Como las Malvinas, YPF es argentina

Las paredes de Buenos Aires están empapeladas, desde hace al menos dos meses, con carteles políticos alusivos a las islas Malvinas y a la petrolera YPF. Pero no en afiches separados, sino en el mismo, bajo el título: "Son argentinas".

YPF, empresa que este lunes fue expropiada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, no es una empresa más, sino que está ligada a la mismísima idea de soberanía. Fue la pionera de la extracción petrolera, construyó caminos y puso en el mapa a pueblos perdidos de la Patagonia, y finalmente consiguió, en la década de 1990, el ansiado autoabastecimiento energético.

Desde ese punto de vista, los incentivos para "recuperar" la petrolera que desde 1999 está en manos de la española Repsol no son desdeñables desde el punto de vista político. "Hay conflictos que pueden resultar caros desde lo económico pero que rinden positivamente desde lo político. El caso YPF es claro. Seguramente la mayoría de la población estaría a favor de una reestatización", afirma el politólogo Marcos Novaro.

La nerviosa prensa española ha calificado a la petrolera argentina como "la joya de la corona de Repsol". Y no exagera: con una facturación de US$ 14.000 millones y ganancias netas por más de US$ 1.200 millones, YPF explica casi la mitad de las utilidades del grupo español.

El motivo oficial del enojo del gobierno argentino con los españoles es la caída en la producción. YPF, que tiene 32% de la producción petrolera del país y 23% de la producción gasífera, ha visto mermar su producción respectivamente en 6% y 10%.


Urgencia de caja

Por cierto que no es una novedad la caída en la producción y la reducción de reservas. De hecho, lleva más de una década. ¿Por qué, entonces, la propiedad de YPF vuelve a estar en el candelero? Ocurre que hasta ahora había sido posible ignorar ese deterioro.

Pero en 2011 fue necesario importar US$ 10.000 millones en energía. Y al gobierno de Cristina Kirchner le aterra la perspectiva de que esa cifra aumente este año, justo en un momento en el que los dólares escasean y se ve obligada a frenar importaciones.

De manera que la decisión fue iniciar un plan de hostigamiento a Repsol, por la vía de rescindirle concesiones de yacimientos por incumplimiento de inversiones.

Pero lo que parecía simplemente un cambio de nombres en la producción petrolera tomó rápidamente una dimensión política.

Los rumores políticos alimentados por los gobernadores de las provincias petroleras se confirmaron este lunes con el anuncio de Fernández: se quiere ir a un esquema "a la Petrobras". Es decir, una empresa de capital mixto, en la que el Estado sea el accionista mayoritario y tenga el control de la gestión, que cotice en la bolsa y que adopte la política de asociarse con varios pesos pesados del mercado petrolero global.


Debe pensarse en una inversión inicial de entre US$ 25.000 millones y US$ 30.000 millones si se quiere buscar una solución de fondo y no solamente "parches" para la actual pérdida de autoabastecimiento, especialmente en materia de gas natural, que constituye la mitad de la matriz energética nacional.

"El problema es que no alcanza con aumentar la inversión en las áreas que le fueron revocadas a Repsol, sino que hay que poner a producir los yacimientos no tradicionales, y eso es muy caro", afirma Manuel Solanet, ex secretario de Hacienda y consultor experto en servicios públicos regulados.

Solanet hace referencia a la necesidad de empezar a explorar el llamado shale oil como se conoce en la jerga petrolera al hidrocarburo que no se encuentra en un pozo sino contenido dentro de la roca. Estas existencias son muy grandes, al punto que en su momento fueron motivo de un eufórico anuncio. Pero su extracción es mucho más difícil y costosa que la de los pozos tradicionales.

Lo cierto es que Argentina tiene el tercer reservorio más grande del mundo de este tipo de gas, pero no está claro quién hará la inversión. Los españoles no lo han hecho, pero nada garantiza que una YPF reestatizada pudiera hacerlo. Y la pregunta clave es por qué un nuevo socio internacional se haría cargo de una inversión millonaria que hasta ahora nadie quiso hacer.

Para los expertos, la situación es simple: no hay incentivos para invertir debido a la política de distorsión de precios que aplica el gobierno argentino.

Es así que mientras el barril de petróleo supera US$ 100 en el mundo, a las petroleras argentinas se les paga US$ 70 cuando lo venden en el mercado interno, o solo US$ 42 si lo quieren exportar. En cuanto al gas, mientras el precio de importación desde Bolivia es US$ 10 por millón de BTU, en el mercado interno se paga US$ 3.

"El único camino disponible es el sinceramiento del precio local de la energía, terminar con el despropósito de que paguemos los combustibles a precios de Venezuela o de sultanato árabe", afirma el economista Federico Muñoz, que califica la situación de los últimos años como "populismo energético".