Tufillo a vengativa prepotencia argentina

Una de las pocas cosas útiles que salieron de la cumbre del Mercosur en Brasilia fue un anunciado acuerdo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de atenuar las estridencias públicas de su gobierno contra Uruguay acerca del canal Martín García y tratar las disidencias con algo más de recato. Pero bastó que CFK y su canciller Héctor Timerman regresaran a Buenos Aires para que el régimen kirchnerista retomara su historia de asumir compromisos y tirarlos de inmediato por la ventana, en este caso con una exigencia y una queja igualmente improcedentes.
Timerman amenazó con seguir trancando el dragado del canal a menos que nuestro gobierno emule a Herodes y le entregue en una bandeja la cabeza del jefe de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), embajador Enrique Bustillo. El pedido oficial es que Uruguay "suspenda la inmunidad diplomática" de Bustillo para que comparezca ante la Justicia argentina en dos causas, una por el intento de soborno en la CARP y otra por una presunta venta irregular de autos importados con franquicia cuando el diplomático era embajador en Buenos Aires hace tres años, tema ya archivado por la Corte Suprema de Justicia del país vecino. Y en otra carta al canciller uruguayo Luis Almagro, Timerman se quejó de que la planta de UPM produce demasiada pasta de celulosa.
La violación del acuerdo CFK-Mujica de bajar los decibeles públicos de las confrontaciones tiene un fuerte tufillo a prepotencia vengativa por la denuncia de Bustillo de que en la CARP se intentó sobornarlo con un millón de dólares para que apañara el interés argentino en seguir favoreciendo a la empresa Riovia en el dragado del canal. A esta denuncia, que generó una acción penal por dos diputados argentinos ante la Justicia de su país, se agrega el enojo del kirchnerismo con Bustillo desde la época en que, como embajador en Buenos Aires, defendió la posición uruguaya durante el conflicto sobre la instalación de UPM, ex Botnia, en Fray Bentos.
El gobierno uruguayo rechazó con firmeza los nuevos desplantes de Timerman, señalando que se trata de una notoria persecución política contra Bustillo. En cuanto a la queja de que UPM produce más de lo acordado, el exvicepresidente Luis Hierro, que integra nuestra delegación en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), aseguró a El Observador que la producción de la planta "nunca se sobrepasó" de lo establecido. Solo existe un pedido de autorización de UPM a la CARU para aumentar su producción, tema que está a estudio de la delegación argentina.
La administración Mujica ha asumido últimamente una actitud algo más firme de rechazo a las andanadas argentinas, en un cambio parcial de su fracasada política de soportar restricciones comerciales, trabas en el dragado y exabruptos kirchneristas en la esperanza de que el gobierno de CFK deponga algún día su gratuita hostilidad contra nuestro país. Los dos nuevos reclamos públicos de Timerman confirman la futilidad de la paciente tolerancia uruguaya. Como no podemos romper de una vez con un gobierno hostil, debido a lazos económicos y estructurales que nos atan a Argentina, solo queda defender con la máxima firmeza la razón y la legalidad de la posición uruguaya en un conflicto generado arbitrariamente por el régimen kirchnerista.