Antes de avanzar en el dragado del canal, Argentina quiere a Bustillo en la Justicia

La cancillería argentina difundió anoche un comunicado en el que pide al gobierno uruguayo que “responda afirmativamente el exhorto de la Justicia” de Buenos Aires que solicita “la comparecencia del embajador Bustillo  para declarar sobre las informaciones de prensa que lo involucran en supuestos intentos de la empresa uruguaya Riovía (sic) de corromper el proceso de dragado y profundización del canal en cuestión”.

La firma Riovia en realidad es de origen holandés y uno de sus representantes habría intentado, durante una reunión en Buenos Aires, ofrecer  una coima a Francisco Bustillo para asegurarse que la empresa seguiría realizando el dragado del canal Martín García. El funcionario uruguayo se retiró antes del encuentro y no se llegó a formalizar ningún pago a cambio de favorecer a esta compañía en una futura licitación.

En el comunicado público, la cancillería de Timerman también reclama que Uruguay “suspenda la inmunidad diplomática” de Bustillo “en la causa por la importación indebida de automóviles extranjeros” y lo acusa de estar involucrado en una causa por contrabando.

Agrega que el embajador uruguayo “es el único diplomático involucrado cuyo país no ha otorgado el levantamiento de la inmunidad diplomática para que sea investigado por la Corte Suprema argentina luego de que el juez interviniente comprobó la participación del embajador Bustillo así como la intermediación de firmas fantasmas y adulteración de documentación entre los vehículos pertenecientes al embajador Bustillo” (ver nota aparte).

“Llama la atención que la razón esgrimida por el gobierno uruguayo sea, casualmente, que el embajador Bustillo preside la Comisión del Río de la Plata que tiene jurisdicción en el canal Martín García”, dice el comunicado argentino.

Según el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, “la actitud” de Uruguay “contrasta con la actitud de las repúblicas de Bolivia y Congo que ordenó a sus diplomáticos a someterse a la Justicia argentina en la misma causa”.

Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que Argentina “nunca aceptó” que Bustillo, que fue embajador de Uruguay en Argentina durante los años más conflictivos de la disputa por la planta de celulosa, fuera el designado para negociar el dragado del canal en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).

La cancillería argentina dice en la carta que tiene un “interés estratégico” por el dragado del canal Martín García” porque ello refuerza “el crecimiento” del comercio entre ambos países, pero considera que debe encararse con transparencia “y de acuerdo a los dictámenes de la Justicia”.

“Es importante que nuestro pedido haya sido tenido en cuenta y se hagan todas las presentaciones ante la Justicia”, apunta Timerman.

Si Uruguay acata el pedido, según el canciller, eso “dará lugar para que pasemos de las meras palabras, rumores y suposiciones a los hechos concretos que no son otro que el dragado y profundización de la vía navegable”.

Reacciones

Luego de la difusión del comunicado, Bustillo declaró a UNoticias en la web que la carta kirchnerista  “es la confirmación de la persecución política que sufro hace varios años por parte del gobierno argentino” y recordó que “dos gobiernos, el de (Tabaré) Vázquez y el de Mujica, invocaron la inmunidad diplomática por esta misma razón”.

El mismo portal informó que existe una “persecución política” contra el ex embajador Francisco Bustillo y que “llama la atención en que en una megacausa en la que hay 100 diplomáticos presuntamente involucrados, solo se hable del embajador Bustillo”.

Para el gobierno de Uruguay, se trata de “una clara persecución política contra un diplomático de carrera que cumplió un destacado rol por preservar las relaciones” bilaterales cuando fue representante de Uruguay, pero que “ha denunciado las dilaciones argentinas entorno al tema del dragado y defendido la posición de Uruguay para encontrar una salida”.

Fuentes consultadas por El Observador señalaron que la investigación judicial sobre Bustillo fue archivada por la Corte Suprema de Justicia de ese país.