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Oficialismo pone condiciones para postergar el nuevo código del proceso
A 50 días de la fecha indicada para que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) se ponga en marcha, todavía no queda claro si efectivamente será el 16 de julio cuando comience a funcionar. A pesar de que la mayoría de los actores del sistema penal se muestra a favor de su implementación en esa fecha, las modificaciones presentados por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, -que incluye la modificación de 8 leyes- serán analizadas la próxima semana por parte de la comisión de Constitución y Códigos del Senado para decidir si es necesario postergar la puesta en práctica.
Uno de los puntos cuestionados por el fiscal de Corte es la diferencia que el CPP tal cual fue votado deja planteado para el sistema penal adolescente y de adultos. "Tal como está hoy la legislación deberíamos empezar con un proceso acusatorio para adultos y otro inquisitivo para adolescentes, lo cual es absolutamente incoherente", dijo Díaz a principios de mayo. El jerarca remitió un proyecto de ley con las modificaciones al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que lo envió al Parlamento.
Frente a este planteo, los partidos políticos deberán identificar cuáles son los cambios "imprescindibles" de los presentados por Díaz, y definir si su aprobación obliga a cambiar la fecha de aplicación del código. "Los principales temas son los cambios a la libertad condicional y el código del menor", dijo a El Observador el senador del Frente Amplio, Rafael Michelini (Nuevo Espacio).
La idea del partido de gobierno es que el nuevo código comience a regir en julio y sólo aceptará una postergación si es la última, si se aplica este año y si se acuerda con el apoyo de todos los partidos. "Acá no hay una cuestión partidaria detrás del código", agregó el senador. Además de identificar los cambios imprescindibles, también se evaluará cuáles de las modificaciones propuestas son descartables.
La idea del partido de gobierno es que el nuevo código comience a regir en julio y sólo aceptará una postergación si es la última, si se aplica este año y si se acuerda con el apoyo de todos los partidos.
Los partidos acordaron este martes en comisión tomar una decisión final sobre la postergación o no del código. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a El Observador que excepto que haya una "razón de peso" operativa, no tiene sentido seguir postergando. "Es una cuestión de credibilidad. Ya hubo muchas modificaciones en la fecha", apuntó.
Los fiscales penales, que con el nuevo código serán quienes lleven adelante la investigación, también mostraron su preocupación respecto a la implementación en julio ya que entienden que no tienen la suficiente información para aplicar los cambios.
"Entendemos que un cambio tan profundo como el que se avecina, debe permitir despejar lo antes posible un sinnúmero de dudas", dice una carta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay enviada a Díaz. Entienden que la información recibida hasta ahora no es "significativa para adaptarse a los cambios".
Sin embargo, desde el Poder Judicial discreparon con la propuesta del fiscal de Corte ya que consideran que están dadas las condiciones para que la nueva norma empiece a funcionar el 16 de julio e ir acomodando sobre la marcha. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, aseguró que una vez que esté en curso habrá que hacerle algunas modificaciones.
"Hay siete u ocho artículos de la normativa actual que es indispensable que se modifiquen", afirmó y mencionó la derogación de la libertad condicional y de la suspensión condicional de la pena pues "no se adecuan al proceso acusatorio".
Tanto el Colegio de Abogados como los defensores de oficio, se mostraron alineados con la postura de la Suprema Corte. "Toda implementacion genera inconvenientes que hay que ir superando", dijo a El Observador, Germán Aller, presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados.
Para Aller, volver a postergar la implementación sería "perder credibilidad" y argumentó que es necesaria la puesta en práctica para no seguir usando "un código propio de la dictadura".
En el mismo sentido se expresó la presidente de la Asociación de Defensor de Oficio del Uruguay, Adriana Berezán, y apuntó que "nadie se puede mostrar soprendido" porque desde julio de 2014 todos los actores del sistema penal saben que en 2017 se aplicaba el nuevo código. "Primero la fecha fue febrero y luego julio. Todos lo sabíamos", aseguró.
