Opinión - Editorial
Reticencia sin fundamento
La falta de fundamento de la renuencia de las tres principales calificadoras de riesgo a restituirle a Uruguay el grado inversor quedó al descubierto durante la reunión del BID
La falta de fundamento de la renuencia de las tres principales calificadoras de riesgo a restituirle a Uruguay el grado inversor quedó al descubierto durante la reunión del BID en Montevideo. Ante una audiencia de inversores, economistas y funcionarios de organismos internacionales, incluyendo a las empresas calificadoras, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, desgranó razones sólidas contra la persistencia de Standard & Poor´s, Moody´s y Fitch en mantener a nuestro país un escalón por debajo del grado inversor. Sus afirmaciones son irrebatibles, con la excepción del déficit fiscal.
El ministro defendió la existencia del déficit como forma de asegurar reservas. Su argumento es cuestionable porque soslaya el exceso de gasto público en áreas donde no se ha justificado. Esta ha sido la causa de que persista un déficit, aunque pequeño, en vez de alcanzar la deseable meta factible de tener un superávit neto del 1% del PBI o hasta un poco más. Pero son irrebatibles las demás observaciones de Lorenzo a las calificadoras, que abundaron en detallados aspectos técnicos. El volumen decreciente de la relación entre deuda y PBI es una señal de fortaleza. Lo mismo ocurre con el reperfilamiento de los vencimientos de la deuda soberana, la solidez del sistema financiero y la confiabilidad institucional.
Sostuvo con razón que hace ya tiempo que las calificadoras debieron restablecerle a la deuda pública uruguaya el certificado de confianza que representa el grado inversor. La confianza que esas empresas le niegan al país es demostrada una y otra vez, en cambio, por los mercados financieros, mucho más perceptivos de la realidad que las calificadoras. La evidencia más reciente fue la colocación de una emisión de títulos en pesos y unidades indexadas que protegen contra la inflación. Una emisión prevista inicialmente en el equivalente a US$ 413 millones debió ser ampliada al doble y aun así no bastó para satisfacer una voraz demanda de los inversores, que quintuplicó el total ofrecido.
Esta nueva prueba de confianza de los mercados contrasta con la displicencia de las calificadoras de riesgo. Es cierto que estas empresas se mueven con pies de plomo desde que cayeran en un generalizado descrédito con la crisis mundial desatada en Estados Unidos a partir de setiembre de 2007, cuando se derrumbaron empresas a las que las calificadoras habían asignado confiabilidad total a prueba de terremotos. Pero su cautela ha alcanzado niveles excesivos en el caso de Uruguay. Después de la debacle financiera de 2002, que nos significó perder el grado inversor, la economía inició al año siguiente un proceso de firme recuperación que no ha tenido pausa desde entonces.
El adecuado manejo en general de la macroeconomía, con la decisiva ayuda de largos años de bonanza por la sostenida demanda y altos precios de nuestras exportaciones, han llevado al país a su sólida posición actual. El único nubarrón que persiste es un exceso de gasto público en áreas en las que sigue ausente la contrapartida de resultados que lo justifiquen. Pero esta debilidad dista de sustentar la reticencia de las calificadoras de riesgo en devolverle a Uruguay el grado inversor que con tanta generosidad asignan o mantienen a economías más frágiles.




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