Senado resolvió mantener carácter de urgente de la LUC

Para que el pedido prosperara se necesitaban los votos de tres quintos de la cámara. Solo los senadores del Frente Amplio votaron la moción.

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Sobre el final de la sesión se votó la creación de la comisión especial de 15 senadores que trabajará en los artículos del proyecto de ley. Estará compuesta por siete senadores del Frente Amplio, cinco del Partido Nacional, dos colorados y uno de Cabildo Abierto. Fue citada a la hora 11 de este miércoles, cuando se definirá el régimen de trabajo.

Al presentar la moción, el senador del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera, coordinador de la bancada frenteamplista, pidió a los legisladores oficialistas que recapacitaran y accedieran a darle un "tratamiento normal" al proyecto de ley, en vez de en los plazos previstos por la Constitución para este mecanismo excepcional. 

Carrera planteó que al proyecto de ley le faltaban las firmas de los ministros Ernesto Talvi (Relaciones Exteriores) e Irene Moreira (Vivienda), por lo que contravenía lo dispuesto en el artículo 160 de la Constitución, que indica que el Consejo de Ministros tiene "competencia privativa" en la declaratoria de urgencia. En este sentido, el senador aseguró que el texto no cumplía “con las formalidades establecidas por la Constitución" y citó al constitucionalista Horacio Casinelli Muñoz para argumentar por qué. 

El senador blanco Gustavo Penadés recurrió a Twitter para contraargumentar. "Para despejar dudas la LUC ingresó al Parlamento con la firma de la mayoría de Ministros tal cual lo establecen  los arts 160 y 162 de la Constitución. O sea ahí no hay inconstitucionalidad alguna", escribió el coordinador de la bancada nacionalista, quien pidió "discutir con seriedad". 

Carrera, en tanto, agregó que en los 501 artículos no se ve "ni una referencia a la emergencia sanitaria" que Uruguay atraviesa, no solo en lo que refiere a la salud sino también a la economía y otras urgencias de la población. 

Carrera cuestionó el carácter "antidemocrático del camino seguido" por el presidente Luis Lacalle Pou y dijo que el mandatario "debió moderarse al usar la herramienta excepcional". 

Citando un informe elaborado por el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, Carrera expresó que desde el retorno de la democracia (1985) "nadie utilizó de forma abusiva la herramienta".

Indicó que si el proyecto de ley de urgente consideración se aprueba, se modificarán 60 leyes que llevaron en promedio 257 días de discusión, a lo que se le suman las condiciones adversas de la emergencia sanitaria, que acotan la participación de la sociedad civil.

"La inconstitucionalidad para nosotros salta a la vista" remarcó Carrera, y opinó que el jefe de Estado quiere "llevar adelante su programa de gobierno a partir de una herramienta que fue pensada para otros propósitos". Según la oposición, se está dando un "avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo". 

La senadora nacionalista Carmen Asiaín retrucó que “es muy diferente” discutir la inconstitucionalidad de la ley que si es conveniente o no tratar esa cantidad de artículos en plazos acotados.

La legisladora expresó que el proyecto de ley no es “un cheque en blanco”, como planteó el senador Mario Bergara (Fuerza Renovadora), porque el contenido se conoce desde que a fines de enero Lacalle Pou divulgó el primer borrador.

Además, aseguró que la herramienta ha sido usada en anteriores oportunidades desde el retorno de la democracia, como cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social a partir de una ley de urgente consideración.

La senadora Carolina Cosse parafraseó al filósofo contemporáneo Yuval Harari, que planteó que las elecciones que tomemos durante la emergencia sanitaria van a moldear el mundo después de la pandemia. En particular se refirió a las modificaciones que podría sufrir Antel, empresa pública que presidió, si el proyecto de ley es aprobado tal como fue remitido por el Ejecutivo.

La presidenta de la cámara, Beatriz Argimón, intervino para reiterar que lo que estaba sujeto a discusión era la moción presentada por la bancada del Frente Amplio, no el contenido del proyecto de ley.

El nacionalista Jorge Gandini expresó que no es una ley “urgente” sino de “urgente consideración”, por lo que no tiene que referirse exclusivamente a la emergencia sanitaria actual.

“¿Y por qué es de urgente consideración? ¡Por razones políticas!”, remarcó y se refirió al “deterioro” que dejaron las tres administraciones frenteamplistas que precedieron al gobierno de Lacalle Pou. 

