Luz en la penumbra educativa

El anuncio del gobierno de que este mes se instalará el organismo que evaluará a alumnos y docentes y el envío al Parlamento del proyecto de ley que aumenta la autoridad política en la enseñanza pública encienden una vela en la penumbra pavorosa del sistema. La presión opositora parece haber logrado finalmente el trabajoso despegue de la reforma acordada por el presidente José Mujica con todos los partidos pero trabada por el sindicalismo docente y sectores conservadores del Frente Amplio.
La evaluación llega con cuatro años de retraso. Aunque está prevista desde 2008 en la ley nacional de educación, la demoraron las trabas levantadas por quienes se niegan a reconocer que el desastroso estado educativo hipoteca el futuro de los jóvenes y el desarrollo del país. El subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Óscar Gómez, informó a El Observador que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) quedará conformado a mediados de abril y empezará poco después su tarea de sopesar los resultados académicos de los alumnos, la calidad de la gestión de los docentes y la estructura edilicia en Primaria y Secundaria. El mal estado de muchas escuelas y liceos fue tomado por los sindicatos como bandera para la ola de paros y ocupaciones que han desbaratado el normal comienzo pleno de las clases. Pero sus reclamos, justificados en este campo, no esconden la latente renuencia de los docentes a ser evaluados y su oposición a otros aspectos de la reforma.
La evaluación es, sin embargo, un elemento vital para que los docentes adecuen sus enseñanzas a las necesidades del mundo actual y ello se refleje en mejores resultados académicos. Pero la evaluación se quedará a mitad de camino mientras se aplique al deficiente sistema curricular actual. Será plenamente útil cuando el INEE evalúe un sistema concentrado en las disciplinas más convenientes para la formación juvenil. Pero al menos se ha dado un paso importante con la instalación del INEE y al asegurarle considerable autonomía y liberarlo de presiones sindicales. El aumento del poder político en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), por otra parte, es una medida cuestionable pero impuesta por las circunstancias. El proyecto de ley, que la oposición respalda unánimemente, asigna triple voto al presidente del organismo, que representa al Poder Ejecutivo. Esta mayor autoridad decisoria permitirá contrarrestar el peso reiteradamente ejercido por el obstruccionismo sindical, que ha deformado el ejercicio de la autonomía de los órganos de educación pública y ha forzado a introducir la poco deseable interferencia política y gubernamental en esa área.
A estos dos pasos iniciales, la evaluación y el freno al sindicalismo en la conducción de la enseñanza estatal, debe seguir lo antes posible la modernización curricular. Si el despegue se concreta en vuelo sostenido a la altura requerida, es posible que, en el mediano plazo, Uruguay suba algunos escalones desde su vergonzoso puesto 47 entre 65 países en las pruebas PISA, demostrando que ha sido capaz de emerger del oscurantismo educativo que todavía nos envuelve.