Economía - ECONOMÍA
Expertos cierran filas en contra de la identificación de accionistas
Desde el sector privado critican que se concedan más atribuciones al fisco de forma injustificada
Lo que tenemos que hacer es jugar al fútbol. Si Suárez la atajó con la mano, ¡qué importa! Salimos cuartos. No hay nada que cambiar”, dijo elevando el tono el ex presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Alfonso Varela, hablando desde el público como “un empresario indignado” por el proyecto de ley que elevó al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que busca satisfacer la exigencia de la OCDE de eliminar el sistema de acciones al portador, al tiempo que le concede mayores potestades a la Dirección General Impositiva (DGI). Presagió una huida de capitales argentinos y el fin del “Uruguay productivo”. Minutos atrás, era uno más de los oyentes de un auditorio repleto de empresarios, contadores y abogados que escuchaban a otros empresarios, contadores y abogados hablar de tributación. Durante el espacio de preguntas, sin embargo, se adueñó del micrófono y recibió el aplauso y la aprobación del auditorio que superó a la prodigada a los propios conferencistas.
En la sala de actos de la Bolsa de Valores de Montevideo, la Cámara de Comercio y Servicios reunió a los principales referentes locales en tributación internacional para debatir la iniciativa oficial de modificación del régimen de acciones al portador. El proyecto de ley faculta a la DGI a identificar a los accionistas locales y extranjeros que participan en sociedades uruguayas bajo ese régimen.
La opinión entre los expertos fue unánime: el Poder Ejecutivo fue demasiado lejos en el proyecto, más de lo que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más de lo que se estila a nivel internacional y más de lo que están dispuestos a conceder algunos inversores. Como consecuencia, coinciden, el nuevo régimen podría constituirse en un freno al ingreso de capitales.
La iniciativa es comparada por los expertos con la apertura de las bases de datos del Banco Central con información sobre las deudas de 550 mil usuarios del sistema bancario, con la exigencia por parte de la DGI a las instituciones educativas privadas de brindar información financiera y la apertura del secreto bancario.
Señalan que el derecho a la intimidad, defendido por la Constitución y la normativa internacional, está siendo vulnerados por la actual administración.
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Humberto Rodriguez -
18.02.2012 - 18:50 hs
Defender la existencia de SA o de acciones al portador es ser un delincuente , la sociedad y cualquier empleado de una empresa tienen el derecho a saber quienes son los responsables del capital para el que trabajan nos falta orgullo , dignidad etc.....
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Nacho Laverdad -
09.02.2012 - 21:13 hs
Yuri, Dejá tu fanatismo de lado, por favor. Si tenemos un desempleo del 6 al 7 % es gracias a las inversiones "limpias" externas que usan las SA como método de inversión. No es gracias al gobierno. Empresarios y obreros: Unidos hasta el fin!!!! Viva el fin de la lucha de clases!!! José
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Yuri Di Bartolomeo -
09.02.2012 - 13:38 hs
Las actividades económicas que necesitan del ANONIMATO (secreto bancario y acciones al portador), estan ligadas al dinero mal habido, la defraudación fiscal y lavado de capital. En el mundo actual éstas formas de blanqueo están mal vistas y son combatidas con contundencia. Por otro lado, los paises ricos (OCDE) son nuestros grandes mercados y los que ponen las reglas de juego del comercio mundial. La dignidad y bienestar de nuestra gente se defiende fomentando actividades económicas PRODUCTIVAS, generadas por capitales limpios y con las reglas de juego del mundo civilizado basadas en la transparencia.
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Yuri Di Bartolomeo -
09.02.2012 - 11:26 hs
Está muy bién que el señor Varela defienda sus intereses y los de quienes representan al capital especulativo, y también está muy bién que el gobierno defienda al resto de la población -que son el otro 99,99 % de los ciudadanos-. Lo mejor para la mayoría de la población es que el Uruguay pase a formar parte de la Comunidad Internacional como un país fiancieramente civilizado. El secreto bancario y las otras formas de hacer negocios financieros "obscuros", perjudican la imagen del país y los intreses de las mayorias de clase media y baja.






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