Opinión - Editorial
Sensata advertencia de cautela salarial
la advertencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, de que aumentos como los de años previos conducirán a que haya empresas que cierren o reduzcan sus operaciones
En defensa tanto de las empresas como de los trabajadores, es una precaución elemental acompasar los ajustes salariales a la evolución de la economía. Es alentador que el gobierno reconozca esta realidad ineludible al recomendar al sector privado cautela en los convenios que acuerden los Consejos de Salarios que comienzan mañana, en momentos en que la crisis centrada en Europa golpea en todo el mundo. Sus coletazos ya se sienten en Uruguay. Y el hecho de que se prolongará por varios años crea incertidumbre sobre el crecimiento económico uruguayo este año y en el mediano plazo.
El gobierno parece dispuesto a frenar reclamos excesivos en el sector público en vísperas de la Rendición de Cuentas. Los ejemplifican las desbordadas demandas de la educación estatal. Las autoridades de ANEP y los sindicatos docentes, especialmente los de Secundaria, parecen vivir en otro sistema planetario al exigir siete veces más que los recursos adicionales ya asignados por el Poder Ejecutivo con generosidad excesiva, fundamentalmente para aumentos salariales pero sin compromiso alguno de atenuar sus ineficiencias y aceptar las reformas que necesita el sistema educativo. Igual línea oficial de prudencia ha sido encarada ahora para el sector privado con la advertencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, de que aumentos como los de años previos conducirán a que haya empresas que cierren o reduzcan sus operaciones, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. "Si nosotros no tenemos una política salarial que acompañe este proceso (de enlentecimiento económico), lo que logramos es que la empresa cierra o achica la plantilla", señaló Brenta a El Observador. Tanto las empresas como los sindicatos tienen que reconocer el fundado alerta al iniciar las negociaciones en 42 de los casi 200 grupos de actividad.
Brenta instó además a que los convenios salariales, sobre la base de la inflación proyectada más un correctivo anual, tengan tres años de vigencia en vez de uno para apuntalar la estabilidad laboral. El programa anunciado por el ministro para el sector privado incluye otros puntos sensatos que no se han aplicado desde que se restablecieron los Consejos de Salarios al comienzo del anterior gobierno del Frente Amplio, propiciados por el sector empresarial pero resistidos hasta ahora por los sindicatos. Uno es la posibilidad de renegociar los niveles salariales según los resultados de las empresas sean mejor o peor de lo previsto. Otro, de profunda importancia, es poder fijar salarios por empresa y no por sector de actividad. Este procedimiento reconoce que en un mismo sector siempre hay empresas menos rentables que otras.
Es indispensable que los dirigentes sindicales y empresariales apliquen madurez y realismo y que, de ser necesario, el Poder Ejecutivo actúe con firmeza si le toca arbitrar en diferencias irreconciliables entre los otros dos sectores. De lo contrario correrá peligro el modesto crecimiento económico previsto para este año y los siguientes, y el mantenimiento del bajo desempleo actual. Ya que el gasto público excesivo de los dos gobiernos frenteamplistas impidió aprovechar los años de bonanza para blindar mejor el país, no hay otra opción que aceptar ahora una moderación que proteja a todos.




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