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Nuevo sistema jubilatorio es la próxima gran reforma de Macri
Proyecto de blanqueo de capitales busca financiar "reparación histórica"
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09 de junio de 2016 a las 05:00
Algo opacada por el ruido del blanqueo de capitales, las contramarchas del tarifazo, la posible ruptura en la AFA y los otros debates calientes de la actualidad argentina, pocos notaron que el gobierno de Mauricio Macri empezó a poner las bases de lo que tal vez sea su reforma estructural más importante: un nuevo sistema jubilatorio.
Algunos puntos están contenidos en el proyecto de "reparación histórica" a los jubilados que acaba de ser enviado al Congreso. Pero, sobre todo, lo que los expertos perciben es que la propia inviabilidad del sistema tal cual hoy está planteado es lo que llevará a una inexorable revisión de cómo se financia la seguridad social en el país.
Un informe de la consultora Macroview, dirigida por Rodolfo Santangelo –el socio del titular del Banco Nación, Carlos Melconian– hace una descripción lapidaria al respecto: Argentina se encamina a ser el país con mayor gasto en jubilaciones y pensiones, medidas en términos de PIB.
"Si el Congreso aprobara el paquete oficial, el gasto previsional subiría a 11 puntos del PIB en 2016 y hasta 13 puntos en 2017, pasando a ser récord mundial absoluto", argumenta el informe.
Y recuerda que sólo países altamente desarrollados –con acceso a financiamiento barato– y con tradición de un fuerte Estado de bienestar tienen gastos por encima de los 10 puntos: Francia lidera la tabla, con 12,2 puntos, seguida por Gran Bretaña, que tiene 11,5%. La tasa cae a niveles de entre 6% y 7% cuando se pone la lupa sobre países comparables con Argentina, como los europeos de la zona este o como los vecinos del Mercosur.
Pero la advertencia de los analistas no se limita apenas a mostrar el liderazgo argentino en el ranking mundial de gasto sino, sobre todo, a argumentar que, aun cuando el blanqueo de capitales resultara exitoso, el dinero que ingrese no alcanzará para financiar la bomba fiscal que se está gestando. "Pedirle al poderoso blanqueo de capitales que con un ingreso por única vez financie semejante globo de gasto permanente es inconducente", afirma Santangelo, que calcula en 90.000 pesos argentinos –unos US$ 6.300 millones– el pago retroactivo de la deuda a los jubilados que le habían ganado juicio al Estado por ajustes mal hechos.
Pero la parte realmente pesada del proyecto de ley del gobierno es el flujo futuro que tendrá que soportar el sistema jubilatorio, al cual se le agregará un gasto de
110.000 pesos argentinos –unos US$ 7.700 millones– por año.
La que viene será, por cierto, una reforma desprovista de la impronta ideológica que tiñó el debate jubilatorio en los años 1990, cuando toda América Latina siguió el ejemplo del caso pionero de Chile.
Argentina, siempre proclive a los cambios pendulares, pasó de haber sido el caso más radicalmente privatista de la región a liderar el regreso al estatismo.
Acaso, porque diseñó un sistema que le dio todo el protagonismo a las administradoras privadas, a diferencia de otros países, como Uruguay, que prefirió un sistema mixto, con una parte de los descuentos salariales para un fondo estatal de reparto y otro a una cuenta individual.
Tal vez también porque, a diferencia de Chile, que "inventó" el sistema en los años 1980, no volcó la masa de aportes al financiamiento de planes de vivienda y a obras de infraestructura, lo cual hacía más fácil de justificar políticamente el esquema privado.
O, probablemente, porque los mismos creadores del sistema, empezando por Domingo Cavallo, no pudieron resistir una de las tentaciones más antiguas de los gobiernos argentinos y, llegado el momento de la emergencia fiscal, distorsionaron el sistema original por la vía de alterar las tasas de contribución y obligar a las AFJP a comprar títulos estatales con altísima probabilidad de default.
En consecuencia, no es de extrañar que nadie haya llorado mucho cuando, en 2008, Cristina Fernández de Kirchner anunció la reestatización del régimen jubilatorio.
