La basura puede barrer en parte la mala imagen de la intendenta

El 8 de diciembre de 2010, y rodeada de buena parte de su gabinete, la intendenta Ana Olivera anunció la esencialidad de los servicios de recolección de basura para torcerle el brazo a Adeom, y tras el aplauso cerrado de sus colaboradores, la jefa comunal se vio apoyada por la oposición política y aumentó el respaldo a su gestión entre los montevideanos. Aquel conflicto que estaba dejando a la capital regada de desperdicios tras varios días de paro del gremio municipal, resultó un punto a favor de la intendenta.

En estos días en los que la imagen de Olivera se ha derrumbado en las encuestas y los conflictos sindicales recrudecieron en casi todas las ramas (ver nota aparte), la intendenta parece haber encontrado en la basura un problema pero también una posibilidad de alivio ante los reclamos.

Tener enemigos siempre rinde en materia política y en la IMM lo saben. Pese a que las medidas de Adeom no exhiben la misma virulencia –pararon durante todo el viernes y se reintegraron a la una de la tarde del sábado– la intendencia ya le solicitó al Ministerio de Salud Pública que “monitoree” la salubridad de la ciudad para, en cuanto lo amerite, pedirle al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que decrete la esencialidad de los servicios. En diciembre de 2010 la esencialidad fue decretada luego de que los contenedores se saturaron de desperdicios y de que Adeom aprobara un plan de medidas que paralizarían la recolección de residuos durante una semana entera.

Ayer, Ricardo Prato, secretario general de la IMM, dijo a El Observador que “no hay nada que amerite todavía” la esencialidad de los servicios. Sin embargo, el ministro de Salud, Jorge Venegas ,advirtió que ya se han detectado focos de riesgo sanitario en barrios de la periferia y en Malvín, Buceo y Pocitos donde hay contenedores desbordados.
Desde la IMM se entiende que no ha habido paros, sino asambleas que han afectado la recolección de los residuos, pero sin que exista, en definitiva, un incumplimiento de la cláusula de paz firmada por ambas partes. 

El Observador realizó una recorrida por distintas zonas de Montevideo y constató que, en general, los contenedores aparecían limpios o con algunas bolsas, cajas y desechos de poda en el exterior. No obstante, algunos contenedores cerca de Montevideo Shopping, otros por 26 de marzo y Lorenzo Pérez, y otros a lo largo de Nueva Palmira, estaban desbordados o vacíos, pero con mucha basura alrededor. Según la IMM, es frecuente que aparezca basura en las veredas los días lunes, dado que hay más actividad de clasificadores durante los domingos  y la gente tira a la calle electrodomésticos o muebles en desuso, que deben ser recogidos por un servicio de limpieza especial.

“Es habitual que haya un grupo de personas que sacan los residuos del contenedor”, comentó Juan Canessa, director de Desarrollo Ambiental. Y agregó: “Si se vuelve a instalar un Tribunal de Faltas, serán sancionados”. La IMM había exhortado a la población a no sacar la basura durante todo el fin de semana.

 El dirigente de la lista 1980, Pablo González, afirmó que la administración está, otra vez, “demonizando” al trabajador comunal frente a la opinión pública. “Si un trabajador hace 8, 12, 16 horas, y no le pagan las horas extras, no es un tema que se le pueda adjudicar al trabajador, es un problema de responsabilidad de la administración”, manifestó.

 La lista 1980 no votó la cláusula de paz. González manifestó que eso no los ata “ni de pies ni de manos” para iniciar un conflicto cuando están en juego las condiciones laborales de los trabajadores. “No es una relación de amistad. Cada uno tiene su punto de vista y nosotros defendemos al trabajador”, apuntó.

La interna
En el gobierno nacional existe “mucha preocupación” por lo que consideran “medidas distorsivas” del sindicato de municipales y prepara sanciones focalizadas a los responsables.

Para aplicar los descuentos anunciados por Prato, los jerarcas piensan apelar a un decreto del 18 de agosto de 2008, aplicado en el gobierno de Tabaré Vázquez, para descontar del sueldo a los trabajadores que se sumaron a la medida de lucha, el equivalente porcentual a la afectación del servicio. Es un decreto que otorga al gobernante la posibilidad de sancionar el ejercicio atípico del derecho a huelga.

En el gobierno entienden que la minoría radical que representa a los trabajadores en el sector Limpieza busca hacer caer el convenio salarial entre Adeom y la IMM, aprobado con votos de la mayoría moderada del Partido Comunista que conduce al gremio, por medio de paros parciales que distorsionan el servicio.

La administración de Olivera estudia denunciar el incumplimiento a lo establecido en el convenio, donde existe una cláusula de paz para el área de limpieza y recolección de residuos. El ala radical de Adeom, integrada con gente de Asamblea Popular, el Partido de los Trabajadores y grupos escindidos del Frente Amplio, conducían  el sindicato hasta 2011.

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