Procesaron al delegado de Cristina en la Comisión del Río de la Plata

El embajador argentino Hernán Orduna, que preside la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Admistradora del Río de la Plata (CARP), fue procesado ayer por la Justicia de Buenos Aires, por delito de fraude a la administración pública y violación de los deberes de funcionario, junto a otros cuatro jerarcas de la Cancillería que dirige Héctor Timerman.

Orduna es uno de los principales operadores en contra del dragado del Río Uruguay que reclama desde hace tiempo el gobierno de José Mujica, dijeron fuentes oficiales.

Orduna ha sido  una figura clave en los obstáculos de Argentina en la realización del dragado del Río Uruguay, según dijeron a El Observador fuentes del gobierno.

En su calidad de presidente de la CARU, es quien pone más palos en la rueda en la concreción del dragado del río Uruguay que firmaron los presidentes de ambos países.

La causa, explica este viernes el diario La Nación, está vinculada a una investigación del juez federal Ariel Lijo sobre presuntas irregularidades en la compra de equipamientos para la XX Cumbre Iberoamericana, realizada en diciembre de 2010 en Mar del Plata.

Orduna fue secretario de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería  y los otros procesados son: Javier Jaureguiberri, titular de la Dirección de Compras de la Cancillería; Cecilia Bruno, a cargo de la Dirección General de Administración; María Mercedes Buratovich, ex titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y Carlos López Varela, de la Comisión Evaluadora. El magistrado ordenó un embargo de tres millones de pesos a cada uno.

El embajador argentino  se negó a dialogar con el periódico. Solo comentó que estaba trabajando en la CARU.

La Nación explica que la investigación judicial comenzó el 28 de diciembre de 2010 y, según consta en el dictamen judicial, esa licitación "fue obtenida por la firma Punto Baires, y en el proceso de adjudicación se habrían advertido ciertas irregularidades, como vinculaciones entre las diversas oferentes para favorecer a la adjudicataria y el pago de sobreprecios por los insumos usados en la Cumbre". Por ejemplo, el diario menciona que “se habría llegado a pagar por el alquiler de cada notebook la suma de $ 6.500, mientras que el valor del mercado para su compra se estimaba en $ 2.500. El valor total de la licitación fue cercano a los $ 7 millones. El juez entendió que se trató de una maniobra tendiente a ‘simular’ una licitación pública.

El telón de fondo del dragado

“Creo que dentro de seis meses estamos canalizando (Martín García)”, dijo el presidente de la República, José Mujica, el 2 de agosto de 2011 luego de una reunión con la presidenta argentina Cristina Fernández. Siete meses y medio después de aquel anuncio, Argentina no solo no aceptó aún el pliego de licitación para profundizar el dragado del canal binacional, sino que, además, el gobierno kirchnerista parece decidido a mantener el dragado en los niveles actuales y en manos de la misma empresa que draga hace más de 20 años, aunque hubo otras firmas que se ofrecieron a hacerlo por menos dinero.

La histórica decisión argentina de impedir en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) que el canal Martín García aumente su dragado de los 32 pies actuales a 34 pies, era señalada en la columna del “debe” del gobierno de José Mujica. El canal Mitre, que no es binacional sino argentino, tiene 34 pies (en breve llegará a 36) y permite que entren al puerto de Buenos Aires buques de más calado.

Desde 1991 se arrastraba esa promesa y el mantenimiento del dragado lo realizó desde entonces la firma Riovia, vinculada a la holandesa Boskalis, que firmó un contrato inicial que se fue renovando automáticamente por dos décadas. Hace dos años se decidió llamar a una licitación para que de ella surgiera la empresa que dragaría a 34 pies.

Además de Riovia plantearon su interés Jean de Nul, Van Oord, (holandesas) y Bretgin (belga). Las cuatro firmas se reparten prácticamente el mercado mundial.
Todo estaba congelado hasta que aquel día de agosto Mujica y Fernández acordaron que en 45 días se hiciera un llamado público a precalificación de empresas, casi una formalidad, ya que las cuatro firman interesadas tienen sobradas credenciales para una precalificación. Del “debe” el tema Martín García había pasado así a la columna del “haber”.

Pero cuando llegó octubre y el plazo de 45 días había vencido, el diario argentino La Nación dijo que el tema del canal estaba, una vez más, trabado. Por esos días el gobierno uruguayo evaluaba protestar ante Argentina pero los cancilleres Héctor Timerman (Argentina) y Luis Almagro (Uruguay) se encontraron en una cumbre en Europa, emitieron un comunicado en el que ratificaron la voluntad de avanzar en el dragado y desmintieron “información de prensa sobre supuestas trabas” publicadas “con el objetivo de incidir negativamente en la relación” binacional.
El 12 de octubre la CARP aprobó el pliego de precalificación que fue superado por las cuatro empresas.

El 22 de noviembre, y mientras que Riovia planteaba a la CARP que iba a aumentar el precio de su trabajo, una de las firmas interesadas en la licitación, la holandesa Van Oord, presentó un proyecto de dragado que, según le anunció la empresa a los diplomáticos, era más barato para ambos países que el que cobra Riovia.

Como resultaba imposible a esta altura contratar directamente a la holandesa se rechazó recibir la oferta. Pero el 12 de enero la CARP informó a todas las empresas que iba a hacer un concurso  de precios que permitiera conceder transitoriamente el mantenimiento del dragado, mientras paralelamente se procesa la licitación de fondo para aumentar la profundidad del canal.
Una semana después, el 20 de enero, venció el último plazo legal que la CARP tenía para renovarle el contrato a Riovia, según un estudio jurídico que privados le hicieron llegar a la comisión binacional.

Y una semana después, el 27 de enero, con el llamado de precios demorado, la presidenta argentina hizo una movida que pasó inadvertida para la mayoría, pero no debió pasarlo para la Cancillería uruguaya.
En filas de la diplomacia uruguaya existía la esperanza de que algunos asuntos vinculados al río Uruguay se aceleraran una vez que la presidenta Fernández moviera de su cargo a Hernán Orduna, un operador político del peronismo K que el año pasado fue citado en una causa criminal por pago de sobreprecios desde su cargo de secretario de Cooperación Internacional de la Cancillería.
Pero el gobierno K había decidido entonces ponerlo al frente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). En la diplomacia oriental consideran a Orduna como “un antiuruguayo” que jugó su papel durante el conflicto de Botnia.
El 27 de enero, lejos de moverlo de la CARU, la presidenta Fernández nombró a Orduna al frente de la comisión que administra el Río de la Plata y, por si esto fuera poco, también le dio la responsabilidad de liderar la delegación argentina ante la comisión Mixta del Frente Marítimo. Todo lo que Uruguay quiera aprobar en materia marítima debe pasar por Orduna.

Puede ser más barato. Fuentes empresariales dijeron que desde el gobierno se les contó  que en la primera reunión en la que  Orduna apareció por la CARP  anunció que de ninguna manera se iba a hacer un nuevo concurso de precios (lo que podría bajar el costo para ambos países), y que el planteo argentino era que Riovia siguiese haciendo el dragado –presumiblemente incluso a un precio mayor que el actual– hasta tanto no se resuelva la licitación.

Ayer el gobierno argentino volvió a pegar un portazo que dejó desconcertados a los delegados uruguayos que negocian por el dragado del canal Martín García. Plantearon cambios en el pliego de condiciones para realizar las obras, lo que vuelve a retrasar los trabajos de excavación en el Río.