Plazo final para la educación

El presidente Mujica y los jefes partidarios están básicamente de acuerdo en un amplio abanico de reformas para mejorar la educación pública y en que el control del área se transfiera al sistema político para asegurar una política constante de Estado. En cualquier país esta coincidencia bastaría para allanar definitivamente el camino. Pero en Uruguay lo impiden la resistencia de sectores conservadores dentro de la propia alianza gobernante y desmedidas presiones sindicales de docentes. La consecuencia fue frustrar la reunión cumbre de la dirigencia política, que debía concretar un acuerdo nacional para sacar a la enseñanza pública del atraso y la ineficiencia.
El único resultado tangible del encuentro fue acordarle a Mujica un perentorio plazo final para que concilie los disensos internos del Frente Amplio antes del 24 de enero, cuando los líderes políticos volverán a reunirse, y se puedan poner en marcha el año próximo los cambios principales y más apremiantes. No le será fácil al presidente acallar en unos pocos días renuencias que vienen agravándose desde el restablecimiento de la democracia hace un cuarto de siglo. Pero es indispensable que, mediante urgencia negociadora o ejercicio de su autoridad ejecutiva, acalle a sus correligionarios disidentes en el Frente Amplio que apoyan a grupos sindicales, ya que la alternativa es el fracaso del pacto multipartidario y la condena del país al subdesarrollo.
La necesidad evidente de las reformas torna tan incomprensible como inaceptable que alguien pretenda obstruirlas, posición solo explicable por luchas corporativas por cuotas de poder y defensa de enquistados privilegios que no corresponden. Uno de los cambios más resistidos es la reforma de la imperfecta ley de Educación, aprobada durante la administración Vázquez, para dar doble votos a los presidentes de los consejos. Como son nombrados por el Poder Ejecutivo, este paso daría mayoría decisoria al sector político, reduciendo el peso sindical en los órganos de conducción, que han fracasado en su integración actual.
Otra medida es poner en práctica la evaluación de resultados en primaria y en secundaria, incluida en la ley pero aún sin aplicación por la injustificada resistencia de docentes a que se controle la eficacia de su trabajo. Las demás reformas razonables en danza incluyen dar cierta autonomía a los centros de estudios para que adapten su funcionamiento al entorno social en que operan, tener profesores de tiempo completo, introducir el ascenso de docentes exclusivamente por mérito, modernizar los programas de estudios, tener liceos de tiempo completo como ya existe parcialmente en primaria, jerarquizar UTU para la formación tecnológica y crear una nueva universidad estatal en el interior.
Uruguay necesita indispensablemente la pronta vigencia de estas medidas para sacar a la enseñanza pública del ahogante pantano en que se debate, especialmente en secundaria. Lograrlo está en manos de Mujica, en los pocos días de que dispone para hacer entrar en razón, con persuasión o con autoridad, a quienes se empeñan desde hace años en impedir la adecuada educación de los jóvenes y el avance del país hacia el desarrollo.