Nacional - URUGUAY
Gobierno afina proyecto de internación compulsiva, tras rechazo en el FA
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que forma parte del paquete de medidas de seguridad, había generado reparos en la bancada de la coalición de izquierda
Luego de recibir cuestionamientos desde la interna de la bancada del Frente Amplio, el gobierno explora cambios al proyecto de internación compulsiva de adictos, una de las 15 medidas que lanzó en el paquete de seguridad “Por la vida y la convivencia”, para generar de esa forma un respaldo amplio en la coalición de izquierda.
La iniciativa habla de “internar” de forma “compulsiva” a los adictos que, por su estado, signifiquen un peligro para su integridad o la de terceras personas. Establece un mecanismo por el cual se deriva a la persona a un centro de salud por determinadas horas, con la intervención de un juez y un equipo multidisciplinario, que luego deberá determinar y el individuo sigue o no internado.
En la izquierda generó ruido la medida, y las posturas contrarias no demoraron en salir a la luz. Ello impulsó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a escribir un editorial en defensa del proyecto.
Ahora, según informa el diario UNoticias este sábado, un equipo de trabajo integrado por el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y del secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, trabaja en cambios al procedimiento.
“Se está trabajando en algunos aspectos como la operatividad del proyecto y en cómo se van a manejar algunos elementos”, aseguró Briozzo.
La idea en el gobierno es presentar en dos semanas un nuevo proyecto con alternativas al actual, que logren el consenso necesario en los legisladores del oficialismo.
Esa alternativa, agrega UNoticias, apuntará al tratamiento obligatorio de adictos y asegurará la confidencialidad médica, lo que evitará recurrir a la Justicia.
La internación compulsiva de adictos es una de las ideas que el presidente José Mujica ha repetido desde la campaña electoral en 2009. Esa posibilidad, sin embargo, no recoge apoyos en la izquierda, porque se entiende que atenta contra la libertad de las personas. La medida, sin embargo, procura atender las situaciones de violencia que genera el consumo de pasta base u otras drogas en la vía pública.




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