Por otra parte, Gandini se refirió a las normas “urgentes” que se aprobaron desde que se decretó la emergencia sanitaria, al día siguiente de que el Poder Ejecutivo remitiera los proyectos. Entre ellas destacó la ley que regula la telemedicina, que antes era parte del proyecto de ley de 501 artículos. 

Sobre el planteo del Consejo de Ministros formulado por Carrera, Gandini dijo que era un intento de “demonizar” a la coalición de gobierno. Le restó importancia al hecho de que Moreira y Talvi no firmaran el proyecto de ley.

El senador suplente José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay, volvió a asegurar que el Frente Amplio será una oposición responsable. Expresó que no es que no haya voluntad de aprobar el contenido de la ley urgente consideración, sino que ”la forma hace al contenido”, por lo que la coalición de izquierda se opone a modificar el ordenamiento jurídico por esta vía. A modo de ejemplo, planteó la reformas propuestas a la inteligencia del Estado y aquellas que refieren a la educación.

“El Poder Ejecutivo no puede inventar urgencias, solo declararlas”, afirmó el senador y exministro del Interior Eduardo Bonomi. Dijo que “está fuera de toda lógica” abordar una cantidad tan amplia de temas a partir de un mecanismo que fue concebido para situaciones excepcionales. 

El legislador se preguntó qué tienen que ver los artículo que refieren a la reforma del Código Civil, la libre importación de combustibles, el chorizo artesanal y los cambios de la gobernanza en la educación. “Nada, no tienen absolutamente nada que ver”, respondió en la sesión.

El dirigente del MPP planteó que el Poder Ejecutivo sienta un precedente “muy peligroso” para que, en el futuro, “otros sigan el mismo camino” y presenten un proyecto de ley de urgente consideración que abarque tantos temas.

Germán Coutinho, senador del Partido Colorado, recordó que el proyecto de ley “recién está ingresando” al Parlamento y será posible incorporar los aportes de los legisladores frenteamplistas en la discusión parlamentaria. 

A su vez, dijo que le corresponde al presidente determinar si un tema es urgente o no. Aseguró que para él son particularmente urgentes las medidas que contribuirán al trabajo del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el primer jerarca en pedir que el texto fuera remitido a la brevedad por el Poder Ejecutivo. 

La senadora Amanda Della Ventura (Vertiente Artiguista) lamentó que la comisión especial vaya a comenzar a trabajar sobre el articulado recién el lunes 4, 10 días después de que empezaron a correr los 45 días de los que dispone la Cámara Alta para tratar el proyecto de ley. 

Sebastián Sabini, el primer suplente de Lucía Topolansky, expresó que “nadie se había atrevido” a enviar un proyecto de ley de urgente consideración tan abarcativo en la historia de Uruguay.

El senador se refirió a la discusión parlamentaria que tuvo la Ley General de Educación, aprobada en 2008, para remarcar que las normas referidas a esta área deben nacer del intercambio entre los distintos actores involucrados.

“A diferencia de lo que dice la exposición de motivos, (la LUC) sí va a hacer cambios sustanciales”, aseguró Sabini, y dijo que allí no está explicado cómo las modificaciones propuestas van a contribuir a mejorar la educación y las otras áreas contempladas.

Además de argumentar la moción presentada, el socialista Daniel Olesker volvió sobre la creación de una renta básica para 310.000 familias mientras siga vigente la emergencia sanitaria, como planteó el Frente Amplio pero el presidente rechazó. Según el economista, esta medida se tomó en otros países para contener a la población más vulnerable durante la pandemia. 

La senadora nacionalista Gloria Rodríguez planteó que, a raíz de la emergencia sanitaria, la gente ha entendido que “teníamos un país atadito con alambre”. Remarcó las diferencias entre el partido de gobierno y el Frente Amplio y dijo que no aceptará las “acusaciones falsas” que desde la oposición se hace a la coalición oficialista.

Rodríguez catalogó a la moción presentada por la bancada de la coalición de izquierda como una “verdadera chicana”, como “palos en la rueda” puestos a un gobierno electo democráticamente.

Luego de que hablara Enrique Canon, el exdirector nacional de Aduanas y primer suplente de Liliam Kechichian, la senadora blanca Graciela Bianchi apuntó contra la falta de controles que supuestamente hubo en la anterior administración, a partir de lo que en 2019 habló con trabajadores de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia). El contador le respondió que no se lo iba a permitir y aclaró que él renunció y no fue destituido. 

