Dudas de inversores frenan la construcción de vivienda social

La principal apuesta que realizó el gobierno para dar respuesta al déficit de vivienda está jaqueada.

Sin los recursos económicos suficientes para construir las 60 mil viviendas necesarias para cubrir la demanda existente, el Poder Ejecutivo apostó a seducir a las empresas a través de exoneraciones tributarias para que sean los privados quienes inviertan en la realización de inmuebles y haya más oferta y mejores precios para los sectores medios y bajos de la población.

Sin embargo, los empresarios no han dado hasta el momento la respuesta esperada debido a que tienen muchas dudas acerca del modelo. En agosto del año pasado, el Parlamento aprobó el proyecto de ley enviado por el Ministerio de Vivienda que ponía en marcha un mecanismo novedoso. A fines de octubre, la herramienta fue reglamentada por el Poder Ejecutivo y estaba lista para comenzar con los primeros proyectos. Pero al gobierno le ha llamado la atención que hasta ahora ninguna de las empresas constructoras importantes han presentado iniciativas, un hecho que inquieta a Vivienda.

Por ahora solo se han presentado 13 proyectos para construir 161 viviendas (ver recuadro).
El subsecretario de Vivienda, Jorge Patrone, reconoció que la cartera está a la espera de que las grandes empresas aporten sus iniciativas para aumentar “el volumen” de soluciones habitacionales y dar más opciones. “Son pequeños y medianos constructores o inversores los que están proponiendo las soluciones en este arranque. Todavía las grandes empresas no están en esta línea de trabajo”, dijo.

Hay dos razones que explican la ausencia de las principales compañías en los proyectos: los altos costos de la mano de obra debido a la carencia de obreros y las inquietudes que tienen los inversores con el modelo aprobado. 

“A la ley  nosotros la apoyamos y creemos que es buena. Pero a nivel de reglamentación se han incorporado cosas que advertimos que no iban a ser proactivas en generar un flujo importante de propuestas”, dijo a El Observador el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui. A la hora de hacer cuentas, los privados llegaron a la conclusión de que el ahorro que tenían por los impuestos que el Estado dejaba de cobrarles era menor al esperado. Otegui dijo que para llegar a los ciudadanos con uno costo menor al del mercado es necesario que se exoneren “todos” los costos del negocio inmobiliario y no solo “algunos”.

En tal sentido, el titular de la gremial explicó que empresarios del rubro le han manifestado que  cuando afinaron los números se llevaron sorpresas. Esa es una de las razones por las cuales pese a que algunos tenían proyectos en mente no los han presentado ante las oficinas gubernamentales.

Pero hay otros aspectos que no convencen a los inversores.

Otegui dijo que las reglas de juego que fijó el gobierno establecen que las exoneraciones fiscales se harán teniendo en cuenta los valores de la construcción del Instituto Nacional de Estadística (INE) y no los que obtiene la industria del día a día. “Ese número es una teoría que en la práctica no se verifica”, sostuvo el empresario y opinó que el gobierno debería convocar a las gremiales en marzo para evaluar la marcha del mecanismo.

“Lo más sensato es evaluar la realidad en función de las ofertas que se hayan presentado. Y en todo caso llamar a los que sabemos que tenían proyectos y preguntarles por qué no los han presentado. Es un tema de adaptarse a lo que impone la realidad”, afirmó Otegui.
A las dudas de los inversores se sumaron aspectos coyunturales. El director de la empresa Saceem (una de las principales del rubro), Alejandro Ruibal, dijo que es “un problema” realizar proyectos como edificios y casas dado que es muy caro por la enorme demanda de mano de obra.

“La iniciativa la vemos bien. Tenemos gente trabajando y viendo algunos proyectos pero por ahora no hemos dado el paso concreto. Estamos asustados con el tema de la mano de obra y sus costos”, dijo el empresario a El Observador. 

Los números

El gobierno estima que el déficit habitacional actual es de unas 60 mil viviendas, aunque están a la espera de los últimos datos del censo.

Mientras tanto, con los fondos públicos la expectativa es construir unos 15 mil inmuebles, según informó Patrone a El Observador.  Ante ese panorama, la gran apuesta del Poder Ejecutivo está en que los privados usen la herramienta legal vigente y complementen la oferta.

“El gobierno le ha abierto una carta de crédito muy importante a la acción privada y ahora el desafío es que realmente los inversores no solo atiendan a un sector que podemos llamar suntuario sino también a los sectores medios y bajos de la población”, dijo el jerarca.