Nuevas denuncias de sobornos implican a Rousseff y el PT

Las denuncias de corrupción volvieron a apuntar al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, luego de que el diario paulista Folha de San Pablo publicara ayer que dinero proveniente del esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras habría financiado la campaña que llevó a la presidenta Dilma Rousseff a ser reelecta en 2014. Según ese medio, esta información se basa en la declaración de Otavio Marques Azevedo, ex director ejecutivo de la firma Andrade Gutierrez. La denuncia de enmarca en una crisis política que envuelve al país y que amenaza con hacer caer a Rousseff a través de un proceso de impeachment (juicio político).

Marques Azevedo, detenido desde junio del año pasado, era titular de la segunda mayor constructora del país, a la que se vincula con el escándalo del Petrobras. El empresario habría confesado, en el marco de la investigación sobre la red de corrupción en Petrobras denominada "Lava Jato", que millones de dólares donados legalmente a la campaña de Rousseff provenían originalmente de sobornos pagados por Andrade Gutierrez para la obtención de grandes contratos.

El diario no establece si el dinero se entregaba directamente a la cuenta del comité de reelección de Dilma Roussef o si, en cambio, pasaba a cuentas vinculadas con el PT. Estas denuncias se agregan a las acusaciones que enfrenta la mandataria, que apuntan a que existieron una serie de manipulaciones de los fondos del Estado en el año de su reelección.

Esto puede ser utilizado como prueba adicional para el proceso en curso que intenta dilucidar si la presidenta recibió dinero mal habido procedente de Petrobras, lo que podría anular la formula compuesta por Rousseff y Michel Temer (vicepresidente) y obligarlos a dimitir a ambos.

Temer, líder del Partido por el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), espera poder ocupar el sillón presidencial tras una eventual destitución de la mandataria a través del impeachment.

Según las investigaciones en curso de la justicia brasileña, encabezadas por el Juez Federal de Curitiba, Sergio Moro, durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff se habrían aceptado sobornos provenientes de grupos empresariales poderosos a cambio de contratos inflados. Estos sobornos fueron aceptados por ejecutivos de Petrobras y otras empresas estatales y también supuestamente destinados a las campañas políticas de Rousseff y de su rival en 2014, Aecio Neves.

El gobierno no hizo esperar su respuesta ante la denuncia y el abogado de campaña de la presidenta Rousseff, Flavio Caetano, negó las acusaciones y explicó que la recaudación de la campaña en 2014 "fue hecha de acuerdo a la legislación electoral en vigor". Además, aclaró que la empresa Andrade Gutierrez donó dinero de forma legal y voluntaria a la campaña, "en valores inferiores a lo donado a su adversario".

Por su parte, Rousseff, convocó a los brasileños a realizar "un gran pacto", de manera de superar en forma conjunta la crisis que afronta Brasil. Según la mandataria, el pacto se debe cumplir en favor de los más de 43 millones de votos que la reeligieron en octubre de 2014. "La primera premisa debe ser la defensa de la voluntad popular manifestada por el voto", declaró Rousseff.