Desde entonces, el costo del sistema en términos de PIB se incrementó en cuatro puntos en los ocho años de la gestión de Cristina, gracias a las moratorias que facilitaron el acceso a quienes no contaban con los años suficientes de aportes.
¿Cómo será el nuevo sistema? El gobierno no dio pistas, aunque sí dejó deslizar en el proyecto de ley que, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, funcionará un nuevo Consejo de Sustentabilidad Previsional.
La función del nuevo organismo será proponer "un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable", que debe estar listo y operativo en tres años. Por supuesto, la palabra clave es "sustentable".
Por lo pronto, hay medidas propuestas que van en el sentido de morigerar el incremento del gasto del sistema previsional ocurrido en los últimos años.
Por caso, la suba, de 60 años a 65 en la edad de retiro para las mujeres que no tengan la cantidad de años de aporte suficientes. Hasta ahora, el trámite podía iniciarse a los 60 y tras saldar una deuda de aportes atrasados, se accedía a un pago que no podía ser menor a la jubilación mínima.
Los críticos del proyecto afirman que, en aras de beneficiar a una minoría de jubilados con mayores niveles de aportes, se escatimarán recursos para el resto. Según esa visión, habría un sistema con jubilados "de primera y de segunda".
Es de prever un debate caliente, en el cual estén sobre la mesa el concepto de solidaridad hacia los trabajadores precarizados, en contraposición al de la justicia de garantizar mayor cobro para quienes hicieron mayores aportes y a la necesidad de incentivar a los actuales trabajadores para que no evadan los pagos al sistema.
Será allí cuando el gobierno deberá exhibir su "muñeca" política para diseñar un sistema mixto que incorpore cuentas de capitalización individual, sin que ello aparezca ante la opinión pública como un retorno a la reforma de los años 1990.
En el fondo, como siempre, estará la duda sobre la viabilidad del sistema dadas las condiciones demográficas del país –en el cual sigue bajando la tasa de trabajadores activos sobre los pasivos– y, sobre todo, las dificultades para generar empleo genuino en el sector privado. Pero, sobre todo, está el mientras tanto. Es casi inexorable que el 13% del PIB que en breve costará el sistema deba ser parcialmente financiado con endeudamiento externo, y también en parte con licuación inflacionaria.Una fórmula que, por cierto, no es nueva, y que nunca tuvo un final feliz.
Algunos puntos están contenidos en el proyecto de "reparación histórica" a los jubilados que acaba de ser enviado al Congreso. Pero, sobre todo, lo que los expertos perciben es que la propia inviabilidad del sistema tal cual hoy está planteado es lo que llevará a una inexorable revisión de cómo se financia la seguridad social en el país.
Un informe de la consultora Macroview, dirigida por Rodolfo Santangelo –el socio del titular del Banco Nación, Carlos Melconian– hace una descripción lapidaria al respecto: Argentina se encamina a ser el país con mayor gasto en jubilaciones y pensiones, medidas en términos de PIB.
"Si el Congreso aprobara el paquete oficial, el gasto previsional subiría a 11 puntos del PIB en 2016 y hasta 13 puntos en 2017, pasando a ser récord mundial absoluto", argumenta el informe.
Y recuerda que sólo países altamente desarrollados –con acceso a financiamiento barato– y con tradición de un fuerte Estado de bienestar tienen gastos por encima de los 10 puntos: Francia lidera la tabla, con 12,2 puntos, seguida por Gran Bretaña, que tiene 11,5%. La tasa cae a niveles de entre 6% y 7% cuando se pone la lupa sobre países comparables con Argentina, como los europeos de la zona este o como los vecinos del Mercosur.
Pero la advertencia de los analistas no se limita apenas a mostrar el liderazgo argentino en el ranking mundial de gasto sino, sobre todo, a argumentar que, aun cuando el blanqueo de capitales resultara exitoso, el dinero que ingrese no alcanzará para financiar la bomba fiscal que se está gestando. "Pedirle al poderoso blanqueo de capitales que con un ingreso por única vez financie semejante globo de gasto permanente es inconducente", afirma Santangelo, que calcula en 90.000 pesos argentinos –unos US$ 6.300 millones– el pago retroactivo de la deuda a los jubilados que le habían ganado juicio al Estado por ajustes mal hechos.
