Estudio demuestra violaciones porteñas al acuerdo aeronáutico

Un estudio del buffet de abogados estadounidense Covington & Burling, sobre el tratamiento de Uruguay y Argentina de los servicios aéreos subregionales, enumera una serie de violaciones a los acuerdos aeronáuticos binacionales por parte de Argentina, ante las solicitudes de la exaerolínea de bandera uruguaya Pluna. El resumen ejecutivo del estudio, al que accedió El Observador, explica que Argentina no cumplió con el Acuerdo de Fortaleza, de 1996, celebrado entre varios países de la región, ni con el Acuerdo de Transporte Aéreo de 1983, de carácter binacional, que tuvo sucesivas modificaciones en 1997, 2003 y 2005, en la gran mayoría de las veces que Uruguay solicitó habilitar frecuencias.

“Uruguay debería poder argumentar que las negativas de la Argentina para aprobar las rutas subregionales desde Montevideo son incompatibles con diversas disposiciones del Acuerdo de Fortaleza, y claramente contrarias al objeto y el propósito de dicho acuerdo”, dice el análisis de los expertos estadounidenses.

Covington & Burling recuerda que Pluna todavía nunca tuvo contestación de Argentina para poder volar Bariloche, y que recibió respuesta negativa a sus pedidos de obtener frecuencias para llegar a las ciudades argentinas de Mendoza, Salta y Trelew. El trabajo se encarga de enumerar las razones por las cuales Argentina debió haber habilitado esas rutas a la aerolínea uruguaya. Indica que las respuestas y argumentos contrarios ensayados por Buenos Aires son “incompatibles” con lo establecido en los tratados.

“La ley no constituye una justificación de las negativas de la Argentina para aprobar un nuevo servicio de Pluna, el cual es coherente con el Acuerdo”, dice el estudio. “La conservación de derechos exclusivos para Aerolíneas Argentinas es extremadamente anticompetitivo”, concluye, en alusión a parte de los motivos de Argentina para rechazar las solicitudes.  

Ayer, El Observador informó de nuevas trabas desde Argentina a las frecuencias que otorga Uruguay. Esta vez sucedió con BQB, la aerolínea propiedad del empresario Juan Carlos López Mena, a quien el gobierno de José Mujica le adjudicó en forma transitoria 14 frecuencias para el puente aéreo (Aeroparque-Carrasco). Las autoridades aeronáuticas de Buenos Aires impidieron volar a esa empresa, que debió devolver el dinero de los boletos a los pasajeros afectados.

El ministro de Transporte , Enrique Pintado, consideró ayer que se trata de “demoras”, producto de “trámites burocráticos previstos”. Consultado en rueda de prensa, el ministro negó que se trate de una “traba” ni de “dificultades”.

Fuentes del gobierno, en tanto, explicaron a El Observador que el proceso de solicitud está en proceso y que el pedido no puede ser negado por el gobierno de Cristina Fernández.  l

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