La incógnita del gas argentino

A las puertas del invierno, el vital suministro de gas argentino es una de las repercusiones eventualmente más temibles para nuestro país de la nacionalización de YPF y de la arbitraria expropiación de las acciones de la española Repsol dispuesta por el gobierno kirchnerista. Pero no todo es sombrío, ya que Uruguay puede beneficiarse con inversiones de origen español y de otros países europeos. Manuel Sánchez Rivadulla, presidente de la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay, aseguró que la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas piensa trasladar negocios a nuestro país. Dijo también que empresas pesqueras españolas, que no identificó, ya "están tratando de vender" sus plantas frigoríficas y otros activos en Argentina para traer sus operaciones a Uruguay.
Es también significativo que una delegación empresarial europea que viene la próxima semana a la región por acuerdos comerciales haya cancelado su visita a Argentina, aunque manteniendo los encuentros previstos en Uruguay, Brasil y Chile. Son señales aún tenues. Pero abren la perspectiva de que la airada reacción de España y de la Unión Europea y los temores de que YPF sea solo el inicio de una campaña de nacionalizaciones se traduzca en el retiro de algunas empresas españolas del mercado vecino.
El presidente de ANCAP, Raúl Sendic, dijo que el ente petrolero está "alerta" sobre los muchos negocios conjuntos que la petrolera estatal tiene con YPF. El caso del gas es una historia aparte. Argentina sufre una crisis energética que se agrava año a año por la escasa producción de hidrocarburos. Repsol y otras empresas aparentemente retrajeron inversiones debido al castigo de restricciones tarifarias oficiales, a la falta de garantías jurídicas y al generalizado clima de desconfianza e incertidumbre generado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La escasez energética se agudizará por la intervención inmediata y expropiación de YPF. La consecuencia puede ser mayor renuencia argentina a vendernos su escaso gas, horizonte que amenaza el suministro a nuestra actividad productiva y a los hogares uruguayos.
Esta posibilidad explica en parte el apoyo del presidente Mujica y otras figuras del gobierno al embate kirchnerista contra Repsol. Mujica mantiene incambiada su cuestionada política de paciente tolerancia con los desmanes argentinos. Pero, sin romper con el gobierno de un país del cual dependemos en muchas áreas esenciales, el momento parece adecuado para atenuar nuestra pasiva complacencia. Un caso específico es el inconveniente tratado de intercambio de información financiera que se proyecta firmar este año y que permitiría al gobierno argentino conocer inversiones de ese origen con fines de recaudación tributaria. La firma del acuerdo está condicionada a que Argentina levante sus restricciones a nuestras importaciones. Pero como el régimen kirchnerista reniega de sus compromisos cada vez que se le antoja, así se trate de proteccionismo comercial o de la esfumada construcción de una planta regasificadora binacional en Uruguay, no es mala idea poner la firma del acuerdo sobre información financiera en un cajón. Ni la OCDE ni el G20 presionarán a favor de Argentina.