Ministro de Economía declaró por caso Casal

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el fiscal de gobierno, Miguel Toma, declararon ayer ante el juez especializado en crimen organizado, Néstor Valetti, por la denuncia que presentó en su contra el abogado Gustavo Salle.

Salle denunció que el ministro y el fiscal promovieron que un abogado de un estudio jurídico privado realizara un informe sobre la actuación de la Dirección General Impositiva (DGI) en el litigio con el empresario Francisco Casal. A partir de este informe, favorable a Casal, el Ministerio de Economía resolvió revocar las principales acusaciones y reclamos que el organismo recaudador había planteado contra Casal.

Si bien el ministro no estaba obligado a declarar ante el juez (ver recuadro), Lorenzo concurrió ayer por la mañana, fuera del horario del juzgado, para ofrecer su testimonio.

Tras su comparecencia ante la Justicia, el ministro Lorenzo dijo a la prensa que el juez “no indicó nada”, sino que solo le “pidió información”. El ministro concurrió al juzgado, según aseguró, “como le corresponde a cualquier ciudadano o a cualquier persona”.

En su denuncia penal, Salle expresó: “Aceptar, o lo que es peor, promover que sea un particular ajeno a los cuadros funcionales de la DGI, que determine quién debe pagar, qué tipo de impuesto debe pagar y cuánto debe pagar, es una inadmisible delegación de la función estatal en un particular que no tiene fundamento legal y que ataca la existencia  misma y razón de ser del Estado”.

El abogado contratado por el MEF fue Juan Manuel Albacete, del estudio  Guyer  & Regules.

Salle agregó en la denuncia que “la absurda situación comienza a tomar ribetes penales cuando se advierte que el estudio al que se le delega la función estatal esencial que cumple la DGI, es un  estudio jurídico  privado de los más grandes del país, que es contraparte de la DGI y seguramente del Ministerio de Economía”.

En este sentido, Salle se preguntó, en la denuncia, “por qué el ministro Lorenzo escogió al estudio Guyer & Regules para entregarle ilegalmente (una) función excluyentemente estatal”.