Urge aislar a los responsables

La explosión del sistema carcelario justifica el endurecimiento oficial con medidas represivas y preventivas de emergencia. Pero los anuncios del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, distan de solucionar una crisis en agudo agravamiento bajo sucesivos gobiernos. Algunas de las medidas son inobjetables. Es claramente útil que la Guardia Republicana se haga cargo del control del ingreso a las cárceles, incluyendo la revisación de los policías a cargo de la guardia interna, hasta tanto se instalen los escáneres que facilitarán detectar drogas y armas y se implemente la ya dispuesta vigilancia a cargo de efectivos militares. Y luego de los destrozos por US$ 8 millones en dos pabellones del Comcar, es una adecuada advertencia a los presos revoltosos la decisión del gobierno de no gastar más en asistirlos cuando hacen añicos las áreas donde están recluidos, lo que quedará a cargo de sus también díscolos familiares.

Es explicable pero más controversial la inmediata represión de cualquier disturbio, sin esperar autorización judicial o la presencia del coordinador parlamentario de cárceles. El gobierno argumenta con fundamento que la demora de varias horas causada por esos requisitos al estallar el motín del Comcar derivó en mayores destrozos, que se podrían haber atenuado si la guardia hubiera actuado enseguida. La medida anunciada por Bonomi choca con un requerimiento legal. Pero, por otra parte, si un preso empieza a los balazos contra guardias y otros se amotinan por la razonable suspensión de las visitas no es lógico que la represión para responder a agresiones asesinas y para restablecer el orden se demore durante horas hasta que el juez la autorice o se localice al coordinador parlamentario de cárceles.
Pero, mientras se implementan las medidas de emergencia dispuestas por el gobierno, urge apresurar una solución de fondo. No todos los más de 9.000 reclusos que desbordan la capacidad locativa de las cárceles instigan los desórdenes o participan activamente en ellos. Muchos son arrastrados por grupos minoritarios que originan los problemas. Esta minoría está conformada por delincuentes especialmente peligrosos y por narcotraficantes presos, cuyo poderío económico, aun desde dentro de un penal, les permite corromper con dinero a reclusos y policías.

Estos elementos están claramente individualizados por las autoridades, lo que facilita un aislamiento que ayudará a una solución permanente de los disturbios en las cárceles de hombres y mujeres. Los presos comunes en esta lista violentista y los narcotraficantes que los instigan deben estar recluidos en un centro de máxima seguridad, bajo severísimas medidas de control y custodia, a cargo de efectivos rigurosamente seleccionados para reducir el peligro de la tentación corruptora del dinero de quienes, desde las cárceles, siguen manejando redes de importación y venta de drogas. Es imperativo aislar en forma estricta y eficiente a estos reclusos de la mayoría renuente a revueltas que agravan sus ya deterioradas condiciones de reclusión. No es una tarea fácil en un sistema resquebrajado. Pero es apremiante tomar ese curso si se quiere poner fin a una intolerable seguidilla de violencia y motines que sigue latente en varios centros de reclusión.