Carcelario letargo oficial

La violencia carcelaria no es exclusivo atributo uruguayo. Los motines sangrientos son frecuentes en deteriorados sistemas penitenciarios en muchos países, donde el hacinamiento y las condiciones degradantes estallan ocasionalmente en graves disturbios, incendios y muertes. Pero en Brasil, por ejemplo, la Policía es reforzada con efectivos militares para reprimir y restablecer el orden cada vez que es necesario. Ese recurso lógico no ha sido utilizado en Uruguay, pese a que desde hace la friolera de un año y medio rige una ley que habilita el control militar de ese corrupto colador de armas y drogas que son las puertas de acceso.
Con la parsimonia que caracteriza a tantas acciones oficiales, el gobierno ha reaccionado tardíamente después que un enfrentamiento mortal a tiros entre un recluso y guardias policiales en el penal de Libertad generara motines en otras dos cárceles. El absurdo de que un preso dispusiera de una pistola, con la que atacó a los guardias e hirió a uno de gravedad, indujo a la suspensión de las visitas. Primero se amotinaron en protesta las reclusas de una cárcel de mujeres. Y el miércoles presos del Comcar incendiaron dos módulos del vasto establecimiento en reclamo de que se restablecieran las visitas, mientras muchos de sus familiares cortaban la ruta 1, insultaban a los policías e intentaban agredirlos. Cerca de 1.200 presos de los dos módulos destrozados tienen que ser reubicados ahora en otras cárceles igualmente superpobladas en distintos puntos del país.
Todo este desastre pudo evitarse si el gobierno no hubiera caído en la omisión de ignorar la ley de diciembre de 2010 que dispuso que personal militar reemplazara a la Policía en el control de las puertas de acceso a las cárceles. La disposición legal se basa en que las armas y las drogas ingresan al penal por insuficiente control policial, a veces llevadas por familiares y, otras veces, por guardias corruptos. Así lo reconoció el presidente José Mujica al afirmar que "hay un margen de corrupción policial". Mujica declaró además a Búsqueda que ya ha tomado la "decisión de que el Ejército se haga cargo del control de la puerta".
Es una medida que correspondía poner en vigencia en cuanto se aprobó la ley, en vez de cerrar la tranquera después que se escapó el ganado. Si finalmente se aplica ahora, como asegura Mujica, y los soldados cumplen esa función con más eficiencia que la guardia policial, se reducirá el ingreso de drogas y armas de fuego. Pero seguirá vigente un sistema carcelario indigno, que avergüenza al país y ha generado censura de Naciones Unidas. Mejorarlo exige cambios urgentes de personal, estructura edilicia y reforma del Código de Proceso Penal. La guardia carcelaria debe transferirse de la Policía a un cuerpo especializado, tema congelado desde hace años en el Ministerio del Interior. La reforma del sistema penal duerme desde hace dos años en el Parlamento. Y la construcción de cárceles dignas sigue a la espera de que despegue algún día la ley de asociación de privados con el Estado. El gobierno quiere convertir a Uruguay en un país desarrollado. Pero solo será factible si los poderes y demás organismos del Estado despiertan rápidamente del ritmo aletargado con que se manejan cuestiones vitales.