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Barrio a barrio: mirá cómo se mueve el delito en Montevideo
Imagine que en Pocitos, el barrio más populoso de Montevideo, mataran a una persona cada nueve días. Si se tiene en cuenta el volumen de habitantes, esa es la magnitud de homicidios que ocurrió en Peñarol durante 2022 (casi 61 muertos cada 100.000 habitantes). Un año antes, Casabó era el barrio que concentraba más asesinatos. Y antes Casavalle.
El dicho popular español dice: “El que no tiene no teme al ladrón”. Porque durante años la delincuencia estuvo asociada a la búsqueda de dinero, a la lógica de mercado, y a la ley de oferta-demanda. Pero la evidencia más reciente —y lo que pasa en Montevideo es ejemplo de ello— demuestra que aquel paradigma no siempre aplica.
Las autoridades políticas —las de ahora y las de antes— suelen decir que el aumento de los homicidios en una zona u otra es el resultado de la eficacia de la policía. Antes —léase en el gobierno anterior— el relato dominante era que la saturación policial, con programas como el PADO, iba desplazando a los delincuentes que encontraban suerte en otra zonas. Y ahora —en la actual administración— el discurso se centra en la desarticulación de bandas criminales.
El criminólogo Spencer Chainey, director de la unidad de América Latina del Departamento de Criminología de la University College de Londres, explicó a El Observador que “el patrón de asesinatos en Montevideo no cambia tanto, sino que se asocia a áreas donde las personas tienen conflictos entre sí o entre grupos criminales rivales”.
Chainey, quien estudió el impacto del PADO, admite que aquel plan policial “fue realmente eficaz, al menos entre 2016 y 2017, para reducir las oportunidades de los delincuentes de rapiñar porque la presencia de patrullas policiales en lugares y horarios determinados les dificultó las chances de cometer delitos”. Pero, de fondo, “no transformó a estos delincuentes en personas amables y respetuosas de la ley”. Mucho menos, dice, cambió la lógica de los homicidios que “en Montevideo como en otras zonas portuarias de la Cuenca del Plata están vinculados al crimen organizado y la puja por el mercado”.
Lo ocurrido en el barrio Peñarol el año pasado es un ejemplo. Fuentes de Fiscalía confirmaron a El Observador que la seguidilla de 17 asesinatos en menos de nueve meses —y otros cuatro en el vecino barrio Lavalleja que a efectos estadísticos están unificados— responden a la muerte del cabecilla de la banda hegemónica, la represalia contra la banda rival, y, sobre todo, el ascenso de una tercera banda en discordia que impuso una violencia extrema similar a la de cárteles mexicanos: descuartizados, desmembrados, desaparecidos…
El sociólogo Gustavo Leal, quien era el director de Convivencia en la última administración del Frente Amplio, opinó en La Diaria que “el equilibrio en la ecuación de fuerzas (del barrio Peñarol) se alteró a partir de la muerte” de Walter Segales. Y en una especie de radiografía —no exenta de lecturas políticas— da cuenta como bandas criminales de la zona, que controlan entre cuatro y cinco bocas de venta de droga, dan como resultado una tasa de homicidios más alta que Nueva Orleans, Cali o Salvador de Bahía. Por lo cual concluye: “Atribuirse el éxito de una banda criminal que desplaza a otra como mérito propio de la política de seguridad es irrisorio”.
Javier Donnangelo, director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, trabajó en parte de la gestión del Frente Amplio y continúa en la actual administración. Desde su mirada técnica, dice que “el fenómeno de las bandas criminales es nuevo y, como tal, nadie lo entiende en su cabalidad”. Según el sociólogo, “los académicos todavía no tienen todos los elementos explicativos, y mucho menos los políticos que a veces expresan opiniones, genuinamente creídas, que son el resultado de un conocimiento deficiente”. No solo eso: “en Uruguay la inseguridad se politizó a tal punto que ningún actor político está exento de la presión social por dar respuestas inmediatas, al tiempo que la opinión pública los juzga y evalúa de manera equivocada por resultados inmediatos”.
En este sentido, dice Donnangelo, por fuera de los relatos políticos de cualquier color, “detrás del aumento de los homicidios está el enfrentamiento entre bandas que se pujan un territorio económico y prueba de ello la mitad de los homicidios son de esa clase”. Esa territorialidad no está marcada tanto por quién impone su impronta en una zona, como ese instinto del animal que orina un árbol para decir ‘acá estoy yo’, sino que está atada al mercado. En el caso de Peñarol, por ejemplo, en ese barrio estaba la base económica de un control que se extende hacia el centro-norte de la ciudad.
Este control de los mercados barriales son, por lo que se conoce hasta ahora, “a escala uruguaya: una banda puede estar integrada por 15 o 20 personas, en su mayoría varones jóvenes que no conocen mucho más allá de los límites del barrio, y que mantienen lazos de vecindad”, explica Donnangelo. Dicho de otra manera: es infrecuente que una banda de la punta oeste de la ciudad se extienda a la punta este, o viceversa. “A los sumo hay desplazamientos cortos a zonas aledañas que, una vez que se dan, inician nuevos conflictos".
El asesinato de un rival es una muestra de poder. Por eso estas bandas made in Uruguay matan con sus propias manos, pero, muchas veces, “pagan a sicarios para que hagan el trabajo y llegan a pagar unos US$ 1.500 en una escala de paga que es muy amplia”, dice el director del Observatorio.
Por eso la baja de homicidios acotada en el tiempo y en un espacio barrial —como puede que ahora ocurra en Peñarol— no necesariamente es el reflejo de una mayor seguridad: a veces es el resultado de la “paz” impuesta por una banda que se convierte en hegemónica y controla el mercado.
