Contactos e interferencias

Todos los involucrados coinciden en que detrás del reparto de los permisos a fin de que las empresas públicas y privadas les brinden servicios de comunicación a los usuarios se cruzan criterios jurídicos, políticos y filosóficos. Criterios que la gente que contrata esos servicios tal vez ni siquiera intuye cuando llega la hora de encender la computadora o el televisor o de pagar la tarifa a fin de mes.

El monopolio o la libertad irrestricta en el manejo de la telefonía básica, de las bandas de celulares o del uso de internet son discusiones modernas en las que las necesidades económicas y las ideologías de los gobiernos de turno no siempre coinciden con las necesidades del usuario. En esa encrucijada se encuentra el gobierno del Frente Amplio que parece defender casi a ultranza los intereses de la estatal ANTEL, pero recorre un camino zigzagueante cuando llega el momento de establecer monopolios.

Además, su postura se basa en una supuesta defensa de los intereses de los más pobres, teoría que es refutada por agentes privados que aseguran que es posible prestar un servicio decente a todos los habitantes sin necesidad de restringir libertades y bajando el costo de las entradas a internet o de las llamadas telefónicas.

Por lo pronto, la confusa legislación que existe en estos temas ha llevado al Partido Nacional a proponer la creación de un grupo multipartidario para que se encargue de proponer leyes que contemplen los intereses de cada uno y que, fundamentalmente, establezca reglas claras en el área de las comunicaciones. En tanto, el Partido Colorado también advierte que el monopolio que de hecho se le ha otorgado a ANTEL en la prestación del servicio de internet a través de fibra óptica no tiene sustento legal y termina perjudicando a los usuarios.

Además, el experto en telecomunicaciones y asesor de decenas de empresas privadas y gobiernos de la región y ex consultor de ANTEL, Omar de León, dijo a El Observador que en Uruguay los usuarios están desprotegidos porque las empresas –tanto la estatal como las privadas– defienden sus intereses, mientras que el Ministerio de Industria –que debería ser parcial– juega a favor del Estado. “Eso no ocurre en ninguna parte del mundo”, dijo De León.

Fibra óptica 

Una de las primeras escaramuzas entre el Estado y las empresas privadas se plasmó el 16 de setiembre de 2011 cuando, tras una denuncia de la empresa Telefónica (Movistar), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) intimó a ANTEL a dejar de utilizar en el interior del país una frecuencia para celulares que ocupaba “ilegalmente” desde 2005. La banda había sido asignada por la Ursec pese a que Telefónica le hizo saber de su interés por explotarla.

Tras la denuncia, ANTEL argumentó que la asignación de la frecuencia 900 MHz respondió a la prestación del servicio de telefonía fija Ruralcel que el ordenamiento jurídico otorga exclusivamente al Estado y que, por tanto, no está regido por las reglas de la libre competencia. Pero la unanimidad de los miembros del TCA entendió que con la adjudicación de la Ursec se “vulneraron” los principios de igualdad y libre concurrencia”, y se “lesionó intereses legítimos de otros interesados”.

Asimismo, el 14 de diciembre de 2011, El Observador informó que, ante la sospecha de que las empresas telefónicas privadas estaban utilizando el tendido de fibra óptica, la Ursec se aprestaba a disponer una investigación para conocer si las multinacionales se estaban excediendo en sus derechos.

Para la Ursec resulta claro que las licencias que se les otorgan a las compañías de telecomunicaciones solo les permiten dar servicios de internet por aire. Una vez conocidas públicamente las intenciones del órgano regulador de las telecomunicaciones, tanto de la empresa Claro como de Movistar se reivindicó su derecho a usar la fibra óptica. En el caso de Claro, también reconocieron que estaban haciendo uso de esa tecnología.

 “(Estamos autorizados) a vender este servicio no solo porque nuestras licencias dicen que podemos usar medios de transmisión terrestre, sino porque en el reglamento de servicios está expresamente previsto el principio de neutralidad tecnológica. Eso quiere decir que un licenciatario puede utilizar la tecnología que mejor favorezca la prestación de los servicios”, dijo el director del departamento Legal y de Relaciones Institucionales de Claro para la región, Santiago Pardo.

Estas declaraciones provocaron una rápida réplica del gobierno. “Vamos a garantizar que las empresas brinden los servicios autorizados y a controlar que no se brinden servicios sin autorización. Las normas se pueden querer cambiar, pero mientras existen hay que respetarlas para no exponerse a sanciones”, declaró el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño.

