Urge mayor presencia policial

La pavorosa ola de homicidios con que empezó el año tiene causas diversas pero una respuesta obvia, que parece haber quedado en el olvido oficial pese a su extrema urgencia. Desde los copamientos asesinos con una saña desusada y los asaltos con muertos hasta el inusual ajusticiamiento a la peor usanza de las luchas entre carteles del narcotráfico mexicano, la sociedad uruguaya asiste atónita a un promedio de dos homicidios por día en los albores de 2012. Se les agrega un notorio recrudecimiento de los robos de grandes sumas a turistas en el este, hasta ahora sin aclarar pese al refuerzo de la vigilancia policial en las zonas de mayor flujo veraniego. Aunque en estos hechos no hubo muertes, refuerzan la innegable situación de que estamos ante una ola delictiva sin precedentes.
El caso reciente más terrible fue encontrar sin vida a tres personas con los cráneos destrozados a golpes en una distribuidora de refrescos en Malvín Norte. Ese viernes negro incluyó otro asesinato de un almacenero en Punta Rieles y otra muerte violenta en el barrio Borro por ajuste de cuentas entre malhechores. La Policía considera que esta vorágine de homicidios es coyuntural y puede que no le falte razón dada la diversa naturaleza de los homicidios. En todo caso, el tiempo dirá si es coyuntural o no. Pero la realidad es que el instituto policial está desbordado por la falta de efectivos y de adecuados equipamientos técnicos. El Ministerio del Interior anuncia reiteradamente la ampliación y modernización de los magros equipos de que dispone la Policía. Pero el tiempo pasa sin que se perciba mejoramiento en esta área, como lo demuestran las muertes y los robos cuantiosos sin aclarar.
El otro gran problema que enfrenta la Policía es la carencia de efectivos suficientes para atenuar una avalancha delictiva que amenaza hacer trizas la reputación uruguaya de país seguro, uno de los principales atractivos tradicionales para atraer inversores y turistas a nuestro territorio. Aumentar la presencia policial a niveles de saturación callejera, para vigilar, disuadir y facilitar el pronto arresto de malhechores es una necesidad apremiante. Este tema pareció en vías de solucionarse hace más de un año cuando el gobierno anunció que se daría entrenamiento policial a 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, para incorporarlos a la Policía.
Nada se ha vuelto a saber de este curso sensato, que urge resucitar. Si existen problemas jurisdiccionales, tienen que ser depuestos en aras de la seguridad pública. Es imperativo aprovechar el exceso de soldados, en muchos casos ociosos y limitados a la custodia del perímetro exterior de algunas cárceles, para reforzar el patrullaje de las calles y la represión de delitos, especialmente en Montevideo y los demás centros urbanos más castigados. No hacerlo pone al gobierno en una injustificable omisión de su obligación de proteger la vida y los bienes de los residentes. Los jueces reclaman con razón leyes penales más duras. Se necesita también acelerar la capacidad del sistema carcelario para mantener encerrados a quienes constituyen una amenaza pública. Pero lo inmediato, lo impostergable, es reforzar a la Policía con soldados, rápidamente entrenados en funciones policiales, para combatir con severidad la recrudecida acción impune de asesinos y todo otro tipo de delincuentes.