Caso de domésticas bolivianas explotadas llegará a Evo Morales

La Embajada de Bolivia en Uruguay elevará un informe al presidente de ese país, Evo Morales, sobre el caso de las empleadas domésticas bolivianas que eran explotadas laboralmente en una residencia del barrio Carrasco, donde trabajaban de lunes a lunes durante un promedio de 13 horas diarias y eran destratadas, según la denuncia realizada por las extranjeras ante el Ministerio de Trabajo. El gobierno uruguayo analizó ayer la situación durante el Consejo de Ministros.

El embajador de Bolivia en Montevideo, Salvador Ric, enviará al gobierno de su país un informe sobre la situación generada en la vivienda de Carrasco. Así lo comunicó ayer el cónsul de Bolivia en Montevideo, Carlos de Miguel, al colectivo Cotidiano Mujer, denunciante de la situación, dijo a El Observador la representante de la organización Lilián Celiberti.

El Observador consultó sobre el tema al cónsul De Miguel, quien declinó hacer declaraciones sobre la reunión que mantuvo con la organización y sugirió hablar con el embajador. El diplomático no atendió a este medio.

En Uruguay hay al menos 100 trabajadoras domésticas extranjeras, principalmente peruanas, según un registro que lleva Cotidiano Mujer.

Celiberti indicó que “hay muchas más”, pero señaló que los registros de la organización solo incluyen a las trabajadoras que se acercaron a la institución durante el último año, cuando el colectivo comenzó a trabajar en el tema tras el fallecimiento de una empleada doméstica de origen peruano en el año 2011.

“El embajador quiere hacer un informe sobre esta situación de sus connacionales para enviar al gobierno de Bolivia. Nos pidieron información para conocer el caso”, sostuvo Celiberti. Ayer el cónsul De Miguel estuvo reunido con las dos trabajadoras denunciantes. Las mujeres narraron al diplomático las condiciones en las que tenían que cumplir su trabajo.

La jornada laboral de las empleadas domésticas comenzaba sobre las 7 de la mañana y culminaba a las 23 horas, según informó el viernes el semanario Brecha. El descanso fijado era de cuatro horas semanales y el salario de US$ 500, alrededor de $ 10 mil. Las trabajadoras no tenían seguridad social ni cobraban horas extras, además les estaba prohibido el diálogo entre ellas si no era por motivos laborales. Tras una denuncia, la Inspección General de Trabajo, junto con la Policía, allanó el domicilio, y constató la situación irregular.

La denuncia señala que en la residencia de Carrasco trabajaron durante el último año en el servicio doméstico 12 personas de nacionalidad extranjera.  La ley fija el régimen laboral del sector en siete horas diarias con un día y medio de descanso. El salario mínimo por esa cantidad de horas es de $ 8.534.

Antes de que este caso se conociera, la Justicia en Crimen Organizado había iniciado una  investigación sobre una presunta organización delictiva que se encarga de reclutar mujeres en Bolivia y traerlas a Uruguay a trabajar, según informó el jueves el semanario Búsqueda.

Por esa investigación que la Justicia lleva adelante desde hace un mes y medio, ya declararon algunas personas pero aún no lo hicieron los indagados que serán citados en los próximos días. La organización que se investiga tiene sede en Bolivia aunque también tiene contactos en Uruguay.

La red se encarga de reclutar mujeres con la promesa de conseguirles un empleo bien remunerado pero luego las condiciones en las que trabajan en Uruguay violan las normas laborales y pueden caer en la explotación, según dijeron fuentes judiciales a El Observador.Según el registro de la Dirección Nacional de Migración el año pasado solo 14 personas declararon ingresar al país para trabajar en el rubro del empleo doméstico.

Informalidad
Si bien el gobierno reconoce la alta informalidad en el sector de las empleadas domésticas, que es de 50% en la totalidad del rubro, el Ejecutivo asegura que el modo de explotación de esas trabajadoras es excepcional. “Esto no es una metodología instalada en Uruguay. Encontramos una situación irregular pero no se puede decir que sea así en todos lados”, dijo a El Observador el subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau.

El jerarca informó ayer al presidente José Mujica y al gabinete sobre la situación irregular de las domésticas. Además dijo que la Inspección Nacional del Trabajo actúa con cuerpos fiscalizadores que atienden denuncias de trabajadores y también realizan inspecciones de rutina.

Por su parte, el PIT-CNT analizará hoy el caso en el marco de la reunión de su Secretariado Ejecutivo, informó a El Observador el dirigente sindical Marcelo Abdala.

A pesar de este caso de domésticas de origen boliviano, el registro de Cotidiano Mujer indica que la mayoría (en el entorno del 90 %) de las trabajadoras nacieron en Perú. La mayoría llegan al país por medio de familiares que ya trabajan en Uruguay en el sector doméstico y las contactan con familias que buscan empleadas.

“Los problemas mayores se dan en los trabajos con cama adentro porque hay una situación de extrema disponibilidad”, señaló Celiberti. De las 100 registradas alrededor de 30 viven con sus patrones, el resto en pensiones. La mayoría de ellas no cobra horas extras y en algunos casos sus descansos no son respetados por los empleadores. Además, como también ocurre con muchas uruguayas, no están registradas en el Banco de Previsión Social (BPS).

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