Colegio de Abogados propuso ley para evitar estafas a trabajadores

La comisión de legislación del trabajo recibió ayer al Sindicato Obrero de la Industria de la Madera (Soima) y al Colegio de Abogados de Uruguay (CAU) para informarse sobre la industria del juicio a empresas forestales montada en Rivera por los abogados Nibia Ramos y Robert Batista, según lo planteó una denuncia de 13 trabajadores presentada a la Justicia. Bernardino Real, vicepresidente del CAU, propuso a los legisladores modificar la ley 18.572, que regula los procesos laborales, para que los trabajadores concurran obligatoriamente a todas las instancias del juicio y no deleguen en sus representantes legales la comparecencia judicial. “Que el trabajador no está presente en la audiencia puede permitir la concreción de abusos”, explicó Real a El Observador.

Fernando Amado, diputado del Partido Colorado e integrante de la comisión, anunció que presentará un proyecto de ley que recoja esta iniciativa.

La ley 18.572 establece en su artículo 14 que “las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal” solo en la audiencia única, cuando se entabla la demanda. Luego, el abogado puede representar al trabajador en todas las demás instancias, incluso cuando se expide el juez y dicta la sentencia.

El caso de Rivera
Un grupo de 13 trabajadores forestales de Rivera, que habían sido representados por los abogados Ramos y Batista y habían ganado juicios a sus empleadores, denunció penalmente el 27 de julio a la pareja de abogados por estafa. Los trabajadores alegaron que sus representantes legales se quedaron con el 75% de lo ganado en los juicios.

Uno de los trabajadores denunciantes, Gilberto Royón, antiguo capataz de brigada de incendio y podador de una forestal, dijo a El Observador que Ramos y Batista ocultaban la cifra real que percibían por los juicios.

A raíz de la publicación de este caso en El Observador, el diputado Amado propuso citar al Colegio de Abogados y al Sindicato Único Nacional de Obreros Forestales (Sunof), que integran los trabajadores forestales demandantes, a la comisión de legislación laboral.

El Sunof no se presentó a la sesión de ayer. En cambio, asistió Fernando Oyenarte, representante del Soima, que, a diferencia del Sunot, es reconocido por el PIT-CNT. El sindicalista informó que Batista y Ramos participaron en la gestación del Sunof, que colaboraron en la elaboración de los estatutos y de la personería jurídica y que el sindicato oficia como “sala de espera” de los abogados.

Antecedentes a la Justicia
Tras estos planteos, el diputado  del Partido Nacional Pablo Abdala propuso elevar las actas de la sesión a la justicia penal, moción que fue aprobada por la comisión. El diputado aseguró que el caso es “escandaloso”.

En referencia a los porcentajes que los abogados de Rivera cobraban a sus clientes por concepto de honorarios Abdala destacó: “Habría que estudiar la necesidad de establecer un arancel profesional para los abogados”.

El CAU establece como monto máximo el 50% de lo recaudado en el juicio. Pero esto no rige para todos los letrados, sino solo para los que integran el gremio. Ramos y Batista no están afiliados al CAU.

A su vez, Real informó a los legisladores que en el Colegio de Abogados no hay denuncias por cobro indebido de honorarios.

Amado, aseguró, de todas maneras, que “debe de haber muchos casos en los que los abogados se desvían de su proceder, terminan abusando y beneficiándose de la buena voluntad de mucha gente, de la inocencia y de la ignorancia en sentido jurídico”.