Agro - ICIR
Forestadores afirman que no soportan más impuestos
Un estudio explica que el sector tributa US$ 152 millones al año
La Sociedad de Productores Forestales (SPF) encargó un estudio de la estructura impositiva que afecta al sector, análisis que, para determinadas circunstancias, estimó un aporte anual de US$ 152 millones (US$ 172/ha) que –dado un momento muy adverso en los mercados– motivó al secretario ejecutivo de la sociedad, Edgardo Cardozo, a enfatizar que “el sector no soporta un impuesto más”.
Así las cosas, si el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) se aplica como se perfila desde el Parlamento, las empresas de este sector de la agroindustria se verán perjudicadas, según se reflexiona a nivel de la SPF, por lo cual se decidió encargar el citado trabajo a los profesionales Gustavo Michelin y Horacio Bafico.
Cardozo dijo que “el objetivo fue exponer en forma objetiva, mediante un trabajo serio y profesional, cuál es la estructura impositiva que el sector soporta”.
“El trabajo demuestra que en una situación de equilibrio –en base a 884 mil ha plantadas, a una cosecha anual potencial de 18 millones de m3 sólidos y a la estructura industrial existente– el sector estaría pagando anualmente US$ 152 millones considerando toda la estructura impositiva, o sea US$ 172/ha por año”, señaló.
Eso, indicó, es una expresión clara, en términos absolutos, “pero en términos relativos hay que considerar que no podemos exportar nada, desde hace tres o cuatro años fue cayendo la colocación de madera sólida y ahora hay una caída muy significativa de los indicadores para fibra de celulosa, desde el 1° de enero al 30 de noviembre de 2011 el precio cayó 25% en el mercado internacional”.
Eso está indicando que “no podemos soportar un impuesto más”, afirmó, y destacó que un ejemplo de la adversidad es la declaración en concordato de la empresa Urupanel (fábrica de tableros contrachapados) o el cierre desde el 1° de octubre de la planta industrial de Weyerhaeuser.
Tras 20 años de esfuerzo
El estudio de Michelin y Bafico se tituló “Después de 20 años de esfuerzo: ¿Dónde está el sector forestal uruguayo y cuáles son sus problemas?”.
En las conclusiones se afirma, entre otras reflexiones, que “las modificaciones graduales del marco legal, tributario y regulatorio que conforma las reglas de juego con las que se invitó a invertir en el sector se suman a un encarecimiento en dólares de los costos y a precios internacionales sumamente deprimidos. Es por eso que al momento de pensar a dónde va el sector a futuro es que surgen interrogantes”.
Se destaca que “el esfuerzo hasta ahora es un buen ejemplo de política de desarrollo productivo donde el Estado sacrificó recursos tributarios, generó reglas de juego duraderas en el largo plazo y aportó un subsidio a la plantación. Estas medidas hicieron creíble el objetivo de desarrollo del sector y atrajeron la inversión local e internacional. El subsidio otorgado fue de US$ 94 millones distribuido en el tiempo”.
También se manifiesta que “el estímulo fiscal se condice con los objetivos generales para promover inversiones y que aplican para todos los sectores de actividad de la economía que son declarados promovidos o de interés nacional. De ser una actividad marginal en la matriz productiva pasó a ocupar un lugar destacado”.
Se concluye que “se crearon 13.000 puestos de trabajo al 2010, lo que crecerá con la maduración de la producción debido a la intensidad de mano de obra en la etapa de cosecha”, que “se elevó el estándar de calidad de la mano de obra promedio para las actividades primarias” y que hubo exportaciones “por US$ 1.080 millones en 2010 y aumentando anualmente con la maduración de la producción”.
Se aludió a ventajas como “desentralización y escala para el desarrollo efectivo de proyectos fuera de la cercanía del puerto de Montevideo”, a la “utilización de tecnologías limpias e inversiones en investigación, desarrollo e innovación”, y a la “diversificación de la matriz energética incrementando la capacidad de generación de energía sobre la base de biomasa a través de inversiones del sector privado que van en línea con el objetivo del gobierno de reducir la dependencia de la generación de energía eléctrica sobre la base de recursos no renovables”.
