Nuevo incentivo fiscal llega a 2% de promotores de vivienda

Privados piden incluir los proyectos medianos en el paquete de beneficios anunciado

Hay dos temas que hoy concentran buena parte de la atención de los promotores privados de la construcción. Uno es el régimen de beneficios fiscales para megaproyectos que anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en octubre pasado. Otro son los cambios en la reglamentación de la ley de Vivienda Social (VIS), que prepara el Ministerio de Vivienda (Mvotma) y abarca un aspecto clave: los topes en los precios de venta.

Los beneficios impositivos anunciados para la vivienda fueron bienvenidos en la industria de la construcción como un estímulo para ese sector de la economía, pero al mismo tiempo se considera que son pocos los proyectos que pueden ampararse al nuevo régimen si se tiene en cuenta el monto de inversión exigido.

El gobierno decidió otorgar beneficios impositivos para proyectos con una obra civil superior a US$ 15,3 millones. Esos proyectos tendrán exonerados los tributos para la importación de equipos, máquinas y materiales, siempre y cuando sean declarados no competitivos con la industria nacional.

De acuerdo con datos manejados por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), el 98% de los promotores no desarrolla proyectos de esa magnitud. Por eso los privados pretenden que se amplíen los beneficios a obras de menor porte, de entre US$ 3 millones y US$ 6 millones, por ejemplo. La inquietud ya fue trasladada al subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, según supo El Observador.

Uno de los argumentos manejados va en la dirección que en el contexto actual de la economía también se debería apoyar este tipo de obras, con escalas de premios menores. "¿Por qué solo a megaproyectos y no a medianos proyectos?", se preguntó uno de los empresarios consultados por El Observador.

El incentivo fiscal también se extendió la semana pasada a los edificios sin terminar popularmente conocidos como "esqueletos". Aquí los requisitos pasan porque la inversión que reste ejecutar en esas obras sea superior a los US$ 15 millones y contar como mínimo con un período de inactividad de 18 meses. Ferreri indicó días atrás que "particularmente" en la zona de Punta del Este es donde los privados han comentado que hay más de un esqueleto edilicio inconcluso.

En este sentido, fuentes del sector de la construcción indicaron a El Observador que al igual que sucede con los megaproyectos, es poca la cantidad de edificios sin terminar que cumplan con el tope mínimo de inversión planteado.

De todas formas, el tema es visto con "buenos ojos" de cara a la reactivación de distintas obras, que también precisan de unos cuantos meses para poder reestructurar los negocios desde el punto de vista financiero y jurídico, antes de presentar el proyecto ante la Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones (Comap).

Los promotores privados siguen esperando que el Poder Ejecutivo dé a conocer el nuevo decreto para que entren a regir las modificaciones anunciadas en la ley de VIS, que pasará a denominarse Vivienda Promovida.

Cambios en Vivienda Social

La nueva reglamentación anunciada por el Mvotma en octubre de 2016 prevé inicialmente que el 90% de las unidades que se construyan en Montevideo y el 80% de las que se levanten en el interior del país no tendrán topeado su precio de comercialización.

En la actualidad, esa regla rige para el 25% de las unidades de la capital y el 100% de las que se construyen en los restantes 18 departamentos.

En una primera instancia eso había despertado el entusiasmo de los empresarios. Pero luego, cuando el tema se analizó en profundidad, comenzaron a surgir dudas.

El problema, según los promotores, es que los precios máximos de comercialización de las viviendas definidos por las autoridades en la nueva normativa es aun más bajo que en la vigente. Además, bajo el nuevo régimen las viviendas topeadas deben ingresar dentro de un programa que tiene el Mvotma con una cuota subsidiada para aspirantes que cumplen determinados requisitos.

Esto implicaría que esas viviendas se construyan "a pérdida", y como consecuencia, los promotores tengan que elevar el precio del resto de las unidades para sostener la rentabilidad, según coinciden empresarios del sector.

Tampoco se sabe por cuánto tiempo los privados deberán entregar esas unidades topeadas al Mvotma para que las coloque dentro de su cartera de aspirantes; es decir, si es solo durante el período de construcción de la obra o por más tiempo. Todas esas inquietudes están a consideración del Mvotma.

Actualmente hay promotores que prefieren continuar trabajando con el régimen actual de topes de precios antes de pasar a un nuevo sistema en las condiciones que se plantean, porque si bien tienen un porcentaje mayor de viviendas topeadas, ese precio máximo es mayor y tienen la libertad de venderlas por su cuenta.

La posición de fondo de los promotores sigue siendo que se eliminen los topes en su totalidad, aunque hasta ahora eso no ha tenido eco a nivel del gobierno.


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