La política y las leyes

Al ser consultado sobre el polémico ingreso de Venezuela al Mercosur, decidido después de la suspensión de Paraguay en la cumbre del Mercosur en Mendoza, entre gallos y media noche y con más rapidez y menos garantías de defensa que la destitución de Fernando Lugo, el presidente José Mujica señaló que para dar cabida al país caribeño prevaleció lo político sobre lo jurídico. Nuestro primer mandatario señaló que “lo jurídico tiene que estar al servicio de lo político” y que “la política es el arte de las relaciones humanas. Lo jurídico está para darle garantías. Cuando lo jurídico no se entra a cumplir reiteradamente, hay que cambiarlo, pero eso no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa”.

Esa teoría justifica, por ejemplo, que para hacer ingresar a Venezuela al Mercosur no importaba saltarse las formas jurídicas establecidas en el Tratado de Asunción para el ingreso de nuevos miembros. Mujica venía a decir: si hay voluntad política de Argentina, Brasil, Uruguay y el presidente de Paraguay en que Venezuela ingrese al Mercosur, no podemos quedarnos atados porque el Congreso paraguayo no termina de ratificar dicho ingreso. Ergo, si hay voluntad “política” de cuatro presidentes y tres parlamentos de que Venezuela ingrese, esa voluntad no puede quedar maniatada por la forma “jurídica” del tratado que requiere la habilitación parlamentaria de los cuatro países miembros. Por tanto, viene a decir el presidente, saltémonos esa “barrera jurídica”  aprovechando que Paraguay está suspendido por unos meses, y otorguemos primacía a la “voluntad política” dando ingreso a Venezuela.

Más allá de si es conveniente que Venezuela ingrese al Mercosur, y con independencia de que su presidente sea Hugo Chávez, hay algo que rechina en la justificación presidencial. Si hay un tratado marco que rige las actuaciones y relaciones de los miembros, no puede echarlo a la basura porque una de sus normas impide concretar una voluntad política. Con ese criterio, no haríamos nada más que decir: no importa lo que digan los tratados, apliquemos la realpolitik de la época y tomemos las decisiones que nos parezcan más oportunas. A Mujica puede parecerle un detalle mínimo la aprobación del Congreso paraguayo y lo demuestra el hecho de que en diciembre pasado en Montevideo pergeñó una fórmula para saltarse ese obstáculo. En esa oportunidad, fue disuadido por el propio Lugo que dijo que si se hacía eso, a él le hacían juicio político. Primó la visión jurídica de Lugo, y no se forzó el ingreso de Venezuela. Ahora se aprovechó el juicio político a Lugo y se aprobó el ingreso venezolano.

Pero las normas tienen su importancia. Con el mismo criterio mujiquista de que lo político o lo económico predomina sobre lo jurídico, Argentina puede establecer trabas al comercio interregional, como está haciendo desde varios meses. Está violando el espíritu y la letra del Tratado de Asunción, está perjudicando a los demás países miembros, pero nadie puede decirle nada porque las normas jurídicas deben ceder ante la realidad política, de la cual son subsidiarias. Entonces, con ese criterio, el Mercosur se deshace en mil pedazos y de él solo queda, por ahora, su nombre.

Por el contrario, si el tratado, que nació de una voluntad política y la plasmó jurídicamente, se aplicara correctamente Argentina no podría violarlo impunemente a la vista de todo el mundo. Nuestra única protección ante este proceder es lo “jurídico”, aquello a lo que nos comprometimos en su día para plasmar un mercado común con libertad de circulación de bienes, servicios y personas entre los cuatro países.

Ahora bien, si a las señoras Fernández de Kirchner y Rousseff y al señor Mujica no les gusta el libre comercio intrarregional tienen una forma correcta de formalizarlo: disuelven el Tratado de Asunción y hacen el Tratado de Caracas (o de lo que sea) y fijan nuevas normas, juntan nuevos miembros, autorizan a cada país a tomar las medidas comerciales que les dé la gana. Eso sí, difícilmente obtengan provecho alguno pues allí donde no hay reglas, seguramente no habrá seguridad jurídica, ni inversiones ni comercio.

Para algunos, lo jurídico es un obstáculo. Para otros, es una garantía. Cambiemos lo jurídico si no nos gusta, pero mientras no lo cambiemos, cumplámoslo. El derecho es la fuerza de los débiles: frente a la ley de la fuerza, está la fuerza de la ley. Y la fuerza de la ley fue la que forjó a lo largo de los siglos la civilización occidental, al limitar el poder absoluto de los reyes y acabar con la ley del más fuerte. Cuidemos, pues lo jurídico, que es garantía de las libertades y derechos individuales frente al poder de los gobiernos. No caigamos en el repudio a las “libertades y derechos burgueses” de la década de 1960.