También el PIT-CNT expresó su enojo a través de un comunicado en el que deploró “la confesión pública de la vulneración de los límites a la autorización con que cuenta la empresa de telefonía móvil Claro, contraviniendo las precisas normas que regulan la materia”.

Cables y celulares

Luego de conocidos estos hechos, el senador colorado José Amorín (Propuesta Batllista) convocó al Parlamento al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, pero éste dejó pasar el verano para responder a la convocatoria de la oposición.

Cuando se hizo presente el 16 de abril en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado abrió otra brecha en la relación del oficialismo con las empresas privadas de comunicación, esta vez con las dedicadas a la TV por cable

Allí Kreimerman dijo que tecnologías como el cable módem para proveer servicios de conexión a internet ya es “obsoleta” y “lleva a precios y servicios peores” que los brindados actualmente por ANTEL.

La empresa Nuevo Siglo le salió al cruce con una comunicado ampliamente difundido. “Nuestra empresa dispone de tecnologías de primer nivel, con capacidad para ofrecer velocidades de Internet impensadas hoy en nuestro país, pero además ha ofrecido ya en 2008 importantes inversiones tendentes a instalar servicios con Fibra Óptica. En respuesta de ello, lo único que ha obtenido es el silencio de la autoridades y ahora la descalificación pública del ministro”, se quejaron en el escrito.

Trascartón, Ortuño salió en defensa de su superior. “Creo que es lícito, y a esta altura obvio, que existen, además de diversas opiniones filosóficas, fuertes intereses empresariales en juego en el debate de telecomunicaciones y los considero intereses legítimos, lo que no justifica la descalificación. Nos cuesta creer que se esté criticando al gobierno por impulsar algo diez veces mejor para los uruguayos porque no contempla los intereses de algunas empresas”, dijo.

“El cable módem aun con un diseño de red óptimo (que no es el caso de Uruguay) llega apenas a un décimo de la velocidad de la fibra óptica”, insistió Ortuño.

El día en que Kreimerman habló en el Parlamento sobre el cable módem, el senador Amorín dijo, y luego reiteró en varios medios de comunicación, que “el monopolio de ANTEL en la transmisión de datos por tierra no tiene base legal y es una limitación a la libertad”.

“No estoy en contra de ANTEL pero en este tema la competencia beneficia al usuario. Y si ANTEL compite con éxito en el área de los celulares quiero que compita con éxito en la transmisión de datos”, agregó el parlamentario. Consideró que el gobierno debe tomar una decisión definitiva porque “si quiere que haya monopolio tiene que mandar una ley que sea aprobada por el Parlamento”.

El pasado 18 de abril, en la comisión de Industria y Energía de Diputados, fue el nacionalista Álvaro Delgado (Aire Fresco) quien le dijo a las autoridades del área que se hace necesaria una ley de telecomunicaciones que tape los baches que exhibe la actual normativa.

“Llegar a un acuerdo en una norma marco de telecomunicaciones es más importante y trascendente que acuerdos vinculados al tema energético de aquí a veinte o treinta años, porque tiene que ver con el Uruguay que viene, con la inserción en el mundo, con el Uruguay tecnológico y con la economía del conocimiento. Se vincula transversalmente con todos los temas, desde la trazabilidad del ganado hasta la educación”, dijo Delgado.

Y propuso crear un “ámbito multipartidario” donde se le dé forma a la nueva legislación antes de que sea discutida por el Parlamento. “Una ley de esas características le daría a Uruguay un estatus y un prestigio internacional que lo enaltecería”, sostuvo el parlamentario. Por su lado, el ministro Kreimerman defendió la filosofía con la que el gobierno maneja los repartos de permisos y las prohibiciones.

“La definición del tema tecnológico es fundamental, pero hay un tema político detrás y es quién se favorece y cómo de la penetración de internet. Uruguay, con las políticas desarrolladas, está teniendo una distribución que aún no es la ideal pero que, en definitiva, está abarcando a los distintos quintiles”, dijo.

En cuanto a la creación de una multipartidaria para acordar una nueva ley de telecomunicaciones, Kreimerman prometió que le comunicaría la propuesta al presidente José Mujica.

Pero la situación política doméstica no está para este tipo de conversaciones. Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que las críticas realizadas por parte de la oposición al presidente Mujica, y la respuesta de este acusando a blancos y colorados de  castigarlo solo para sentarse en su sillón, echan por tierra la posibilidad de llegar a acuerdos en un asunto en el que la comunicación es imprescindible.