Por otro lado, se menciona que el “desafío para el desarrollo del sector pasa por actualizar la infraestructura de transporte que está en mal estado por falta de mantenimiento oportuno y por un uso que se va intensificando”.
El total de peajes pagado por la carga del sector en 2010 fue US$ 7,7 millones y cuando se alcance la producción de tendencia (13,7 millones de toneladas) el monto que se pagará por dicho concepto ascenderá a US$ 14,5 millones.
El estudio manifiesta que “a los US$ 80,5 millones anuales que aportará el sector entre peajes y sobrecosto de los combustibles hay que sumar el esfuerzo por mantener una infraestructura de caminos internos del orden de 25.000 kms y los convenios con gobiernos departamentales para mantener la caminería rural”.
“El concepto común de que el sector está promovido y por ende no paga impuestos es equivocado. Los cambios de la Reforma Tributaria de 2007 y otras modificaciones sobre la forma de las sociedades y la carga tributaria han ido cambiando la realidad y gravando paulatinamente al sector. El ICIR propuesto es un caso más de los desvíos en el tratamiento impositivo”, concluye el informe.
Análisis de una coyuntura muy difícil
lGustavo Michelin y Horacio Bafico sostienen que “en la coyuntura actual, la inversión hundida a riesgo de los inversores se encuentra con una coyuntura muy difícil donde los costos en dólares evolucionan mucho más rápido que los ingresos en dólares. Los mercados internacionales no muestran una recuperación sostenida para los productos finales. En este contexto el tipo de cambio real se muestra atrasado en relación a niveles de equilibrio, situación que se agrava al pensar que la producción tiene como destino el mundo desarrollado, donde el atraso es mayor. Estimamos que este desvío se ubica en el primer semestre del 2011 en el orden del 23%”.
También citan que “la coyuntura de costos es testigo de este problema ya que los componentes más sensibles han registrado aumentos de precios en dólares que los multiplicaron por tres en la mano de obra y el gasoil y por cinco en el caso de la tierra. Este último fenómeno hace que el sector padezca doblemente el ingreso de capitales ya que deprime la cotización del dólar y encarece la renta potencial de la tierra que, al estar destinada a la producción forestal por décadas, no se puede cubrir”.
Finalmente, los economistas expresan que “el sector tiene el potencial para concretar el deseo de la política de desarrollo, armar un cluster con proyección internacional que fortifique la marca país y permita incorporar cada vez más valor agregado a lo que produce el suelo uruguayo. Más allá de la pésima coyuntura internacional y de precios, hacia dónde va el sector depende fuertemente de que se restituyan las señales de apoyo claras desde el gobierno”.
Resumen de carga sobre producción anual de tendencia
Fuente: economistas Gustavo Michelin y Horacio Bafico / a precios de 2010/11 / datos en millones de US$ anuales
Aportes patronales seguridad social (*): 26,0
Tributos al Gasoil (incluido el fideicomiso) (*): 37,0
Sobrecosto monopolio Ancap: 29,0
IRAE: 12,5
Impuesto Patrimonio: 8,3
Contribución Inmobiliaria Rural: 2,0
Carga financiera IVA servicios contratados (**): 14,6
Peajes: 14,5
Propuesta ICIR: 8,5
Total para tendencia de 18 millones de mcs: 152
Impuestos a pagar por hectárea: 172
Impuestos a pagar por mcs producido: 8,5
mcs = metro cúbico sólido / (*) incluye la carga financiera del aporte realizado a lo largo del ciclo de producción / (**) 70% de la plantación y 50% de mantenimiento generan IVA que se recupera al final del ciclo y por lo tanto crea carga tributaria al 10% anual.
Es una carga
En el cuadro adjunto, según Michelin y Bafico, “se resume la carga que representan los diferentes impuestos, tributos y otras obligaciones del Estado sobre la producción que alcanzarán las plantaciones cuando la producción llegue a su madurez (…) se trata de una carga no menor, que en los últimos ocho años se ha ido incrementando gradualmente con la introducción de cambios en las reglas de juego en relación a lo que el país presentó desde un inicio como política de desarrollo de una actividad inexistente”.




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