Causa de Bustillo en Buenos Aires está cerrada, confirmó la fiscal

La Corte Suprema de Argentina “archivó” el expediente por el cual se investigó al embajador uruguayo Francisco Bustillo por una aparente maniobra con autos de alta gama para los que gestionó ampararse a un régimen de franquicia impositiva al que pueden acceder los diplomáticos. Sin embargo, la Justicia uruguaya, si tenía dudas, pudo haber juzgado la conducta del diplomático, según se explicó a El Observador desde la fiscalía penal argentina. La cancillería uruguaya nunca presentó una denuncia al respecto.

La duda sobre el curso de la denuncia que había realizado el gobierno de Argentina en marzo de 2007 surgió el fin de semana pasado cuando la cancillería de Héctor Timerman reclamó sorpresivamente a Uruguay que “suspenda la inmunidad de Bustillo” por “la importación indebida de automóviles”. En un comunicado se afirmó que el representante uruguayo –que fue embajador en Buenos Aires– “es el único diplomático involucrado cuyo país no otorgó el levantamiento de la inmunidad para que sea investigado por la Corte Suprema Argentina luego de que el juez interviniente comprobó la participación del embajador Bustillo como así también la intermediación de firmas fantasmas y adulteración de documentación entre los vehículos pertenecientes a Bustillo”. 

María Luz Rivas Diez, fiscal en lo penal económico que trabajó el expediente en primera instancia informó ayer a El Observador que el caso Bustillo había sido elevado por el juez a la Corte Suprema, órgano máximo del Poder Judicial, que finalmente lo archivó en base a la Convención de Viena. Ese tratado, que signaron Argentina y Uruguay, rige la conducta de los diplomáticos en el exterior y establece la inmunidad de jurisdicción.

Por eso Uruguay pudo negarse a que un embajador suyo sea juzgado en Argentina pero si considera que hubo un delito, lo puede someter a la Justicia del país. La investigación al hoy jefe de gabinete de la cancillería uruguaya y presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata ocurrió en el marco de una denuncia que involucró a varios países y diplomáticos. La fiscal Rivas Diez explicó a El Observador que “la conducta (de Bustillo) pudo ser irregular pero por estar cumpliendo una representación diplomática el Estado (uruguayo) se reserva derecho de juzgarlo en su patria”.

Bustillo había solicitado franquicias para importar sin impuestos dos autos Porsche 911 cotizados en US$ 98 mil cada uno. Además, en 2004 había ingresado por esa vía otros dos vehículos BMW. Timerman afirmó en la nota enviada al canciller Luis Almagro que esos “cuatro autos tienen diseños que distan bastante de los utilizados por el cuerpo diplomático” dando a entender que pudo haber una maniobra ilegal.  El gobierno uruguayo respaldó a Bustillo. 