Pero la parte realmente pesada del proyecto de ley del gobierno es el flujo futuro que tendrá que soportar el sistema jubilatorio, al cual se le agregará un gasto de
110.000 pesos argentinos –unos US$ 7.700 millones– por año.
El eterno retorno
La que viene será, por cierto, una reforma desprovista de la impronta ideológica que tiñó el debate jubilatorio en los años 1990, cuando toda América Latina siguió el ejemplo del caso pionero de Chile.
Argentina, siempre proclive a los cambios pendulares, pasó de haber sido el caso más radicalmente privatista de la región a liderar el regreso al estatismo.
Acaso, porque diseñó un sistema que le dio todo el protagonismo a las administradoras privadas, a diferencia de otros países, como Uruguay, que prefirió un sistema mixto, con una parte de los descuentos salariales para un fondo estatal de reparto y otro a una cuenta individual.
Tal vez también porque, a diferencia de Chile, que "inventó" el sistema en los años 1980, no volcó la masa de aportes al financiamiento de planes de vivienda y a obras de infraestructura, lo cual hacía más fácil de justificar políticamente el esquema privado.
O, probablemente, porque los mismos creadores del sistema, empezando por Domingo Cavallo, no pudieron resistir una de las tentaciones más antiguas de los gobiernos argentinos y, llegado el momento de la emergencia fiscal, distorsionaron el sistema original por la vía de alterar las tasas de contribución y obligar a las AFJP a comprar títulos estatales con altísima probabilidad de default.
En consecuencia, no es de extrañar que nadie haya llorado mucho cuando, en 2008, Cristina Fernández de Kirchner anunció la reestatización del régimen jubilatorio.
Desde entonces, el costo del sistema en términos de PIB se incrementó en cuatro puntos en los ocho años de la gestión de Cristina, gracias a las moratorias que facilitaron el acceso a quienes no contaban con los años suficientes de aportes.
Lo que viene
¿Cómo será el nuevo sistema? El gobierno no dio pistas, aunque sí dejó deslizar en el proyecto de ley que, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, funcionará un nuevo Consejo de Sustentabilidad Previsional.
La función del nuevo organismo será proponer "un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable", que debe estar listo y operativo en tres años. Por supuesto, la palabra clave es "sustentable".
Por lo pronto, hay medidas propuestas que van en el sentido de morigerar el incremento del gasto del sistema previsional ocurrido en los últimos años.
Por caso, la suba, de 60 años a 65 en la edad de retiro para las mujeres que no tengan la cantidad de años de aporte suficientes. Hasta ahora, el trámite podía iniciarse a los 60 y tras saldar una deuda de aportes atrasados, se accedía a un pago que no podía ser menor a la jubilación mínima.
Los críticos del proyecto afirman que, en aras de beneficiar a una minoría de jubilados con mayores niveles de aportes, se escatimarán recursos para el resto. Según esa visión, habría un sistema con jubilados "de primera y de segunda".
Es de prever un debate caliente, en el cual estén sobre la mesa el concepto de solidaridad hacia los trabajadores precarizados, en contraposición al de la justicia de garantizar mayor cobro para quienes hicieron mayores aportes y a la necesidad de incentivar a los actuales trabajadores para que no evadan los pagos al sistema.
Será allí cuando el gobierno deberá exhibir su "muñeca" política para diseñar un sistema mixto que incorpore cuentas de capitalización individual, sin que ello aparezca ante la opinión pública como un retorno a la reforma de los años 1990.
En el fondo, como siempre, estará la duda sobre la viabilidad del sistema dadas las condiciones demográficas del país –en el cual sigue bajando la tasa de trabajadores activos sobre los pasivos– y, sobre todo, las dificultades para generar empleo genuino en el sector privado. Pero, sobre todo, está el mientras tanto. Es casi inexorable que el 13% del PIB que en breve costará el sistema deba ser parcialmente financiado con endeudamiento externo, y también en parte con licuación inflacionaria.Una fórmula que, por cierto, no es nueva, y que nunca tuvo un final feliz.
