Obligan a privados que ganen licitaciones a contratar presos liberados

Rendición establece que 5% de personal para nueva obra y servicio público deberá tener entre sus filas a exreclusos
El artículo 29 del proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió anoche a la Asamblea General del Parlamento establece la obligatoriedad para que privados que ganen licitaciones de obras y servicios públicos incluyan en su plantilla de trabajo un mínimo de 5% de presos recién liberados. Establece que esas personas deberán estar afectadas a tareas de peones, medio oficial, oficial o similares, y será válido para los que formen parte de la bolsa de trabajo de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, un organismo que depende del Ministerio del Interior.

Además, las empresas que contraten más presos liberados en sus obras o servicios de licitaciones públicas serán premiadas con "bonificaciones".

El mismo artículo propuesto al Parlamento por el gobierno asegura que se promoverán acuerdos con las intendencias municipales para que ese sistema se replique en cada gobierno departamental.
Según dijo este mes el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de las 10.100 personas que están privadas de libertad en la actualidad, 3.511 trabajan y 2.000 estudian.

Fundación y pasantías

El articulado de la Rendición también establece un sistema de pasantías productivas "como mecanismo de reinserción social de las personas que estuvieron privadas de libertad". Para eso, el artículo 30 del proyecto crea una fundación, que será administrada por dicho organismo ministerial que atiende a los liberados, para gestionar ese sistema de pasantías.

La fundación seleccionará a empresas públicas y privadas que participarán en el plan. "La actividad que desarrolle cada beneficiario en la institución respectiva será considerada de naturaleza social y rehabilitadora, no laboral y no será computada a los efectos jubilatorios", dice el proyecto.

"Hay muchos casos de presos que salen, encuentran trabajo y cuando el empleado se entera que estuvo en prisión, lo echa". Álvaro Garcé, excomisionado parlamentario para el sistema carcelario

El texto propone que los presos que realicen esas pasantías perciban un monto mensual correspondiente a un salario míninimo nacional ($ 11.150).

En 2013, en una entrevista con El País, el entonces comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, habló de las dificultades que tienen los presos para conseguir y mantener un trabajo luego que recuperan la libertad.

"Hay muchos casos de presos que salen, encuentran trabajo y cuando el empleador se entera que estuvo en prisión lo echa. Aquellos que quieren reinsertarse en la vida social comúnmente cuentan con el apoyo de su familia y/o de comunidades religiosas. Y el otro punto importante es el autoempleo, y el trabajo de las chacras es en esto muy importante, porque ellos terminan muchas veces haciendo las tareas que hacían en prisión. Si no, el obtener puestos de trabajo es prácticamente imposible", comentó.

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