Justicia pidió las actas de la CARP para investigar coima

La Justicia en Crimen Organizado ya solicitó a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) las actas de las reuniones del grupo binacional –que fueron catalogadas de reservadas– para investigar si existieron irregularidades en torno a la licitación por el dragado del canal Martín García, dijeron a El Observador fuentes judiciales.

El juez Néstor Valetti pidió por exhorto a Argentina esa documentación, dado que las oficinas están en Buenos Aires. Según informó ayer Brecha, el fiscal Juan Gómez pidió iniciar la investigación por la denuncia que presentó el abogado Gustavo Salle.

La Justicia quiere saber si en las actas quedó registrado el pedido de coima al presidente de la delegación uruguaya de la CARP, Francisco Bustillo, para que favoreciera a la empresa Riovia que desde 1996 draga y mantiene el canal Martín García.

La denuncia de Salle estuvo motivada en la nota de El Observador que informó del intento de coima el pasado 5 de mayo. 

Salle la presentó el 17 de mayo, al día siguiente de que en el Parlamento, el canciller Luis Almagro, negara el intento de soborno pero el embajador itinerante, Julio Baraibar, admitiera públicamente el hecho. Baraibar afirmó: “Bustillo me contó con detalle que lo habían querido sobornar, que se había negado a aceptar la oferta y que había informado a sus superiores”.

El abogado denunció que Baraibar pudo haber incurrido en el delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delitos.  El artículo 177 del Código Penal castiga a los funcionarios que tomen conocimiento de un delito y no lo denuncien, incluidos jueces y policías. La pena es de tres a 18 meses de prisión.

Salle planteó en la denuncia que cuando era director de Trabajo, Baraibar denunció ante la Policía a la hija de Irma Leites por una manifestación que hizo en la puerta del Ministerio de Trabajo en la que pintó una pared con insultos, mientras que frente a este episodio “prefirió callarse”.

Luego de que la CARP entregue las actas, el juez Valetti enviará nuevamente el expediente al fiscal para que las estudie y decida a quiénes citar a declarar.

Almagro aportará más datos
Ayer Brecha informó que Almagro decidió que enviará los antecedentes del caso Riovia a la Justicia. El canciller está dispuesto a enviar un pedido para levantar el secreto bancario de los pagos hechos por la firma argentina a personas y sociedades de ambos países.

Almagro dijo el 26 de julio en el Parlamento que cuenta con tres informes jurídicos –uno de los servicios jurídicos de la cancillería, otro del excanciller Gonzalo Fernández y otro de la abogada Mary Luz– coincidentes en cuanto a que no es posible hacer una denuncia sobre estos hechos.

De todos modos, a juicio del canciller, el informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que planteó dudas acerca de la regularidad de los procedimientos, deja abierta la posibilidad de otras medidas legales. “Esto significa que puede ser una investigación administrativa; es muy difícil, en estos términos, hacer una denuncia, de acuerdo a lo que señalé antes”, dijo.

De todos modos, aseguró que le interesa “seguir profundizando en el tema”. “Es porque soy porfiado, y “cabezón”. Pero en este sentido, con estos argumentos, y con los informes de la cancillería, no tengo los elementos necesarios para hacerlo”, concluyó Almagro.

Argentina también investiga
La Justicia argentina remitió a Uruguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, un exhorto para que el canciller Almagro, el subsecretario Roberto Conde, Bustillo y Baraibar, declaren en la investigación que se sustancia en ese país por el intento de coima.

El juez argentino Claudio Bonadío retomó la investigación el lunes 30 de julio, luego de la feria judicial de su país.

La diputada argentina Graciela Ocaña (independiente y opositora al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) fue quien presentó la denuncia en su país, junto al diputado Manuel Garrido luego de la publicación del El Observador. Ahora, la denuncia de los diputados opositores fue ampliada con el informe del TCR.