Nacional - POLITICA
Caso de Colonia enfrenta a la Policía con el cuerpo médico
Defienden a la médica indagada y aseguran que no hay pruebas
Mientras que en el cuerpo médico crece la idea de que en el caso de la médica de Colonia no hay pruebas para inculparla de homicidio ni de mala praxis, los investigadores de la Policía que trabajaron en el caso insisten en que hay elementos que confirman las muertes a causa del accionar profesional.
Desde el punto de vista de la indagatoria judicial, hasta que la Junta Médica no estudie las historias clínicas y se expida, no habrá pronunciamiento de la jueza Beatriz Larrieu.
Los investigadores sostienen que se ha verificado que la médica no dejaba registrado en la historia clínica las dosis de morfina que suministraba a los pacientes o que ordenaba se aplicara en forma verbal. De acuerdo con la investigación policial, suministraba morfina a los pacientes, pero no se los hidrataba con suero.
En los cinco casos se trataba de enfermos terminales y añosos que estaban internados en el hospital público del departamento. Hasta ahora trascendió el caso de una paciente de 99 años que había sufrido un infarto cerebral.
La indagatoria intenta dilucidar si la profesional actuaba con el fin de dar muerte a los enfermos, o si fallecieron como consecuencia de una negligencia o error.
“Magga II”
En cambio, los médicos tienen otra visión de los hechos. Varios profesionales consultados por El Observador coincidieron en señalar que están convencidos que están ante otro caso Diego Magga, el médico de Libertad que fue ejecutado públicamente por practicar la eutanasia, pero luego la Justicia lo exculpó.
El presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Martín Rebella, fue consultado sobre el caso por El Observador pero indicó que el sindicato “no va a pronunciarse sobre el caso de Colonia, mientras continúe la indagatoria judicial. No vamos a hacer ningún comentario”. Rebella se limitó a señalar: “Tenemos plena confianza en la Justicia”.
La médica, que aún continúa siendo indagada por la Justicia, aunque está libre, tiene 43 años y es considerada la mejor profesional del departamento.
Además, es docente de la Facultad de Medicina, y “es consultada por colegas que también llevan a sus familiares para que los atienda”, dijo un médico consultado que pidió no ser identificado.
Un allegado a la profesional relató que el proceso de detención y la indagatoria fue invasivo. El día que la detuvieron, a las 21 horas la llamó un policía de Crimen Organizado y poco después se presentaron a detenerla.
“Ella estaba con sus hijos de 10 y 6 años -es divorciada-. Tuvo que contactar al padre de los hijos para que fuera a la casa. No le dijeron nada. Estuvo 36 horas incomunicada, en tres calabozos distintos, la llevaron esposada”, relató esa persona.
Agregó que en Colonia “todo el mundo habla de ella. Los hijos no están pudiendo ir a la escuela. Le arruinaron la vida”, concluyó el allegado.
Por último, uno de los médicos consultados se preguntó “¿por qué no la procesaron y está en la casa, si es que hay tanta prueba?”.
Entre el martes 27 de marzo - cuando fue detenida la médica- y el viernes 30 declararon una decena de enfermeros y seis médicos, incluida la directora del hospital, Gabriela Boné, y familiares de los pacientes fallecidos.
Junto con la médica había sido detenida una enfermera que estaba de guardia el día que falleció la paciente de 99 años y que si bien permanece en calidad de indagada, por el momento no hay pruebas sobre su eventual responsabilidad.
El caso que se indaga en Colonia se conoció diez días después de los procesamientos con prisión en Montevideo de los enfermeros Ariel Acevedo y Marcelo Pereira, quienes admitieron haber terminado con la vida de al menos 15 pacientes de la Asociación Española y el Hospital Maciel. Esa investigación continúa abierta.
Piden actualizar legislación sobre defunciones
El senador colorado Alfredo Solari propuso en la media hora previa de la sesión del Senado la necesidad de actualizar la legislación en materia de certificados de defunción. A juicio de Solari, hay un “atraso legislativo muy importante”, ya que las leyes o decretos que regulan los certificados de defunción son de 1889 y de 1942. El senador mencionó un estudio de la cátedra de Medicina Legal de la Facultad sobre 154 muertes ocurridas entre octubre y noviembre de 2009 en el Maciel. En sólo 13 casos los certificados de defunción estaban correctos, más del 50% contenía aspectos incorrectos y más del 20% estaba totalmente incorrecto. “En este momento en que todos tenemos que trabajar para reconstruir confianza entre pacientes y medicos, es nuestro deber actualizar el certificado de defunción y sus normas”, afirmó Solari.




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