Nacional - Justicia
Juez citó a los abogados de Rivera por falso testimonio
Empresas forestales advirtieron que los testigos “improvisaban respuestas coherentes con el relato aprendido, pero carentes de consistencia lógica”
El juez penal de Rivera, Marcos Seijas citó como testigos a los abogados Nibia Ramos y Robert Batista para declarar en un caso de falso testimonio. Los profesionales denunciados de entablar la “industria del juicio” por medio de demanda millonarias contra las forestales y denunciados por quedarse con la mayoría de lo ganado en los juicios, deberán también declarar en una denuncia contra testigos que aportaban falso testimonio en las querellas.
La audiencia será el 22 de octubre, según dijeron a El Observador fuentes del caso. Ese día, la pareja de abogados deberá declarar ante la sede en dos causas. Además serán interrogados como indagados ante el mismo juez por la denuncia de apropiación indebida.
Las empresas forestales Fymnsa y DANK denunciaron por falso testimonio a dos testigos de trabajadores en un juicio laboral. Los abogados de los trabajadores eran Ramos y Batista.
La denuncia de falso testimonio presentada por las forestales, a la que tuvo acceso El Observador, destaca que “el delito en puridad lo comete el testigo, pero es obvio que la declaración mendaz está al servicio del interés de un tercero –fuere la parte o el abogado que la patrocina”.
La denuncia agrega: “Por lo tanto, el sujeto que instiga al testigo a deponer falsamente debe ser incriminado como coautor del delito de falso testimonio”.
La denuncia advierte, además, que “las declaraciones (de Ramos y Batista) muestran rasgos comunes” y que “ambos improvisan respuestas coherentes con el relato aprendido, pero carentes de consistencia lógica”.
Tras la primera audiencia de este juicio, que se realizó el viernes 10 de agosto, el juez citó a los abogados como testigos. A la primera audiencia no se presentaron los indagados.
Filmar las audiencias
Los testigos acusados declararon el 10 de noviembre de 2010 ante la jueza de Primera Instancia de Rivera de Sexto Turno, Adriana Morosini por la demanda laboral.
En medio del juicio, se generó un debate. Las empresas forestales solicitaron filmar las audiencias para luego usarlas como prueba del presunto delito de falso testimonio, pero la jueza se negó.
Entonces las forestales elevaron su solicitud a la Suprema Corte de Justicia. La corporación resolvió que se trata de “una cuestión jurisdiccional”, de competencia del juzgado de Rivera y avaló la decisión de la magistrada.
El juez Seijas explicó a El Observador las razones por la que él también se opondría a filmar las audiencias.
“Como juez civil no permitiría que se filmaran las audiencias, porque una cosa es la publicidad del proceso, que está consagrada en el artículo 7 del Código General del Proceso. Publicidad quiere decir que todo el que quiera acceder a la audiencia puede entrar. Pero otra cosa es la publicitación del proceso, que es un concepto diferente (y significa): hacerlo público”.
“Todos sabemos que quienes filmen no van a pasar la audiencia completa después, por ejemplo, en un medio de prensa. Y ahí quizás hay expresiones del juez, de testigos, de las partes, que pueden sacarse del contexto”, explicó Seijas.
“Para mí no es conveniente que se filmen las audiencias”, insistió. “La Corte sistemáticamente ha dicho que es una cuestión jurisdiccional y yo estoy de acuerdo con la Corte. En general, mis colegas (de Rivera), opinan lo mismo”, agregó el juez.
La otra causa
Ramos y Batista declararán en octubre ante el juez Seijas por la denuncia penal en su contra que iniciaron 13 trabajadores forestales por apropiación indebida.
La pareja de abogados patrocinó a los trabajadores en juicios laborales contra las empresas forestales. Los trabajadores ganaron en esos juicios unos US$ 12 millones, de los cuales, según estiman los denunciantes, unos US$ 9 millones quedaron en poder de los abogados.
Los trabajadores, en su mayoría gente con poca formación, fueron tentados por estos abogados a iniciar juicios millonarios en contra de las empresas contratistas.
La denuncia penal fue presentada por los operarios forestales contra los abogados el 27 de julio.
Denunciada en infracción con seguridad social
La abogada Nibia Ramos ha sorteado previamente juicios laborales en su contra como empleadora. El Ministerio de Trabajo realizó el 22 de setiembre de 2011 una inspección al establecimiento rural “La buena orden”, propiedad de Carlos Ramos y de su hija Nibia.
El acta de la inspección, a la accedió El Observador, asegura: “El Estado general de la casa no preserva la seguridad, salud y dignidad de los ocupantes”.
La casa, en la que vivía un matrimonio con dos hijos de tres y cuatro años, “no tiene iluminación”, porque sus ventanas “están tapeadas”. Los inspectores del ministerio denuncian, además, “la existencia de víboras cruceras en sectores dentro y próximos a las viviendas”.
Marta Favila, señora del capataz, comenzó un juicio laboral contra sus empleadores Carlos y Nibia Ramos, pero luego la acción no prosperó dado que las partes llegaron a un acuerdo antes de que la Justicia se expidiera.




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