Gandini sostuvo que la Constitución no define qué es urgente sino que da la posibilidad de tratar con urgencia los cambios necesarios.

Su par Sergio Botana planteó que “lo formal“, que era lo que iba a debatir, no estuvo en discusión en toda la sesión.

”Lo jurídico estuvo en debate 10 minutos. Cuando terminaron de hablar los senadores Abreu y Asiaín se terminó el debate jurídico”, afirmó, y dijo que el resto de la sesión fue un adelanto de la discusión parlamentaria y que nadie se tomará el trabajo de leer las actas de la sesión. “Quedarán en el olvido”, dijo.

Óscar Andrade, del Partido Comunista, se concentró en el "precedente" que a su juicio sienta la ley, incluso en caso de que la Suprema Corte la declarara constitucional. "El equilibrio entre poderes se desbalancea de forma notoria. Es un procedimiento que deja al Poder Legislativo en franca debilidad", afirmó.

Alejandro Sánchez, suplente del senador José Mujica, dijo que el debate sí era acerca de la pertinencia de la declaratoria de la urgente consideración. Reiteró que eran necesarias las firmas de los 13 ministros, no de 11, y que por lo tanto no se cumplían las formalidades requeridas por la Constitución. 
 

Señaló que al no firmar, Talvi y Moreira no asumieron el “costo político” de la norma que se pretende aprobar, ya que allí estaban contempladas modificaciones referidas a las carteras que encabezan. Y dijo que si efectivamente había habido un error administrativo, como sostuvieron los jerarcas, estaba “viciado” el trámite y por lo tanto no era válido.

”No le estamos adjudicando un delito a nadie”, expresó Sánchez, pero sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede recurrir a la herramienta de excepción porque se le “antoja”, dado que si así lo hiciera, sería un abuso de poder.

Bianchi dijo que durante el gobierno de Mujica (2010-2015) hubo un “récord de inconstitucionalidades” y se refirió a un proyecto de ley de urgente consideración que en 2010 solo fue firmado por Olesker, como ministro de Salud Pública. Sin embargo, consideró que la Constitución no inhabilita a remitir estos proyectos sin la firma de todos los ministros.

Tabaré Viera, suplente de Julio María Sanguinetti, afirmó que la Constitución no requiere la “unanimidad” de todos los ministros para presentar un proyecto de ley de urgente consideración, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 160 y 162 de la carta magna. El dirigente colorado aclaró que este “no es el caso” de Talvi y Moreira, que sí están de acuerdo con el contenido. 

Viera planteó que el proyecto de ley incluso podría tener más artículos que esos 501, porque hay más temas urgentes que los tratados en el texto.

El cabildante Guillermo Domenech aseguró que no había “anormalidad” en la falta de las firmas, ya que como el Consejo de Ministros es un órgano colegiado no se requieren las firmas de todos los integrantes. Para explicar por qué, también citó los dos apartados de la Constitución (160 y 162) que regulan la creación y actuación de este organismo. 

El escribano también se refirió a otros temas que entiende urgentes y quedaron al margen. Como ejemplo puso el “fiasco” de la “esclavitud financiera”, en referencia a la Ley de Inclusión Financiera, que según Domenech no ha logrado su cometido y fue impulsada por los grupos de poder internacionales. 

Además, cuestionó un artículo del proyecto de ley que permite que las personas jurídicas propietarias de Sociedades Anónimas o sociedades en comandita por acciones sean dueñas y exploten tierras. 

El coordinador de la bancada del Partido Nacional, Gustavo Penadés, aseguró que “de ninguna manera” iba a aceptar la “construcción de un relato que quiere hacer creer” que el partido de gobierno está al borde del autoritarismo. 

“No admitimos que este sea el tono” de la discusión, advirtió Penadés, y rechazó “enfáticamente” los planteos que hizo la bancada opositora en la moción considerada en la sesión de hoy.

“A nosotros no nos vengan a hablar de avasallamiento de los poderes del Estado”, exclamó, y agregó que hay que tener “muy débiles” concepciones democráticas para hacer algunas de las afirmaciones que se hicieron en el Senado. 

El legislador aseguró que el proyecto de ley va a sufrir modificaciones, porque “a diferencia” de otros partidos, el oficialismo no va a mantener artículos solo porque se “descuarejingue” la interna del lema si son modificados.

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