Accesibilidad limitada

Las rampas de madera, aunque solo eran unos tablones que hacían una pendiente, desaparecían apenas eran colocadas en la entrada de la casa de Adriana Sánchez. Su madre, Esmeralda Centurión, se cansó de reponerla y hace dos meses le pidió a su hermano que colocara una rampa de material. Esa construcción de no más de un metro de largo y del ancho de una puerta le permite a Adriana salir y entrar de su casa. Tiene 31 años, es discapacitada motriz de nacimiento y desde abril usa una silla de ruedas con motor que es más pesada que la convencional.

Hace dos semanas Adriana y su madre recibieron la segunda carta que les remitía el Centro Comunal Zonal Nº 2 (CCZ2) en la que les daban 30 días para retirar la rampa so pena de una multa de 5 unidades reajustables ($ 2.971 al precio actual).

“Me molestó el tono de la nota: ‘No se puede tolerar la rampa porque tiene casi un metro ocupando la vereda y es una zona altamente transitada y es muy peligrosa para los peatones’”, parafraseó Esmeralda el contenido de la nota. Casi al frente de la modesta casa de Arenal Grande y Uruguay hay una parada de ómnibus.

Madre, hija y tío actuaron de buena fe pero desconociendo el artículo D.2194 del digesto municipal que prohíbe “la colocación o construcción de escalones fuera de la alineación de las propiedades, así como cualquier obstáculo que impida la fácil circulación de peatones”.

Las cartas enviadas por el CCZ 2 no indican cómo se puede conseguir la autorización transitoria que establece el mismo artículo, o cómo pueden resolver su problema. Al fin y al cabo, la propia Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) brega por eliminar las barreras físicas que obstaculizan la integración ciudadana. Pero cada vez que tienen que ir a la IMM tienen que esperar para que un funcionario vaya a buscar una llave y habilite la operación de la silla salvaescaleras. 

Solo se le pidió a Adriana que comprobara su discapacidad. Nadie fue a verla, ni a ella ni a la rampa. Adriana envió unas fotografías y documentación.

Tampoco se le dijo que lo correcto era haber picado el escalón de la puerta para que la rampa comience en el interior de su casa −donde tiene otra en el lugar que antes ocupaban tres escalones del zaguán− para que el declive termine en la puerta y, de esta forma, se deje libre la vereda. Nadie se lo informó cuando puso la primera rampa de madera ni todas las demás que fueron robadas este año.

El CCZ 2 se enteró ahora por una denuncia anónima. Aunque unas semanas antes de que llegara la primera advertencia una señora golpeó la puerta, enfurecida, para reclamar que se sacara la rampa del medio porque alguien se había tropezado. Fue la última perla del collar de desavenencias por su discapacidad.

“Un vecino tiene la vereda rota hace años y esta silla a motor se entierra cuando llueve. Me quedé enterrada varias veces. ¿Y al vecino no lo intiman? ¿Por qué a mí? ¿Justo a mí?”, se indignó Adriana.

En la misma cuadra hay varias baldosas levantadas y se ve lo mismo en las otras cuadras de la manzana. La rotura que señaló Adriana está a la vuelta de la esquina, por Uruguay, frente a un café. Pero más adelante hay un puesto de frutas y verduras que pone sus cajones en la vereda, reduciendo el espacio para pasar. Adriana, que hace ese camino desde hace 10 años para ir a la Facultad de Psicología, tiene que ir por la calle. Una vez, un ómnibus la pasó rozando, recuerda. 

Por la misma normativa Adriana debería circular sin riesgo a quedar enterrada en el barro o ser atropellada. El artículo D.2179 establece que los propietarios de los predios linderos a las vías de tránsito “están obligados” a construir veredas, a mantenerlas en buen estado y a reconstruirlas. Lo irónico es que esas esquinas tienen rampas para que las sillas de ruedas circulen por la acera y crucen la calle con facilidad.

Adriana y Esmeralda se niegan a retirar la rampa. No es un capricho, es una necesidad, alegan. “Tengo el mismo derecho que los demás a salir de mi casa cuando yo quiera y no estar dependiendo de que esté alguien en mi casa para que me ponga la rampa para salir”, relató la joven. Ya depende de alguien para hacer casi todo en su vida. Inclusive, para ir al baño en la facultad.

El día en que pautó la entrevista con El Observador no podía recibir a nadie hasta las 17 horas porque su madre iba a estar en el trabajo. Cuando estudiaba tenía que darle la llave de su casa a algún compañero para que fuera a abrirle la puerta. Y ahora, que se recibió de psicóloga, busca trabajo y debe salir, “como el resto de los mortales”, a las entrevistas.      

El caso de la rampa llegó a oídos del alcalde del municipio B, Carlos Varela, quien se comunicó con Adriana. Se comprometió a darle una solución puesto que la ecuación es básica: Adriana tiene el derecho de no vivir recluida y los demás de no tropezarse si caminan sin prestar atención.

A Esmeralda le dijeron que su hija tenía parálisis cerebral. Era un diagnóstico equivocado. Luego le dijeron que tenía cuadriparesia. Tampoco era cierto. Adriana no tiene inmovilizados sus cuatro miembros sino solo sus piernas. A los 15 años le hicieron la primera tomografía. Allí se descubrió que tenía una lesión muy pequeña en el cerebelo que le afecta el control motor y el equilibrio.

La familia es de Fray Bentos. Adriana nunca tuvo la oportunidad de comenzar un proceso de rehabilitación. Y cuando vino a Montevideo ya era irreversible. Le tocó vivir en una silla de ruedas y, aceptándolo, quiso ser psicóloga para tratar a otros discapacitados.

Los 10 años de carrera universitaria no fueron fáciles. Hasta agosto, ya recibida, no había un ascensor especial. Cuando empezó había uno normal que podía usar pero, recuerda, que dependía de que una funcionaria dejara literalmente el té y fuera a operarlo.
Adriana tenía clase a las 8 de la mañana pero iba a las 7 para que la funcionaria la atendiera. “Cuánto derecho de piso me hizo pagar”, se queja.

Pero no fue lo peor que pasó. En ocasión de unas elecciones universitarias fue obligada a ir a votar observado a otra dependencia porque la urna que le tocaba estaba en uno de los pisos superiores. El consejo de estudiantes le pagó un remise con la condición de ir y volver en una hora para no aumentar la tarifa.

Y si habla de transporte, Adriana tiene otras historias, como los taximetristas que no le paran, o que no quieren ayudar a su madre a guardar la silla en la valija, o los ómnibus, cuyo espacio reservado para discapacitados motrices siempre está ocupado por alguien que la “mira mal” cuando le pide el lugar, eso cuando pasa justo el coche que es accesible