MEC envió al Parlamento proyecto para crear Ministerio de Justicia

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) envió al Parlamento un proyecto para crear un Ministerio de Justicia. En la iniciativa, presentada como un anexo a la Rendición de Cuentas, el gobierno considera que no es necesaria una reforma constitucional para aplicar la propuesta, en discrepancia con la posición de la Suprema Corte de Justicia, informó ayer a El Observador el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich.

“En la ley presupuestal uno de los artículos invita al Ejecutivo, en particular a los ministerios de Educación, Interior y Economía a presentar una propuesta en relación a la creación de un ministerio de asuntos jurídicos y Derechos Humanos. En ese sentido los tres ministerios han elaborado un texto, que se anexó a la Rendición de Cuentas, para consideración del Parlamento”, dijo Ehrlich.

Ehrlich afirmó que la respuesta del MEC al tema “incluye una mirada positiva” a la creación de este nuevo ministerio, competente en asuntos de Justicia.

“Se sugiere que se haga sin reforma constitucional. Pero se requiere una reflexión profunda y consensos políticos y técnicos”, precisó el jerarca.

Hoy el MEC tiene a su cargo la educación y la cultura, pero además abarca otros servicios que pasarían a la nueva dependencia del Ejecutivo: fiscalías, Fiscalía de Gobierno, Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, Dirección General de Registros Públicos, Registro Civil, la autoridad central que resuelve sobre extradiciones y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

“Es un Ministerio complejo. El 42% del rubro salarios del Ministerio corresponde a las tareas en el ámbito de la Justicia”, subrayó Ehrlich. Desde el ámbito de la Justicia, tanto jueces como fiscales tienen reparos a una cartera vinculada a la administración de justicia.

En reiteradas oportunidades el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, ha señalado que “es necesario salir de la órbita del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Educación y Cultura, pero tampoco depender de un Ministerio de Justicia”.
Los fiscales prefieren que el Ministerio Público y Fiscal sea un servicio descentralizado o un órgano autónomo, como el Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral.
En especial piensan en la autonomía presupuestal, los nombramientos y los ascensos.

A fines del año pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió un comunicado a la opinión pública respecto a un nuevo ministerio como el propuesto.

Allí considero que una cartera de ese tipo “no podrá invadir o cercenar las atribuciones que la Constitución asigna al Poder Judicial y, para el caso de insistir en recorrer ese camino, deberá procederse a la reforma de la Constitución”.

La discusión es, en definitiva, por la administración de los recursos. En aquel comunicado la Corte resaltó que la asignación anual para el Poder Judicial es de $ 2.658.779.283, lo que equivale a menos del 1,30% del Presupuesto Nacional.

Con ese dinero se administran todos los Juzgados del país y se pagan los sueldos de más de 4.500 funcionarios técnicos (jueces y actuarios) y el personal administrativo, indicó al SCJ.
A nivel del gobierno hay acuerdo en que las fiscalías, la sección de abogacía del Estado (que atiende juicios locales e internacionales) y los defensores de oficio pasen a este nuevo Ministerio.

Además de la organización de estos aspectos jurídicos, las cárceles también podrían pasar a formar parte de las funciones del nuevo organismo, dejando así de formar parte de la órbita del Ministerio del Interior.

La dictadura militar creó un Ministerio de Justicia que subordinó a los jueces y fiscales. Fue abolido por el presidente Julio Sanguinetti en 1985.