Ley que prohíbe slots está trancada y denuncian vínculos con políticos

En Uruguay pocas actividades económicas operan sin regulación y menos si se trata de un negocio que mueve US$ 100 millones al año a la sombra de la legalidad pero sin aportar al fisco. Es el caso de las tragamonedas o slots que pululan en almacenes y quioscos de barrio –muchos ubicados en zonas marginales–, aunque nada tengan que ver con el rubro principal para el cual fueron autorizados esos comercios. 
En el gobierno y en el Parlamento todos coinciden en que algo hay que hacer. Sin embargo, los proyectos se trancan y de hecho aún hay dos encajonados en el Poder Legislativo. Uno de ellos fue presentado por el ex presidente Tabaré Vázquez y es la base sobre la que se trabajará.

El Frente Amplio está dividido en cómo solucionar el problema de las apuestas ilegales y de la oposición se sospecha que los “empresarios” del rubro aportan a campañas de sectores de izquierda, generando compromisos.

El diputado Jorge Gandini (Partido Nacional) señaló a El Observador que “la única explicación por la cual el oficialismo no avanza en este tema, ya sea para regular o para prohibir a las tragamonedas, es porque los empresarios de los slots ilegales tienen vínculos con sectores del gobierno”. Según consultas de El Observador, esa posición es corroborada por legisladores del Frente que confirman en los pasillos del Parlamento, pero prefieren no salir a la palestra a hacer público lo que reconocen como “obvio”. A Gandini le “consta” que las empresas de las máquinas tragamonedas “tienen relación” con Asamblea Uruguay, la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (Cap-L)  y el Nuevo Espacio.

En Uruguay una ley transparenta la forma en que los privados pueden financiar las campañas y hasta cierto monto no tiene por qué conocerse a quienes hacen aportes. “No es un tema ideológico sino de influencia política”, afirmó Gandini a El Observador. Su colega Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) dijo que no responderá a acusaciones de ese tipo “porque es rebajar la discusión”. Señaló que hay dos grupos de presión: uno son las empresas de estos slots y otro es la Banca de Quiniela, que ven peligrar el número de clientes si se autorizan esas salas. Asti señaló que el tema no fue discutido últimamente en su sector y adelantó que es partidario “de regular” el juego porque “la peor situación es la actual, en que esas máquinas no están prohibidas ni autorizadas”.

El legislador oficialista recordó que la ley sobre financiamiento a los partidos fue votada en el período anterior con la mayoría de votos del Frente Amplio.
Se estima que actualmente hay entre 18 mil y 20 mil slots ilegales, aunque “nadie los contó”, dicen del Poder Ejecutivo. Cada máquina tiene una facturación promedio que supera los
$ 400 por día.
Ayer en el Senado, un debate sobre los costos de utilizar los medios de comunicación privados para las campañas electorales de los partidos derivó en cuestionamientos a la independencia del Poder Legislativo respecto al sector empresarial (ver página 4).
Parlamento
En el período pasado un proyecto de ley con la firma del entonces presidente Tabaré Vázquez proponía prohibir los slots ilegales, que ya entonces se extendían también al interior del país. El texto impulsaba penar como delito la explotación de esas máquinas, lo que llevaría a la cárcel a los comerciantes –no tanto a los dueños de las máquinas que son difíciles de localizar– por ofrecer dicho servicio incluso a menores.

Ese texto –que no prosperó– fue tomado al comienzo de este gobierno por el diputado Gandini, quien lo impulsó en la comisión de Hacienda.
Por este tema, el legislador convocó al Parlamento dos veces al director de Casinos, Javier Chá, y al ministro Fernando Lorenzo (Economía) para conocer su opinión.
De hecho, la Dirección de Casinos redactó un proyecto a pedido de Economía, que en líneas generales regulaba el sector informal de los slots y establecía que hubiera un máximo de tres máquinas por local comercial, como ocurre en España e Italia. La intención era disminuir el volumen de ese negocio irregular, según se explicó a El Observador. Con dichos parámetros de restricción, el texto llegó a Presidencia de la República pero nunca fue enviado al Parlamento.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo a El Observador que el tema “preocupa” al Poder Ejecutivo y que en su opinión el juego ilegal debería ser “prohibido” y las sanciones aumentarse. Breccia mantuvo incluso reuniones con diputados del Frente Amplio y con padres preocupados por la existencia de slots en todo tipo de comercios. En Presidencia se espera que el tema sea tratado en este semestre, pero el Frente Amplio no logra ponerse de acuerdo.
El diputado del MPP, Walter De León, redactó otro proyecto basado en el presentado por Vázquez que prohíbe el juego ilegal, pero sustituye las penas de prisión por sanciones alternativas. El texto que negocia en la bancada y que impulsará próximamente, según dijo a El Observador, también propone destruir los slots ilegales que se vayan incautando.  