos están inusualmente de acuerdo en que la totalidad de los jerarcas de los tres poderes del Estado y los intendentes hagan públicas sus declaraciones juradas de patrimonio, hasta ahora mantenidas bajo llave por la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública (Jutep). El MPP propugna incluso extender esa obligación a los privados que hacen negocios con el Estado a través de adjudicación de obras u otros instrumentos. El complejo tema incluye los aportes ilegales de personas y empresas a los partidos políticos, que frecuentemente esconden la esperanza de alguna forma de retribución posterior, como cargos o contratos. Una ley de 2008 fijó normas que regulaban esas contribuciones pero no dio resultado. Las dos elecciones siguientes evidenciaron que los partidos se las arreglaban para eludirlas.
Siempre habrá estratagemas para esconder fondos mal habidos, incluyendo el uso de testaferros o alguna oculta cuenta bancaria. Pero en general los casos comprobados o sospechosos de corrupción son escasos y de monto relativamente modesto cuando se los compara con los miles de millones de dólares fiscales que desaparecen en los bolsillos de gobernantes pasados y presentes en el resto del Mercosur. Entre nuestros dirigentes políticos escasean tanto las grandes fortunas como las instancias visibles de enriquecimiento abultado durante su pasaje por un gobierno. El propio volumen minúsculo de nuestra economía incluso restringe el trasiego de grandes sumas de las que sacar tajadas indebidas. Pero tanto en el sector público como en el privado se han registrado casos oscuros, derivados de incursiones kirchneristas y brasileñas en nuestro país y de algunos negocios domésticos.
Las revelaciones escandalosas en Argentina y Brasil han generado una saludable tendencia a la rectitud en el manejo de los fondos públicos, con intervención más resuelta de la Justicia para disuadir, hurgar y castigar. Pero es igualmente oportuno que Uruguay ponga sus barbas en remojo para evitar que el atractivo de la coima, el sobreprecio de obras u otras formas de corrupción provoquen traspiés ilícitos de públicos o privados. Las diversas posiciones del oficialismo y la oposición deben converger en una normativa eficaz que asegure una transparencia a prueba de debilidades humanas y fije una estructura de control estricto que detecte y sancione cualquier desviación. Para evitar seguir ampliando la burocracia estatal, esta función puede ser cumplida por la Jutep, siempre que se le asignen las potestades necesarias y los medios para ejercerlas como preámbulo a la intervención de la Justicia.
Uruguay ostenta el galardón de ser el país latinoamericano mejor ubicado el año pasado por Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción. Con 74 puntos sobre 100 posibles estamos lejos de los países escandinavos o de Nueva Zelanda, que encabezan la lista de 168 naciones computadas. Pero es igualmente una posición envidiable que hay que defender a toda costa para confirmar que, excepto por algún estornudo, estamos vacunados contra el contagio de nuestros vecinos y socios mercosureños.
