- EDITORIAL
Estancado plan de vivienda
La actual mano de obra en la construcción incrementó agudamente los costos de personal
En cualquier país del mundo, y en cualquier área de actividad, la inversión privada se atrae con seguridad jurídica e institucional y con perspectivas de rédito económico. Discrepancias en esta última área han estancado la construcción masiva de viviendas para personas de recursos bajos y medios, uno de los proyectos más caros al presidente José Mujica, debido al desaliento de los inversores privados ante las exoneraciones tributarias ofrecidas por el gobierno. A varios meses de aprobada y reglamentada la ley, algunas pequeñas empresas han presentado 13 proyectos para construir 166 viviendas. El total guarda poca relación con el plan de Mujica de construir 60 mil soluciones habitacionales baratas.
La razón es que las grandes firmas constructoras se han abstenido de presentarse por ausencia de atractivos financieros, argumentando que la reglamentación de la ley introdujo elementos nuevos que no figuraban en la norma aprobada en agosto por el Parlamento. A esto se agrega que la crítica escasez actual de mano de obra en la construcción ha incrementado agudamente los costos de personal, reduciendo aun más los posibles márgenes de ganancia de los inversores. El presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, destacó que “a la ley nosotros la apoyamos”, pero advirtió que en su posterior reglamentación “se han incorporado cosas” que conducen a desalentar propuestas de inversión en el proyecto presidencial.
Otegui destacó como negativo que el gobierno haya dispuesto que las exoneraciones fiscales se hagan sobre la base de los valores de construcción que fija el Instituto Nacional de Estadística (INE) en vez de aplicar los costos reales y más actualizados que enfrenta la industria, que están en aumento constante por la encarecida mano de obra. Alejandro Ruibal, director de Saceem, una de las mayores empresas del rubro, coincidió en las ventajas de la ley pero señaló como “un problema” participar en las condiciones actuales debido al costo del personal.
Al confirmar la ausencia de propuestas de las grandes firmas privadas, Jorge Petrone, subsecretario de Vivienda, informó a El Observador que el gobierno confía en que los fondos fiscales disponibles permitan construir 15 mil viviendas populares. Pero aunque así sea, sobrevive un enorme déficit que aleja el objetivo de Mujica porque las empresas principales no se muestran dispuestas a arriesgar capitales en las condiciones establecidas por la reglamentación de la ley.
La única forma aparente de salir de este corral es que se modifique la reglamentación para que tome en cuenta dos factores. Uno es la queja empresarial de que distorsiona el contenido de la ley, en detrimento de los eventuales inversores. El otro es el costo creciente de la mano de obra, cuando se consigue, debido al auge actual de la construcción, especialmente en Montevideo y zonas turísticas del este. La asociación de privados con el Estado es una forma idónea de suplir la carencia de fondos públicos para acelerar el desarrollo. Pero a menos que el gobierno tome un rumbo acorde con la realidad del mercado, la alternativa en este caso será ver esfumarse la meta loable de viviendas dignas para todos los uruguayos.