Gobierno declara guerra directa a todos los especialistas médicos

El gobierno entró en una guerra declarada con los especialistas médicos, que incluso va más allá del conflicto puntual actual con los cirujanos. La decisión del gobierno busca garantizar de aquí a futuro la atención sanitaria en caso de otros diferendos salariales con los profesionales de la salud.

Además de las sanciones anunciadas ayer por el gobierno para el caso particular de los cirujanos que renunciaron a sus puestos en las puertas de emergencia de hospitales públicos, el gobierno maneja enviar al Parlamento un proyecto de ley por el cual se faculta a penar hasta con prisión las medidas de especialistas de la salud que afecten la atención de los pacientes y pongan vidas en riesgo.

La omisión de asistencia, un delito penal vigente previsto en el artículo 332 del Código Penal, será el pilar en el que se basarán para aplicar esas sanciones. El objetivo del gobierno, según supo El Observador, es limitar estos conflictos de especialistas médicos que se han repetido varias veces en los últimos años (ver cronología).

Esas medidas, además de atender lo coyuntural, apuntan a “salvaguardar” el derecho “a la salud y la vida” frente a “cualquier circunstancia similar que debiera adoptarse en el futuro”, explicó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.

Con ello, el gobierno expone su voluntad de ir contra todos los gremios de especialistas médicos que, al no identificarse con la izquierda, carecen de respaldo y son blanco fácil de críticas para el oficialismo (ver página 4).

Tras una larga reunión ayer en Torre Ejecutiva, los ministros de Salud, Jorge Venegas, y de Trabajo, Eduardo Brenta, anunciaron junto a Breccia y el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa,  acciones concretas para evitar el efecto de las renuncias de 80 cirujanos.

Se anunció la redacción de un proyecto de ley que declare la emergencia sanitaria, con la que podrá aplicar medidas disciplinarias a los profesionales si luego de esa declaración siguen sin ir a trabajar.

Entre otras, apuntó Venegas, podrá estar la inhabilitación parcial o total del ejercicio profesional. Otras sanciones podrán ser aplicadas a los renunciantes por medio de otros vínculos que tienen con el sistema público de salud.

Por último, ASSE realizará un llamado a cubrir los cargos de cirujanos renunciantes, a los cuales estos no podrán presentarse.

“Cuando está en conflicto el derecho fundamental de toda la población a ser protegida en el goce de su salud y su vida, frente al interés de grupos corporativos, que detentan saberes que han sido conferidos por la sociedad toda, y afectan dicho derecho a la población, con medidas que aparecen, en todo caso, absolutamente desproporcionadas, con el reclamo que mantienen” los cirujanos, dijo Breccia.

Por su parte, un grupo de cirujanos escuchó anoche la conferencia de prensa del gobierno en la sede de las Sociedades Anestésico Quirúrgicas (SAQ). Estaba previsto que después de escuchar el anuncio se reunieran todos los renunciantes para redactar una declaración “muy dura” que leerán hoy en conferencia de prensa. El vocero de los cirujanos, Mauricio Gervasoni, dijo a El Observador que con sus anuncios el gobierno “juega muy sucio”. “No nos vamos a hacer matar tampoco. Si es con ley de emergencia no queda mucho margen”.  Los profesionales analizan, a partir de ahora, recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar las sanciones del gobierno. l

Comentar

Por favor inicie sesión para comentar: