Mayor equilibrio en la fuerza laboral

Aunque los funcionarios públicos representan menos del 20% de la fuerzalaboral del país, cuentan con virtual seguridad de empleo de por vida yotros privilegios indebidos que, como corresponde, no existen para lostrabajadores del sector privado. Para equilibrar algo esta situación detremenda injusticia y mejorar el rendimiento de la plantilla oficial, elgobierno ha resuelto finalmente llevar al Parlamento la semana próximaun nuevo Estatuto del Funcionario que se ajusta más a las necesidadesdel país al recortar beneficios irrazonables, acumulados por este sectorde trabajadores a lo largo de muchas décadas.

La Confederación deFuncionarios del Estado (COFE) rechaza desde hace meses todos loscambios incluidos en el nuevo estatuto. Pero la saludable decisióngubernamental le cierra la puerta a sus rebeldías.El texto legal que ingresará a la Cámara de Diputados incluyemodificaciones importantes. Una de las principales es terminar con elabsurdo de que igual cargo supone igual remuneración, aunque en lamisma función un empleado sea altamente competente y otro tengabajo rendimiento. El curso gubernamental cumple el olvidado requisitoconstitucional de que “el funcionario existe para la función y no la funciónpara el funcionario”.

La norma permitirá al Estado pagar adecuadamentea profesionales que escapan de la función pública por los mayoresatractivos salariales del sector privado. El proyecto también impone alos funcionarios jornadas de ocho horas, hoy inexistentes en muchasdependencias, así como trabajar en los feriados laborables y ser trasladadosa otras dependencias de acuerdo a las necesidades de la administraciónpública.La inamovilidad laboral persiste, ya que eliminarla requeriría una reformade la Constitución. Pero el nuevo Estatuto establece plazos más brevespara agilitar despidos.

Un funcionario público solo puede ser despedidopor “ineptitud, omisión o delito”. Regirán las mismas causales pero sudefinición será más rápida que los años que actualmente suele llevarel engorroso proceso de destitución. No es la solución ideal pero es ladisponible como opción a una reforma constitucional. Igual escollo existepara generalizar normas aplicables a toda la estructura del Estado, ya que laConstitución no incluye en el Estatuto del Funcionario, en una inexplicablediscriminación, a quienes trabajan en el Parlamento y las intendencias.

El rechazo a la cerrada oposición de COFE a perder algunas ventajasimprocedentes, que no existen para más del 80% de los trabajadoresuruguayos, supone una adaptación a la realidad que eludieron losgobiernos anteriores, tanto de los partidos tradicionales como de la primeraadministración del Frente Amplio. Corresponde que la iniciativa deaprobar e implementar sin desvíos el nuevo Estatuto del Funcionario sea acompañada por todas las fuerzas políticas, tanto por los partidosopositores como por los sectores frenteamplistas que suelen trabar planesrazonables de su propio gobierno.

El argumento insoslayable es que loscambios le servirán no solo al gobierno actual sino a todos los que loseguirán, y por lo tanto al país, al revertir muchas de las ineficienciasburocráticas y operativas que hoy aquejan a la administración pública.