Tras el shock, Argentina pretende impedir el aislamiento

Mientras soporta la furia española, el gobierno argentino empieza a dejar en claro uno de sus primeros objetivos tras el anuncio de reestatización de la petrolera YPF: rechazar el argumento de que el país quedará aislado a nivel internacional.

A los funcionarios argentinos les tocó explicar ante el Congreso las razones políticas de la medida. Y, ante las preguntas de los legisladores opositores decididamente escépticos sobre la posibilidad de que Argentina pueda  atraer inversores, plantearon que ya existen conversaciones para la llegada de grandes jugadores del mercado petrolero.

“Muchas empresas multinacionales a las que invita la ley en uno de sus artículos ya han demostrado en pocas horas su interés en venir a conversar con nosotros para poner en valor estos recursos que se sabe que existen”, destacó el ministro de Planificación, Julio De Vido.

Evidentemente, la declaración no fue suficiente para hacer regresar la confianza a los inversores, que nuevamente quisieron huir de las acciones de YPF. El papel tuvo en “el día después” una caída de 7% en la bolsa de Buenos Aires. Mientras tanto, el dólar paralelo, un indicador por excelencia del humor social, mostró una nueva disparada, al ubicarse 26% encima del tipo de cambio oficial.

Tal vez el mercado haya prestado más atención a otras exposiciones de funcionarios, como la del joven vice ministro de Economía Axel Kicillof, el nuevo economista preferido de Cristina Fernández.

Dogmático, vehemente y con una formación en las antípodas del liberalismo, Kicillof criticó a Repsol por haber intentado maximizar sus ganancias. Y además rechazó de plano la principal crítica que los españoles hacían a la política energética argentina: la distorsión de precios.

Según Kicillof, el hecho de que en Argentina se le pague a los inversores US$ 42 el barril mientras en los países vecinos el precio es de US$ 108 no debe ser considerado un obstáculo para la atracción de inversiones. Y sostuvo que el precio internacional no debe ser el indicador a tener en cuenta para la fijación de precios en el mercado interno.

En consecuencia, dio a entender que los actuales precios de los combustibles al consumidor, que se ubican 30% por debajo del que impera en la región, no tendrá cambios en esta nueva etapa.

Naturalmente, los expertos en energía cuestionaron en duros términos al viceministro.

Pero el kirchnerismo no parece afligido en absoluto. Por el contrario, además de su satisfacción por la “ganancia política” de esta medida, también sabe que en lo financiero tendrá un alivio de corto plazo, al poder hacerse con la caja de YPF para ayudar a pagar las importaciones de gas.

En el plano internacional, un inesperado apoyo llegó desde Brasil, donde el ministro de energía, Edison Lobao, señaló: “Cada país tiene su soberanía y tiene derecho a tomar sus decisiones como mejor lo entienda”.

También el presidente uruguayo José Mujica se “solidarizó” con la medida Argentina.

Otros apoyos se daban por descontados, como el de Venezuela, donde el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, se puso “a la orden” de los interventores de YPF, en cuanto a capacidades operacionales y políticas legales.

Mientras tanto, en España
“¿Telefónica es la próxima?”. Esa era una de las preguntas que se planteaba la prensa de España el día del anuncio de la “expoliación” a la española Repsol. Basaban su temor en insinuaciones realizadas por la presidenta Cristina Kirchner, quien criticó los problemas en los servicios públicos que están en manos de privados, reivindicó la capacidad estatal para gestionar negocios y recordó que todas las empresas de capital extranjero “son argentinas”.

Es que la convicción que ganó cuerpo en España es que, tras la marcha atrás con la privatización de YPF, no hay motivos para pensar que esto no pueda ser apenas el primer paso en una escalada reestatizadora. Después de haber desembolsado US$ 25 mil millones para comprar grandes empresas argentinas, los españoles tienen una larga lista de situaciones por las cuales preocuparse, desde las distribuidoras eléctricas hasta los teléfonos.

El nerviosismo genera una disyuntiva incómoda para quienes deben gestionar esas empresas de capitales españoles.

Por un lado, ver un fuerte desincentivo a “hundir” inversiones en un país al que el gobierno español oficialmente considera hostil y discriminatorio. O, como lo expresó más gráficamente el presidente de Repsol, Antoni Brufau, un país donde al negarse al diálogo el gobierno demostró que “hay ganas de bronca”.

Por otro lado, retacear inversiones implicaría dar “en bandeja” un argumento para que el kirchnerismo encuentre nuevos motivos de nacionalización.

En ese difícil equilibrio, entonces, España y sus empresarios enfocan esta nueva etapa de guerra en los tribunales internacionales pero sin dejar de ser, al mismo tiempo, el país extranjero con más inversiones directas en la Argentina.

Como reacción inmediata, la preocupación española ha sido ganar la batalla comunicacional a nivel mundial. En otras palabras, conseguir el alineamiento de países amigos en la condena a la Argentina. En su visita a México, el presidente Mariano Rajoy advirtió que la expropiación de YPF puede desprestigiar a toda América latina.

Adicionalmente, la prioridad de la diplomacia española es tratar de que el planteo ante los tribunales internacionales no quede limitado a una pelea entre dos países sino una demanda de toda la Unión Europea.

No está claro todavía si el bloque europeo querrá llegar tan lejos como para imponer sanciones comerciales, pero lo cierto es que el esfuerzo español va en línea de aislar políticamente a Argentina.

Por cierto, no contribuye a un alivio de la tensión la afirmación realizada ayer por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, en el sentido de que el gobierno rechazará la pretensión española de valuar la compañía en US$ 18 mil millones.

Con una capitalización bursátil de poco más de la mitad, ya es seguro que el primer round entre los dos países será por el precio de la indemnización, donde puede preverse que la diferencia entre ambas partes sea tan alta como US$ 5 mil millones.

Al decir del politólogo Marcos Novaro, la nacionalización de YPF podría convertirse en “el 2 de abril de Cristina Kirchner”. Aludiendo a la fecha que dio inicio a la guerra de las islas Malvinas en 1982, el analista advierte que la euforia nacionalista puede ser de corta duración: “Este gesto, como aquel, implica mojarle la oreja a una potencia. El nacionalismo vende. Pero siempre termina mal”.