Nueva política en empresas públicas

El caso de ANCAP se ha convertido en un hito en la evaluación de las empresas públicas, no solo por sus cuantiosas pérdidas sino también por las acciones judiciales iniciadas por los cuatro partidos de oposición
Si una empresa opera sostenidamente a pérdida, las opciones son viabilizarla rápidamente si es rescatable o cerrarla. Este curso elemental de buena administración, habitual en el sector privado pero escaso en algunas empresas del Estado, está siendo finalmente tomado por el gobierno con ANCAP, luego del impacto de US$ 691 millones de pérdidas en tres años y de la necesidad de rascar de los escasos fondos fiscales una suma parecida para evitar el colapso del ente petrolero. Se puso además a su frente, hace seis meses, a una conducción más técnica que las administraciones previas. El resultado, tardío pero saludable, ha sido el anuncio del presidente Tabaré Vázquez de que es "muy factible" que se cierren algunas de las empresas subsidiarias que operan a pérdida año a año, aunque señaló que la depuración llevará varios meses.

Es una tarea compleja debido a los muchos flancos débiles de ANCAP. La casi totalidad de sus empresas subsidiarias operan a pérdida. ALUR muestra un superávit ficticio ya que su producción de biocombustibles es subsidiada por la empresa madre al comprarla a precios superiores a los internacionales. Sus negocios de gas acumulan pérdidas considerables, al igual que el del cemento o el de bebidas alcohólicas y perfumes. Y ni siquiera escapa la refinería de La Teja, de baja productividad por exceso de personal y que produce combustibles a mayor costo que si se los comprara refinados en el exterior.

Por ahora la artillería depurativa está centrada en Carboclor, firma de petroquímicos que funciona en Argentina y que acumuló en el primer semestre de 2016 US$ 9,3 millones de pérdidas luego de cuatro años de resultados negativos. Esta empresa, al operar en el exterior, no plantea la dificultad de prescindir de personal, valla compleja en organismos estatales en el territorio nacional que no operan bajo el derecho privado, debido a la inamovilidad laboral de los funcionarios públicos. La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, anunció que se procura venderla, aunque las gestiones aún no tienen resultados concretos. Por su parte la nueva presidenta del ente Marta Jara, nombrado por su idoneidad técnica en el sector privado y no por las habituales repartijas partidarias de cargos, comentó que se estudia "con mucha profundidad" la situación de la también deficitaria cementera.

El caso de ANCAP se ha convertido en un hito en la evaluación de las empresas públicas, no solo por sus cuantiosas pérdidas sino también por las acciones judiciales iniciadas por los cuatro partidos de oposición, con denuncias de irregularidades por administraciones anteriores. Debe servir no solo para poner en mejor forma al gigantesco ente petrolero y a sus firmas satélites sino también para revisar el funcionamiento de otras empresas estatales rengas, como AFE. Las correcciones que se preparan en ANCAP sobre la base de eficacia de gestión tienen que ser el comienzo de una nueva política de este gobierno y los próximos. Tradicionalmente los directores han sido nombrados por amiguismo o cuotas partidarias, con el resultado de designar a veces a personas carentes de la idoneidad profesional requerida. Esta práctica se ha modificado ahora en ANCAP, curso que corresponde extender al manejo de todas las empresas públicas para que se equiparen a la eficiencia del sector privado y dejen de drenar recursos fiscales que se pierden por incompetencia o descuido.


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