¿El delito va por barrios?
“Pese a algunos movimientos menores, en Montevideo el delito está concentrado desde hace años según su tipo. El lavado de activos, muchas veces invisibilizado, es un delito que se concentra en los barrios más costeros. Pero el delito con violencia contra la personas suele situarse más hacia la periferia, en zonas como Malvín Norte, Casavalle, el norte del Cerro”, explica la criminóloga Clara Musto, quien lideró un estudio publicado el año pasado sobre cómo se mueve el delito de rapiña en la capital.
En aquel estudio, Musto contaba que desde principios de los años 2000, acorde el consumo de drogas —en especial la pasta base— fue creando circuitos de microtráfico, las rapiñas fueron corriéndose del área más céntrica a las zonas más periféricas de la ciudad.
En ese sentido, agrega la criminóloga, “se observa que en aquellos barrios que tienen mayores tasas de desempleo, que concentran más necesidades básicas insatisfechas y en las que hay una proporción mayor de jóvenes es donde más crece la tasa de rapiñas”.
Donnangelo coincide: “Los delitos contra la propiedad tienen un componente de oportunidad y son más dinámicos que aquellos que atentan contra las personas”. Sucede que un ladrón roba en aquel lugar en que le es más sencillo y donde puede sacar el mayor provecho. Por ejemplo: “Cuando los teléfonos celulares eran una novedad y su circulación se concentraba, sobre todo, en los barrios de la costa sur de Montevideo, era frecuente que allí ese fuera un delito muy extendido que perduró hasta 2008 o 2009”. Luego, una vez que el acceso a celulares se extendió y que “ya no era tan sencillo revender el teléfono en un barrio distinto al que fue robado, el delito se desplazó”.
Una nueva actividad económica en un barrio, como la instalación de un shopping que atrae un nuevo mercado, también puede causar ciertos movimientos del delito contra la propiedad. Y en esa ecuación de riesgo-beneficio, las condiciones ambientales también van desplazando las rapiñas y a veces los hurtos.
El economista Emiliano Tealde lo comprobó con la luz. “Mientras dura el horario de verano, en el momento en que se aplicaba, el aumento de la luz natural sobre el final de la tarde hace caer las rapiñas en los barrios con peor iluminación. Cuanto peor es la iluminación del barrio, mayor es la caída en las rapiñas por la hora adicional de luz que el horario de verano suma al final de la tarde. Para los barrios con buena iluminación, no existe una reducción de las rapiñas”, había concluido en su investigación académica.
En esa línea, las políticas públicas pueden tener incidencia bastante evidente en el corrimiento de los delitos. La criminóloga Musto da como ejemplo la colocación de cámaras de vigilancia en la Ciudad Vieja y “la reestructuración de una seccional corrompida”.
Cuando se agranda el ángulo visual sobre Montevideo, y se quita el foco de una política puntual, los pocos estudios públicos sobre el movimiento del delito en Montevideo —que se cuentan con los dedos de una mano— evidencian una fractura social de la capital. Los sociólogos hablan de la existencia de una “L próspera”, en referencia a la letra que dibuja sobre el mapa el territorio que va desde el prado, pasando por la rambla sur hacia Carrasco, y que poco a poco se extiende hacia la costa de Canelones. “Allí se autorrecluyen las clases medias-altas y altas, y aunque parezca algo académico y abstracto, en la práctica implica una zona de mayores posibilidades de conseguir trabajo, de aprender del otro, de mejores y más servicios públicos, de clases pudientes que son capaces de hacer lobby para que se mejore el liceo, el alumbrado público, que patrulle la policía y en el que hay menos jóvenes que ven muchas más chances de progresar”, explica Musto.
Esa fractura, junto al aumento del consumo y adicción a las drogas, fue decantando en un territorio donde el microtráfico marca parte de la tónica delictiva. Y es entonces que entra, otra vez, la puja política. “Cuando llegamos al gobierno, en 2020, notamos que el gobierno anterior había dejado de hacer el combate al microtráfico y que esa fue la peor decisión de seguridad de los últimos años”, dice Santiago González, actual director de Convivencia del Ministerio del Interior.
Sucede que la política anterior puso su énfasis en la captura de “los grandes peces” de la droga. Eso llevó a que, análisis mediante, se incautaran cargamentos de miles de kilos de sustancias que, en muchos casos, no eran para el mercado local. Pero “dejó tierra fértil para que algunos rapiñeros vieran que era fácil y conveniente abrir una boca de pasta base, y empezaron a trabajar de la droga”, dice González.
Una boca de pasta base nueva implica consumidores deseosos de satisfacer su adicción, algunos en situación de calle que deambulan cerca de las bocas, luego los hurtos circundantes asociados a la necesidad de seguir consumiendo, más tarde las rapiñas, las amenazas por compras impagas, pujas de poder… y asesinatos.
Por eso, desde el discurso político, las actuales autoridades ministeriales insisten en que “el cierre de más de 1.000 bocas de pasta base en un año” es un éxito de su gestión.
Entremedio, entre tensiones sobre si la razón la tienen los de antes, los de ahora o los que vendrán, la evidencia muestra que el delito visible en Montevideo esconde causas más complejas que una simple apariencia. Y que la suba superior al 25% de los homicidios el último año —incluyendo lo ocurrido en Peñarol— no es un caso aislado y casual. Por algo los asesinatos son menos frecuentes durante las mañanas, se concentran más en la vía pública, y cada vez se aclaran menos.
