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Nuevo impuesto al campo lo pagarán productores con patrimonio superior a $ 30 millones
Los productores rurales que tengan un patrimonio anual equivalente a $ 30 millones o superior deberán pagar el Impuesto al Patrimonio con franjas, diseñado especialmente por el Poder Ejecutivo para sustituir el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR),que fuera declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Según el texto del borrador que circuló en el gobierno hasta el acuerdo alcanzado el lunes en el gabinete productivo, ese monto funcionará como una especie de mínimo imponible (y será ajustado anualmente) para establecer el cobro del tributo a las empresas agropecuarias, según pudo saber El Observador. Quienes alcancen ese monto deberán pagar 1,5% al año. Luego, se establecerán franjas con sobretasas que tienen un tope de 1,5%. Sumado, entonces, lo máximo que deberán pagar los productores agropecuarios es 3% anual de su patrimonio. En el medio, las sobretasas serán de 0,25% en adelante.
Hasta hoy, las extensiones de tierra en las que se realizan explotaciones agropecuarias están exoneradas de pagar Impuesto al Patrimonio, excepto las sociedades anónimas que no identifican sus accionistas. Para las SA, el Poder Ejecutivo exonera caso a caso el pago, algo que sucede generalmente en empresas que funcionan con fondos de inversión. Ahora, esas empresas agropecuarias deberán incluir al campo en el cálculo del patrimonio. Para ello, al cierre de un ejercicio o el 31 de diciembre de cada año se toman los activos y se restan los pasivos para determinar el patrimonio.
El proyecto del gobierno considerará el valor catastral del campo para realizar el cálculo del patrimonio, a diferencia de hoy, en que se toma el valor de compra de la tierra. Esa variante se introduce para eludir una mínima –aunque posible– chance de considerar inconstitucional el nuevo tributo.
Quienes trabajaron en el Poder Ejecutivo sobre el texto, consultaron antes de cerrar el acuerdo en el gobierno a varios tributaristas y expertos en Uruguay, para intentar despejar presuntas inconstitucionalidades. Jerarcas con alto rango del gobierno entregaron el texto a los profesionales y se reunieron para escuchar sus comentarios. Según dijeron a El Observador fuentes oficiales, la devolución de los consultados fue positiva para los intereses del Ejecutivo, ya que no se identificaron aspectos de ilegalidad en la redacción del proyecto.
Según anunciaron el lunes el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, y el prosecretario, Diego Cánepa, el proyecto entraría entre ayer y hoy al Parlamento. La iniciativa mantiene aproximadamente a los mismos productores con grandes extensiones de tierra que debían pagar ICIR, y recaudaría cada año cerca de
US$ 60 millones para invertir junto con las intendencias municipales en caminería rural. De acuerdo a lo conversado entre el presidente José Mujica y los jefes comunales días atrás, parte del dinero será utilizado también para financiar la nueva universidad tecnológica del interior (UTEC).
Esta semana el gobierno buscará, junto a las intendencias, la forma de no suspender las inversiones ya previstas antes de la caída del ICIR.
