Gobierno espera recaudar hasta US$ 3,5 millones de la radio y la TV

Cuando los canales de televisión y las radios se enteraron de que el gobierno preparaba el decreto por el cual les cobraría un precio por el uso del espectro radioeléctrico, entendieron que se venía una guerra. Más cuando supieron que en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se prevé incluir un tributo que deberán pagar anualmente, y que será un porcentaje sobre su facturación. Y cuando a eso se agregó la inclusión de los informativos en el horario de protección al menor creyeron que era un ataque personalizado y pensaron en interponer recursos contra ese decreto.

Sin embargo las cosas no fueron tan dramáticas. Para empezar, los costos que el gobierno prevé cobrar a los medios audiovisuales son más bajos que lo que algunos imaginaban. Y además, el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), encargado de controlar que no se emitan imágenes violentas o pornográficas desde el inicio de la señal hasta las 21 horas, por ahora prefiere el camino del diálogo antes de empezar a sancionar.

Con este panorama, según pudo saber El Observador la Asociación de Broadcasters (Andebu) dejó en suspenso la presentación de recursos contra este último decreto y va a ir a la mesa de negociación que comienza la próxima semana. A pesar de la molestia que existe y que persistirá por los cobros que el gobierno les aplicará, los medios están trabajando con el Poder Ejecutivo en la forma de regulación de la emisión de imágenes por un lado, y en el precio que se pretende cobrar.

Millones
La ley vigente en materia de telecomunicaciones indica que por el uso de las frecuencias radioeléctricas se pague dinero, pero la norma deja “exceptuados las estaciones de radiodifusión (AM, FM, TV abierta)”.
El artículo 136 de la Rendición de Cuentas elimina esa excepción y para poner el precio tiene la potestad el Poder Ejecutivo. Justamente, ese precio es el que se intentará negociar con los medios y dependerá de su alcance a nivel nacional, entre otras cosas.

De todas formas, el gobierno calcula, según informaron legisladores frenteamplistas a El Observador, que lo que se recaudará por concepto de ese cobro será cerca de US$ 1,5 millones. Eso ya está definido, se votó en la Rendición de Cuentas y la mitad del dinero que efectivamente se recaude se destinará a la educación. La otra mitad se destinará al fomento de la industria audiovisual.

Varios legisladores consideran que el monto es “menor” y que la idea del gobierno no es “matar” a los canales, advirtieron.
Pero por otra parte, el Ejecutivo discute actualmente el costo y la oportunidad de comenzar a cobrar el tributo sobre la facturación a los medios audiovisuales, para destinar ese dinero al Fondo de Producción Audiovisual que se prevé incluir en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En la discusión que se dio el año pasado cuando se analizaba el decreto de TV digital se manejó que aquellas empresas que facturen más de 2 millones de Unidades Indexadas anuales (unos US$ 240.000) deberán aportar el 1% de su facturación.

Mientras tanto, aquellas firmas que recauden menos de esa cifra deberán pagar 0,5% del total. “Los titulares de dicho servicio deberán presentar sus balances anuales con contabilidad suficiente y auditada en el tiempo y forma que se dispondrá oportunamente”, señalaba el texto. Esos porcentajes aún se analizan, pero el gobierno prevé recaudar por ese concepto una cifra cercana a los US$ 2 millones por año.

Según la información publicada en el libro “La televisión privada comercial en Uruguay” de Edison Lanza y Gustavo Buquet, los ingresos netos de los canales y grupos de televisión abierta en el año 2010 fueron de US$ 86,4 millones. Si a esa cifra se le aplicara el 1% previsto el gobierno recaudaría menos de
US$ 1 millón pero allí no están contenidos los canales de cable ni las radios de todo el país, ni el aumento en la facturación de los últimos años. Por eso las estimaciones se aproximan a la cifra de US$ 2 millones.