El crimen de La Pasiva y lo que el gobierno no se anima a decir

El discurso del gobierno luce errático en torno a la seguridad pública. Cada asesinato, como el sufrido por un empleado de La Pasiva, pone al gobierno a tocar una melodía en la que desafina, y que va desde el jefe de Policía reconociendo que falló la prevención, a la senadora Lucía Topolansky acusando a Jorge Batlle de haber permitido el ingreso de la pasta base al país (¿por qué no la paran ahora si era tan fácil?).

Más allá de los desatinos que pueda haber en la política de seguridad del gobierno, lo que contribuye al ruido es que nadie, ni aún el presidente José Mujica que por estos días parece dispuesto a todo en materia de dichos, se anima a reconocer algo que es políticamente inadmisible, institucionalmente cuestionable y humanamente espeluznante: un asesinato como el sufrido por un empleado de La Pasiva es imposible de evitar. Al menos policialmente, imposible.

Cualquier persona en uso de la pura razón podría entender esto. Si alguien sale de su casa con un arma en el bolsillo dispuesto a matar, difícil que alguien lo pare. Incluso si tuviésemos un policía personal, como algunos pretenden al pedir grados de vigilancia en los comercios que son impracticables.

Lawrence Sherman, el experto en seguridad reconocido mundialmente que estuvo en estos días en Uruguay, dijo que cuando hay presencia policial en determinadas zonas el delito desciende. Pero desciende, no desaparece. Siempre puede haber un pobre empleado que caiga bajo las balas de un psicópata.

Y decir que eso es inevitable es algo muy difícil para cualquier gobierno. Por eso cuando tienen que salir a explicar se les nota un discurso forzado, mientras que la gente, con derecho pero seguramente también con ignorancia sobre el asunto, pide y pide soluciones.

En la oposición la reacción es tan burda que mete miedo: aumentar las penas, gritan al lado de los vecinos indignados.

Ya aburre repetirlo: hace años que las penas aumentan y con ellas aumentan los delitos y los presos.

Quienes estudian la mente criminal dicen que el impulso delictivo no se frena ante la posibilidad de sanciones, porque nadie delinque pensando en que va a caer preso. Lo hacen para lograrlo, por eso no importa si se le dan 10 años o 20 años.

La ley, que refleja negro sobre blanco el sentido de Justicia de una sociedad, los manda así a la universidad del delito en un efecto boomerang. Cuanto más los castiga más fuerte el golpe que recibe después.

De cada 10 presos que recuperan la libertad cada día, siete van a volver a delinquir. O sea, pagamos de nuestros bolsillos el funcionamiento de una fábrica que produce delincuentes, a un ritmo de siete por día. ¡Delirante por dónde se lo mire!

¿A cuántos políticos han oído preocupados para que a esos que recuperan la libertad se les haga un seguimiento, ya que sabemos que volverán a delinquir?

Es un planteo muy complejo, difícil de cosechar políticamente y mucho más difícil de explicar en Twitter.

Ahora las cosas se irán calmando, hasta que la rueda del destino le toque infaustamente a otro uruguayo, y entonces el Twitter se volverá a calentar con ideas brillantes.

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