No hay un mérito único

Son incuestionables los méritos que corresponden a los dos gobiernos del Frente Amplio en los resultados del manejo de la economía. Pero basta echar un vistazo a lo ocurrido en las dos últimas décadas para concluir que la solidez actual del país no es fruto poco menos que exclusivo de las administraciones frenteamplistas, como sostienen figuras del oficialismo, sino que tuvo su génesis a comienzos de la década de 1990. Al restablecerse la institucionalidad en 1985 a la salida de la dictadura, la primera administración Sanguinetti estuvo absorbida por tormentas políticas, en momentos en que la renacida democracia buscaba afirmarse entre las sombras militares que aún la sobrevolaban.
Luego asumió la administración Lacalle, en momentos en que el país venía de varios años de alto déficit fiscal. Se diseñó entonces una política monetaria y cambiaria que permitió bajar progresivamente la inflación desde más del 130% anualizado a menos del 10% en 1996. Estuvo acompañada por dos reformas estructurales que fueron la base para la evolución positiva de los años siguientes. Una fue la apertura comercial a la región y al mundo con aranceles máximos del 20%, lo que habilitó mayor actividad y empleo y facilitó el aprovechamiento posterior de la bonanza generada a partir de 2003 por los altos precios externos de nuestras exportaciones.
La otra fue el ordenamiento fiscal, que incluyó la reforma de la seguridad social en 1996. La creación de los fondos jubilatorios privados de las AFAP no solo constituyó una garantía a los trabajadores activos de tener más tarde retiros dignos y seguros. También condujo a detener primero el crecimiento del déficit fiscal provocado por los costos del sistema de reparto y, más tarde, indujo su reducción. La segunda administración Sanguinetti mantuvo las políticas del gobierno anterior. Vino luego la debacle financiera que nos golpeó desde Argentina en 2002 durante la administración Batlle. Pero a partir del año siguiente se inició una lenta pero constante recuperación basada en las exportaciones, que le permitió al Frente Amplio asumir el gobierno en 2005 con una creciente recaudación fiscal para cumplir sus programas sociales y de mejoras salariales. Se alentó así el consumo interno como otro factor de crecimiento de la actividad.
El manejo de la deuda pública, por otra parte, ha sido adecuado en las circunstancias actuales. Pero el endeudamiento habría sido menor si la administración Mujica hubiera aprovechado la bonanza recaudatoria para llegar a un superávit fiscal neto en vez de embarcarse en un creciente y desmedido gasto público. Ese superávit hubiera permitido, incluso, recuperar antes el grado inversor. Cabe reconocerle al Frente Amplio el tino de que, al llegar al gobierno, mantuvo en sus aspectos fundamentales las políticas de estabilización iniciadas hace más de 20 años y a las que en general combatió cuando era oposición. Oposición que incluye a dos reformas estructurales muy importantes como fueron la de la seguridad social y la de la apertura comercial. Mirando en perspectiva los últimos 20 años, resulta pertinente evaluar con igual equilibrio lo que han hecho bien tanto las dos administraciones frenteamplistas como las que las precedieron. Porque si bien el grado inversor se perdió en 2002, por algo se había obtenido por primera vez en 1997.