Bustillo es un “factor de irritación” para Argentina y “genera tensión”

El jurista Edison González Lapeyre, quien participó de las negociación del Tratado del Río de la Plata, afirma que lo primero que debería hacer Uruguay para comenzar a solucionar el diferendo que Uruguay mantiene con Argentina por el dragado del canal Martín García es modificar la integración de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de La Plata (CARP), incluyendo a su presidente Francisco Bustillo, que es un “factor de irritación” para Argentina.

El embajador Bustillo “irrita a la parte argentina y ha generado que la tensión ente ambos países sobre este tema haya ido en aumento”, señaló González Lapeyre a El Observador, al tiempo que advirtió que fue un “error” del gobierno uruguayo haberlo designado en su cargo. “No es lo más acertado. La prueba está en que muchos de los problemas que tenemos en la CARP son consecuencia de esta designación. Todas estas cosas tienen como protagonista a el embajador Bustillo”, afirmó.

Y es que según González Lapeyre esto resulta obvio tratándose de una persona que ya fue embajador en Argentina, país en el que tiene una denuncia penal abierta por utilización abusiva de franquicias diplomáticas y falsificación de documentos. “Es un hombre totalmente vulnerable. Aunque es probable que sea inocente y que no haya cometido ningún delito. Pero teniendo en cuenta este tipo de antecedente es un persona que puede ser sometida a todo tipo de presiones”, manifestó el jurista, quien también recordó que desde febrero de 2012 Bustillo quiere formular una denuncia contra el canciller argentino, Héctor Timerman por “persecución política”.

“Está claro que Uruguay no puede seguir negociando en estos términos”, subrayó González Lapeyre.

Este sábado la cancillería argentina emitió un comunicado en el que solicita la suspensión de la inmunidad de Bustillo para que declare ante la Justicia argentina en una causa por “importación indebida de automóviles previa a continuar con las negociaciones acerca del canal Martín García”. Ante esto, el presidente de la delegación uruguaya en la CARP pidió a la cancillería argentina permiso para poder salir a defenderse y poder hablar, informó este lunes El Observador.

Del mismo modo, la cancillería argentina pidió a Uruguay en la misiva que “responda afirmativamente el exhorto de la Justicia argentina, solicitando la comparecencia del embajador Bustillo para declarar  sobre las informaciones de prensa que lo involucran en supuestos intentos de la empresa uruguaya Riovia de corromper el proceso de dragado profundo y profundización del canal en cuestión”. Riovia es de capitales holandeses, no uruguaya.

En este sentido, González Lapeyre es partidario de que Uruguay le quite la inmunidad a Bustillo para que pueda comparecer ante la Justicia argentina. “Cuando el Estado receptor le solicita al Estado acreditante que renuncie a la inmunidad de jurisdicción de uno de sus diplomáticos, la debe conceder de inmediato”, afirmó el jurista.

De lo contrario, adelantó, “está poniendo en tela de juicio la idoneidad de la Justicia del territorio de un país con el cual mantiene relaciones diplomáticas. Y, por otro lado,  también pone en tela de juicio la conducta de ese funcionario que se ampara en inmunidad diplomática”. Esto constituye “una actitud que no es acorde con las prácticas diplomáticas”, añadió.

Salida para Uruguay
Para González Lapeyre, la estrategia que le queda a Uruguay para poder dragar el canal Martín García es hacerlo de forma unilateral, dado que ya se han agotado las instancias para negociarlo con Argentina.

“La tesis que sustento es que hay que plantearle a Argentina que en realidad no tiene interés en el dragado y por lo tanto que permita que Uruguay haga el dragado por sí solo”, aseveró. Para lograr este objetivo ambas partes deberían rescindir las notas reversares del año 2006 por el cual se llegó al acuerdo para el dragado conjunto.

Una vez logrado esto, Uruguay podría de acuerdo al art. 17 del Tratado del Río de la Plata promover el dragado del canal Martín García de “forma exclusiva y excluye”. Lo difícil para alcanzar esto es conseguir es obtener el beneplácito de Argentina. Pero para el jurista no hay peor gestión que la que no se hace.

Incluso, González Lapeyre agrega que para bajar la tensión al diferendo y alcanzar más fácil este objetivo, no solo hay que modificar la integración de la delegación uruguaya ante la CARP, sino que además se deben “bajar las revoluciones, no hacer declaraciones y empezar a convencer con un espíritu distintos al que ha prevalecido últimamente”.

La denuncia de Almagro
El jurista González Lapeyre manifestó también que el canciller Luis Almagro procedió mal cuando presentó una denuncia ante la Justicia uruguaya por los eventuales delitos que pudieron cometer durante el proceso para el dragado del canal Martín García porque esa acción la debería haber formulado ante un juzgado argentino, territorio donde se cometió el delito.

“Almagro formula la denuncia acá, cuando el delito se cometió en Argentina y por lo tanto los tribunales competentes son los argentinos”, afirmó, citando el tratado de Derecho Penal Internacional de 1939-40, el cual regula las relaciones de Uruguay y Argentina en esta materia.

El tratado establece en su art. 1º que “los delitos, cualquier sea la nacionalidad del agente, de la víctima o del damnificado, se juzgan por los tribunales y se penan por las leyes del Estado en cuyo territorio se perpetran”.

La tentativa de soborno y la CARP se localizan en Argentina, por lo tanto, “nuestros tribunales no son competentes para entender en los hechos denunciados”, explicó González Lapeyre.