Mujica dijo "no" al impuesto para reparar a víctimas del delito

El presidente José Mujica frenó el proyecto de ley que el Ministerio de Economía (MEF) tenía previsto presentar hoy a la bancada de legisladores del Frente Amplio para crear un nuevo impuesto que permita financiar el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos.

La propuesta original del Ministerio del Interior, que estaba en el Parlamento y fue rechazada por los parlamentarios oficialistas, consistía en poner un nuevo impuesto a las aseguradoras para retenerle el 1 % de sus ganancias.

Tras el rechazo de las aseguradoras, el proyecto de ley volvió al Poder Ejecutivo, que desde hace dos semanas busca alternativas para el financiamiento del fondo. La contrapropuesta del MEF  consistía en cobrar un impuesto de 0,033% de los sueldos de todos los trabajadores y de 0,016% para los jubilados. La noticia la había confirmado el martes a la noche a El Observador el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien estaba de acuerdo con la alternativa planteada por la cartera de Economía.

Sin embargo, el presidente Mujica no aceptó esta iniciativa, según dijo este miércoles a la mañana a El Observador, una fuente del Ministerio del Interior. El mandatario ordenó frenar este proyecto, por considerar que no es adecuado poner un impuesto a los trabajadores para financiar una propuesta que tiene que ver con la seguridad, según comentó otra fuente del gobierno.

Cerca del mediodía de este miércoles, la web de Presidencia corroboró esta información y señaló que todavía no está definido el nuevo instrumento impositivo destinado a financiar la reparación de las víctimas de los delitos. “El proyecto de ley de reparación a las víctimas se mantiene en los términos originalmente definidos y el gobierno tiene a su estudio diversas fórmulas para dicha financiación, que serán remitidas al Parlamento a la brevedad”.

El objetivo del Poder Ejecutivo es recaudar US$ 10 millones al año para este fondo y ahora deberá buscar otra fuente de financiamiento. El fondo de todas formas se creará, explicaron los informantes.

De acuerdo al proyecto del gobierno, 25% de lo recaudado por el fondo de las víctimas se destinará anualmente al Ministerio del Interior, para “fortalecer” el ya existente Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, mientras que el resto se destinará a cubrir la pensión a las víctimas del delito.

Esa pensión, según lo indica el texto original del Poder Ejecutivo, será equivalente a seis Bases de Prestaciones y Contribuciones($ 14.502) por mes. La retribución será aplicada cuando ocurra un homicidio en ocasión de delitos de rapiña, copamiento o secuestro. En ese caso, serán destinatarios de la pensión el cónyuge o concubino de la víctima que haya sido declarada judicialmente, “siempre que estuviese conviviendo con la víctima al momento del deceso”, dice el proyecto.

También podrán ser destinatarios de la pensión los hijos de la víctima hasta que cumplan la mayoría de edad, o los hijos que hayan sido judicialmente declarados incapaces de por vida, hasta tanto no cese esa condición.

La pensión será vitalicia, y según calculan los parlamentarios que trabajaron en la discusión, atenderá a nuevas 50 familias por año.

El proyecto de ley prevé también que en los casos de haber varias personas con derecho a la pensión reparatoria, su monto ($14.502) se distribuirá.