Denuncia colectiva contra “la industria del juicio” en Rivera

Una dupla de abogados que trabaja desde hace años en Rivera entablando juicios laborales a empresas del departamento en representación de los trabajadores fueron denunciados en lo penal y civil por un grupo de trabajadores forestales que los acusan de haberse apropiado indebidamente de dinero por juicios ganados.

Según plantea la denuncia, a la que accedió El Observador, los pleitos se ajustan a un patrón delineado de acción y que, según los denunciantes, ha supuesto un acelerado enriquecimiento de los letrados Nibia Ramos y Robert Batista que se llevan un caché bastante más elevado del permitido.

Los demandantes aseguran estar ante un claro caso en que la “industria del juicio” pudo llevar a estos abogados más allá de lo admitido por las normas y reglamentos que regulan esa actividad.

Impulsados por estos abogados los trabajadores iniciaron acciones contra compañías forestales en las que se hicieron de unos US$ 12 millones, de los cuales, según estiman los denunciantes, unos US$ 9 millones quedaron en poder de los abogados.
Los juicios fueron iniciados en 2004, aunque los trabajadores –y los abogados– comenzaron a cobrar el dinero seis años después. Hoy en día hay otros juicios en curso como, por ejemplo, el iniciado por un grupo de 109 trabajadores contra una empresa forestal.
El paso judicial dado por 13 operarios de la forestación el viernes por la tarde en Rivera –aunque muchos de ellos ya no se encuentran en el rubro, justamente, por seguir la línea de los juicios– apunta a desmadejar la forma de actuación de los dos abogados que tienen su estudio y domicilio en Rivera.

Ramos y Batista, abogados del Sindicato Único Nacional de Obreros Forestales, SUNOF (no registrado por el PIT-CNT, que sí reconoce al Sindicato Obrero de la Industria de la Madera, SOIMA), repiten una estrategia para todos los juicios. Se presentan ante el empleado forestal, lo convencen para entablar un juicio ante la empresa con un reclamo legítimo –casi siempre respecto a pago de jornadas extras, horarios y traslados–, y le dicen que de ganar el pleito la ganancia se divide en 25% para los abogados y 75% para los trabajadores.
Pero algunos de los trabajadores que se presentaron ante la Justicia (uno de ellos analfabeto) dicen que la relación de ese dinero ha sido al revés o, en el mejor de los casos, los letrados se quedan con más del 50%.

Los abogados, además, suelen no informar al trabajador por cuánta plata han ganado un juicio ante una compañía. Nunca ha habido lugar a una conciliación entre las partes y los operarios son instados por Ramos y Batista a no salirse del juicio una vez iniciado.
El caso de los 13 trabajadores que se presentaron en el juzgado de Rivera, todos afiliados al SUNOF, es la primera denuncia. Todos ellos fueron inducidos por los abogados a enjuiciar a las empresas; esos pleitos en concreto dieron una “ganancia” de un millón de dólares al valor de 2004. Ramos y Batista se quedaron con poco más de medio millón de dólares, dicen los denunciantes.

Gilberto Royón, antiguo capataz de brigada de incendio y podador, forma parte del grupo de los 13. Ese trabajador, que dedicó 17 años al sector forestal, dijo a El Observador que se adhirió a los planteos de los abogados porque los reclamos eran legítimos.
Aseguró que Ramos y Batista ocultaban la cifra real que percibían por los juicios y que éstos afirmaban que solo el 25% correspondía a los letrados.
“Se trata de una estafa bien clarita. Quiero el dinero y quiero justicia”, indicó Royón, quien en 2004 perdió su lugar en la forestación y hoy trabaja en una veterinaria de Tacuarembó. Pese a que ganó casi un millón y medio de pesos, no hace mucho se enteró que los abogados se quedaron con dos millones de pesos gracias a su juicio. Las empresas forestales ya venían alertadas por el fenómeno de estos juicios al percibir que la conducta de los demandantes se repetía.

Se suele cobrar el 30% al trabajador
Salvo en la materia Penal, donde cada abogado puede decidir cuánto cobrar, en el resto de las materias los honorarios están fijados en el arancel del Colegio de Abogados. Según explicó un abogado, se suele cobrar menos del arancel porque se estima alto. La norma impide cobrar más del 50% de lo que recibe el trabajador en el juicio pero se suele cobrar el 30%, indicó. El monto mínimo que se puede cobrar son 15 Unidades Reajustables ($ 8.770).

No quisieron hablar
El Observador intentó comunicarse con los abogados denunciados para que dieran su versión pero no quisieron hacer declaraciones. De hecho, estaban en el juzgado cuando los trabajadores presentaron la denuncia, pero se fueron de la sede sin hablar. Tampoco quiso referirse al tema el titular del Sindicato de Obreros Forestales.

Fernando Oyanarte: Secretario general del Soima

“El Sunof funcionó como sala de espera de los abogados”

¿Los trabajadores del SOIMA no han hecho reclamos como los del SUNOF?
Si la Justicia falló a favor de los trabajadores fue porque tenían razón, no vamos a ponernos en contra de eso. Lo que está en cuestión es la actitud y la ética de los abogados que representaron a los trabajadores. Nosotros hemos sido críticos con la gestión del sindicato del SUNOF (separado del SOIMA) porque se plantea una industria del juicio a través de un sindicato de gestoría, en el que el estudio de Ramos y Batista vio un gran filón ahí para sus intereses. Tengo la convicción, aunque no las pruebas, que el SUNOF funcionó como una sala de espera de estos abogados.

¿Cree que van a tener suerte los demandantes?
No quiero entrar en terreno que no manejo. Está más que claro que los reclamos de los trabajadores eran válidos, porque la Justicia falló a su favor. Vamos a ser cautelosos con esto. Por más que no están con nosotros, estamos tomando contacto con ellos para ofrecerles el respaldo que tienen que tener.
Tras las negociaciones colectivas, los jueces no las tuvieron en cuenta a la hora de fallar a favor de esos trabajadores. ¿Qué pasa cuando los jueces no respetan esos acuerdos? Eso es bien preocupante. Esto después que se acuerda tiene carácter de ley. En el ramo jurídico la ley está por encima del decreto. Eso será preocupación de los que perdieron los juicios, o sea las patronales, de recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Acá con esos fallos se desconoce los acuerdos con los trabajadores. Aunque parezca que se favorezca a los trabajadores, se abre una puerta peligrosa.

¿Fue negligente SOIMA al no prever esta situación?
No nos va a temblar el pulso para acordar con las patronales y ponerle cerco a esta gente, a quienes se quedan con el dinero que ganaron legítimamente los trabajadores.